El principal investigado por el caso de venta de puestos de trabajo en la estiba algecireña ha quedado en libertad tras el pago de una fianza de 100.000 euros. La Audiencia Provincial ha fijado esta cantidad después de que Ángel Fernández presentase un recurso contra la prisión provisional fijada por el juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras.

Fernández fue detenido el pasado mes de diciembre tras meses de investigación por parte de la Policía Nacional, incluyendo pinchazos telefónicos. De algunas de las conversaciones interceptadas por los agentes se desprendía que el joven empresario prometía a sus interlocutores su colocación como estibadores pese a carecer aparentemente de vínculos conocidos con ese mundo. Las promesas se hicieron a raíz de la liberalización del sector que a mediados de este año permitió la incorporación de 460 personas en la bolsa de trabajo eventual del Puerto de Algeciras.

Pasado el tiempo y a la vista de que la bolsa de empleo se había cerrado, aumentaba el nerviosismo entre quienes presuntamente habían adelantado una comisión a Fernández Cortés. Una parte de ellos logró, efectivamente, colocarse en la estiba, pero entre quienes no lo consiguieron fueron muchos quienes le exigieron la devolución del dinero entregado. Y no siempre de buenas maneras.

El detenido pudo devolver gran parte de lo recaudado, pero otra cantidad se habría esfumado en pagos a las personas que teóricamente iban a facilitar la entrada en la estiba a los teóricos candidatos. En una de las grabaciones, el detenido asegura a uno de sus muchos interlocutores que en el caso de que este no pudiera entrar a trabajar como estibador, su padre (el teniente de alcalde Luis Ángel Fernández) le colocaría en la empresa municipal de limpieza, Algesa.

Ante estas declaraciones, cuatro trabajadores de Algesa, tres de ellos integrantes del comité de empresa y miembros de la plataforma Paladina, solicitaron su personación como parte interesada en las diligencias abiertas. Aseguraban tener "pruebas de enchufismo en Algesa", que demostrarían que las promesas de Fernández se habían hecho realidad. 

“El objetivo principal de esta petición es hacer llegar a los jueces determinados documentos que se han ido recabando, entre ellos la transcripción de las famosas conversaciones de una directiva de Algesa con varios ediles del Partido Popular de Algeciras”, aseguraron en un comunicado.

La juez del número 1 ha rechazado esa petición. Según explica la titular del número 1, los trabajadores solo podrían sentirse perjudicados por un delito contra el honor, que daría lugar a una querella. Pero el juzgado está exento de la instrucción de querellas por la carga de trabajo que supone el control de los centros de internamiento de extranjeros de Algeciras y Tarifa, por lo que deniega la personación y deja al criterio de los trabajadores presentar esa querella para que se reparta a uno de los tres juzgados de instrucción restantes.