La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE, ha enviado esta madrugada a prisión al ex director de Vitalia Antonio José Albarracín y al supuesto conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas Fernández, en relación con la operación abierta por el cobro de más de 50 millones en sobrecomisiones vinculadas a las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía. Después de prolongar las declaraciones hasta las últimas horas de ayer, la magistrada ha comunicado a los imputados el auto de prisión sobre las 06:50.

La magistrada decidió, por el contrario, dejar en libertad al ex subdirector de Mercasevilla Daniel Ponce Verdugo, una vez que este imputado se acogió a su derecho constitucional a no declarar, aunque la juez le ha retirado el DNI y el pasaporte para que no pueda abandonar el país. La Fiscalía Anticorrupción no solicitó la medida de prisión provisional para Ponce, contra el que únicamente pesan las declaraciones incriminatorias del presunto testaferro Juan Francisco Algarín, quien dijo que el ex alto cargo del Mercado le habría entregado dinero en sobres que trasladó entre la sede de esta empresa hasta una cafetería próxima a la delegación provincial de la Consejería de Empleo.

Albarracín y Lanzas se convierten en los dos nuevos imputados en esta fase de la investigación que permanece secreta que son encarcelados, después de que el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero corriera la misma suerte en la tarde del pasado miércoles. La juez envió a la cárcel de Sevilla-I a Juan Lanzas, mientras que Albarracín fue enviado a la prisión de Sevilla-II, en Morón de la Frontera.

Antonio José Albarracín, que trabajó en Vitalia entre 1995 y 2011, prestó declaración en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por espacio de unas siete horas y, al término de la declaración, la Fiscalía Anticorrupción solicitó su ingreso en prisión por el notable incremento que ha experimentado el patrimonio de este imputado en los últimos años.

La juez Alaya le atribuye precisamente a Albarracín y su esposa haber percibido presuntamente unos 3,7 millones de euros en comisiones derivadas de las pólizas financiadas con fondos públicos. La instructora cree que el matrimonio pudo lucrarse con las “elevadas sobrecomisiones” que esta mediadora recibió por su participación en los distintos procesos de reestructuración de empresas en crisis y prejubilaciones financiadas por la Junta, hasta el punto de que una parte de ese dinero pasó a Albarracín y su cónyuge a través de la empresa Permar 21, de la que ambos son administradores solidarios y que, como detalle significativo, “carece de empleados”.

La juez cree que Albarracín realizó entregas a varios destinatarios en Sevilla, entre los que figura el propio ex director general de Trabajo Javier Guerrero, “con dinero previamente transferido desde Barcelona” por parte de la responsable de contabilidad del holding Vitalia, de ahí que buena parte de las 22 detenciones practicadas en la operación, en concreto nueve, se hallan llevado a cabo en la ciudad condal.

De la misma forma, según la instructora, Albarracín habría recibido a su vez “grandes cantidades de dinero” en efectivo presuntamente de Guerrero, a través de su chófer, Juan Francisco Trujillo, y de Juan Lanzas, a través del “hombre de paja” Juan Francisco Algarín Lamela, algo que se desprende del análisis de las cuentas bancarias de Albarracín, en las que se observan ingresos en efectivo por valor de más de 260.000 euros.

La juez ve indicios de que Albarracín y su mujer han adquirido bienes y servicios con el dinero de Permar 21 y declarando gastos que “nada tendrían que ver con la actividad de la empresa”, sino más bien con gastos personales del matrimonio derivados del “elevado nivel de vida que parecen mantener”.

En el caso de Juan Lanzas, la juez cree que pudo recibir comisiones por importe de 5,8 millones de euros, de las cuales 2,8 millones permanecerían aún “ocultas”, mientras que otros tres millones procederían de comisiones por cinco ERE realizadas en empresas del grupo Nueva Rumasa.