La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el acuerdo del Consejo de Gobierno que rechazó abrir un expediente al anterior presidente de la Junta, Manuel Chaves, por no inhibirse en la aprobación del incentivo a la empresa Matsa, en la que trabajaba su hija, ha distribuido munición entre las filas del Partido Popular, que ha vuelto a enmarcar en su punto de mira al vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial. Desde diversos frentes, el PP activó sus baterías contra el ex presidente del Gobierno andaluz.

Lo hicieron a nivel nacional la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y la portavoz en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría. La primera dijo en Toledo que el presidente del Gobierno autonómico, José Antonio Griñán, "tiene la obligación de expedientar y sancionar" a su antecesor. De Cospedal censuró la decisión de Griñán por haber intentado "dar carpetazo al asunto" y exigió al jefe del Ejecutivo andaluz a tratar a Chaves "como un ciudadano más" porque "no es de recibo" haber otorgado subvenciones "multimillonarias" a una empresa de la que la hija de Chaves era la apoderada. Por su parte, Sáenz de Santamaría anunció que el PP reclamará al propio vicepresidente tercero del Gobierno que dé explicaciones en el Congreso por su conducta y por las "reiteradas mentiras" que, a su entender, ha vertido sobre el caso Matsa.

"Ha mentido a la opinión pública y en el Parlamento, miércoles tras miércoles, negando una evidencia, que concedió una subvención a la empresa en la que trabaja su hija", enfatizó Sáenz de Santamaría. En cuanto a Griñán, lo acusó de "tapar lo que es intapable".

Mientras tanto, desde el PP andaluz, su vicesecretario general y diputado por Sevilla en el Congreso, Ricardo Tarno, insistió en que la Junta debe incoar a Chaves el expediente que ordena la sentencia del TSJA. "Debería ejecutar esta decisión y evitar poner en el compromiso a Rodríguez Zapatero de tener que inhabilitar a Chaves", a pesar de que "en cualquier país democrático abandonaría voluntariamente su cargo".

Tarno criticó al Gobierno que preside Griñán de "no aplicar sus propias leyes" y de "no dar ejemplo" a los ciudadanos. "Antes -recalcó el dirigente popular- prefiere vulnerar la objetividad para salvar al ex presidente de la Junta".

El PP-A volverá a plantear en el Parlamento andaluz una comisión de investigación del caso Matsa a través de una proposición no de ley que también recogerá el acatamiento por parte del Ejecutivo de la sentencia de TSJA.