Caso de los ere

Alaya envía a prisión a siete de los 22 imputados

  • La instructora pasó las últimas 24 horas en el Juzgado número 6 de Sevilla tomando declaraciones y redactando los autos sobre la situación personal de los detenidos

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La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo vinculado a los fondos públicos, ha enviado a prisión a siete de los 22 detenidos en la operación contra las sobrecomisiones ilegales vinculadas con los ERE, que ha destapado el desvío de más de 50 millones de fondos públicos y que se ha saldado con 31 personas imputadas y 13 registros practicados. La cifra puede aumentar dado que mañana tiene previsto tomarle declaración a dos últimos imputados en esta fase de la investigación.

 

Los últimos implicados que han ido a prisión recibieron la notificación de su encarcelamiento pasadas las 15:30 de ayer. Se trata de los directivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué, esta última directora general y administradora de la empresa. 

 

En el caso de estos dos imputados, así como en el de Ismael Sierra, cuñado del "conseguidor" de los ERE, Juan Lanzas, y del testaferro de éste Eduardo Leal del Real, se ha superado el límite legal máximo previsto para mantener la detención de una persona, que es de 72 horas, por lo que algunos letrados indicaron que están estudiando recurrir la medida, si bien reconocen que la jurisprudencia discrepa sobre cuándo se agota ese plazo, si es cuando el detenido es puesto a disposición de la autoridad judicial o cuando se le notifica el auto de prisión. Si se tomara en cuenta este último aspecto, evidentemente se habría rebasado dicho plazo, puesto que las detenciones se practicaron de manera simultánea sobre las ocho de la mañana del pasado miércoles, día 20 de marzo.

 

El último en declarar ante la juez, que finalizó a las nueve de la mañana de ayer fue Eduardo Pascual, quien defendió su inocencia en su comparecencia ante Alaya. "Si usted piensa que esto es algo para coger dinero, ¿dígame dónde lo tengo yo? ¿Pregunte a los sindicatos y a estos señores de Andalucía?", se preguntó Eduardo Pascual. Este imputado añadió que hasta el 2005 el 66% del negocio de Vitalia correspondía a Andalucía y es a partir de esa fecha cuando se invierte la situación y el resto de España es el que pasa a liderar el negocio de la mediadora.

 

En la madrugada de ayer la juez también ordenó el ingreso en prisión del cuñado del conseguidor de los ERE, Ismael Sierra García, y del presunto testaferro Eduardo Leal del Real, que figura en empresas vinculadas a Juan Lanzas Fernández, aunque en estos dos últimos casos la medida de prisión es eludible si cada uno de los detenidos abona una fianza de 50.000 euros. Los abogados defensores apuntaron, sin embargo, que no saben si podrán reunir dicha cantidad. 

 

En la jornada del viernes, Alaya dejó en libertad a otros seis imputados, y mañana lunes por la tarde tiene previsto tomar declaración a otros dos imputados, el abogado Carlos Leal Bonmati, del bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís, y al administrador único de Uniter, José González Mata. 

 

La juez Alaya considera que Juan Lanzas, el principal imputado en esta fase de la investigación y al que atribuye haber cobrado presuntamente más de 13 millones en sobrecomisiones, utilizó la empresa Maginae Solutions de su cuñado, Ismael Sierra, como parte del entramado societario utilizado en el cobro de las sobrecomisiones vinculadas a las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía y también habría sido utilizada esta sociedad para pagar los viajes a Shanghai y Egipto con los que supuestamente el conseguidor de los ERE "premió" la colaboración del que fuera director general de Trabajo durante nueve años Francisco Javier Guerrero Benítez.

 

Un informe de la Guardia Civil previo a la declaración del secreto de las actuaciones, que se acordó en noviembre de 2012 -cuando la juez Alaya aún estaba de baja por enfermedad- recogía un listado de movimientos bancarios y cheques por importe de más de 1,5 millones que habría recibido Eduardo Leal del Real, que figura como administrador único de las empresas Atrado Mensajería y Estudios Agenciales, y otros 362.500 euros en el caso de Distripack Transporte Urgente, sociedad en la que Eduardo Leal figura como administrador solidario junto a Juan Francisco Algarín, también supuesto testaferro y que está en prisión desde enero pasado.

 

A lo largo de la jornada del viernes, la instructora dejó en libertad con cargos a María José Marcos Férriz, esposa del ex director de Vitalia; a José González Torrente, hijo del administrador único de Uniter; a Roses Masa Dalmau, administradora de Fortia; a Gregorio Martínez Piñero, amigo del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y que fue durante un tiempo comercial de Vitalia; a Patrocino Sierra García, esposa de Juan Lanzas; y al ex chófer de Guerrero Juan Francisco Trujillo.

 

Todas estas actuaciones judiciales se han desarrollado en unas intensas 24 horas ininterrumpidas por parte de la juez Alaya, que llegó el viernes poco antes de las cuatro de la tarde a los juzgados -la noche anterior, el jueves, habían finalizado las declaraciones a las siete de la mañana- y que tras pasar toda la noche en su despacho por segunda vez, abandonó la sede judicial sobre las cuatro de la tarde.

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