Tres funcionarios del Ayuntamiento de Algeciras, dos de ellos vinculados a la entidad local durante la construcción del aparcamiento Escalinata, descargaron ayer de responsabilidad al arquitecto municipal Arsenio Pacios sobre la tarea de fiscalizar las obras que se le encomendó a través del contrato de construcción del estacionamiento. Se trata de la conclusión más destacada de la segunda jornada de la vista oral de la causa penal que se celebra estos días por el proyecto del estacionamiento, la correspondiente a la declaración de los testigos.

En el procedimiento se juzga a Arsenio Pacios por un supuesto delito de prevaricación continuada y falsedad documental por sus acciones durante la construcción del aparcamiento y la gestión de los daños provocados por éste al edificio Escalinata. También se sientan en el banquillo, en este caso acusados de prevaricación, los ex alcaldes socialistas Tomás Herrera y Juan Antonio Palacios, así como el ex concejal andalucista José Luis Ortega.

Un ingeniero de caminos sostiene que el edificio Escalinata sufrió daños graves por las obras

El Ministerio Fiscal sostiene que Pacios tenía asignada la labor de controlar periódicamente la construcción del aparcamiento porque así consta en el contrato del proyecto y que, sin embargo, obvió estas funciones al no entregar informes mensuales y aportar escritos con información falsa. Pacios defendió en su interrogatorio que no se le notificó en modo alguno que tuviera esas atribuciones de supervisión de las obras.

La ex secretaria municipal del Ayuntamiento, Ana Núñez, el actual secretario, José Luis López, así como una técnico de la Gerencia de Urbanismo, Olga Muñoz, coincidieron ante el juez en que a Pacios se le debió notificar de manera fehaciente la atribución de dichas funciones. E incluso darle la posibilidad de declinar el encargo y presentar alegaciones, según el actual secretario.

La técnico de Urbanismo agregó que todo el proyecto del aparcamiento fue gestado desde la Gerencia Municipal como órgano independiente y no por la concejalía que titulaba a principios de la década pasada José Luis Ortega.

El interventor municipal, Antonio Corrales, propuesto como testigo por la defensa de Juan Antonio Palacios, aseguró durante su testimonio que los pagos a la comunidad de vecinos del Ayuntamiento entre 2006 y 2010 tenían respaldo en pronunciamientos judiciales para la salida de dinero de las arcas municipales con el que se compensó a los vecinos en lugar de por parte de Nautagest, constructora del aparcamiento.

También compareció en el tribunal Manuel Pablo García Villanueva, a propuesta del Ministerio Fiscal como testigo y a su vez como prueba pericial. García Villanueva, ingeniero de caminos, elaboró un informe sobre los daños del edificio Escalinata. Según su evaluación, el inmueble presentaba daños evidentes con la rotura de pilares. A efectos prácticos, sostuvo, el inmueble está deformado aunque estable y en ruina por la gravedad de los daños -aunque sin riesgo de colapso- por lo que no sería aconsejable habitarlo. El experto valoró que un recalce del inmueble no sería suficiente para corregir los defectos.