La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha defendido este miércoles que la nueva depuradora de Tarifa cumple con todos los parámetros de calidad en su funcionamiento y, por tanto, ha presentado alegaciones contra la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condena a España a una multa millonaria por deficiencias en la depuración de aguas en 17 núcleos urbanos, entre los que se encuentra Tarifa.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, avanzó el martes que el Gobierno prevé repercutir entre las administraciones públicas incumplidoras parte de la sanción (una multa coercitiva de 10,9 millones de euros al semestre y 12 millones de euros por incumplimiento de la normativa comunitaria) y dijo entonces que la depuradora de Tarifa, aunque es nueva, no ha logrado los niveles de calidad en la depuración de las aguas requeridos por la directiva europea.

Medio Ambiente ha precisado que la UE ha considerado las mediciones de la depuradora de Tarifa respecto de todo el término municipal y no solo sobre el núcleo urbano al que se circunscribe. La depuradora, insiste la Junta, cumple sobradamente con las estipulaciones sobre la calidad del agua incluso desde antes de su inauguración oficial (en junio de 2018). “La instalación no solo supera en su tarea la depuración de los residuos que genera la población urbana de Tarifa, sino que dispone de una capacidad hasta para 30.000 habitantes. Además, ha cumplido los parámetros de calidad en todas sus analíticas desde su inauguración e incluso ya era así cuando estaba en periodo de pruebas. Cabe apuntar que la carga más elevada de aguas que recibe es tratada en periodo veraniego y vacacional porque es cuando hay mayor población estacional en la localidad. Incluso en esos meses del año ha cumplido sin problema alguno todos los parámetros del los análisis realizados por el laboratorio acreditado”, ha replicado la Junta.

Para la administración regional, la UE ha englobado a la hora de emitir su sentencia la situación de los diseminados como Atlanterra, Facinas o Bolonia. Los dos primeros ya tienen soluciones de tratamiento de aguas y para el tercero está en marcha aunque no están “conectados” con la depuradora urbana. Por tanto, según la Junta, es necesario disociar estas zonas de la abarcada por la depuradora urbana y confía en que sus alegaciones prosperen.

“La sanción de la UE tiene su origen en que dicha depuradora no estaba terminada aún en 2013, una situación antigua y anterior a la actual que ya ha sido subsanada y corregida. En su labor sancionadora, la UE tuvo dudas de la capacidad de diseño de la depuradora, pero desde la Junta de Andalucía ya se ha reportado la información para que se extraiga del procedimiento y Tarifa no figure en este apartado”, ha apuntado la administración regional.

El delegado territorial de Medio Ambiente en Cádiz, Ángel Acuña, ha insistido en el cumplimiento “total y absoluto” de la depuradora de Tarifa. “La Junta ha hecho las alegaciones pertinentes que esperamos que se tengan en cuenta. Hemos aportado analíticas que cumplen perfectamente con lo requerido por la Unión Europea. Posteriormente han pedido que se entregue documentación referida a los periodos de máxima afluencia y carga de trabajo que también se han remitido. Además, nos han pedido desde la UE que expliquemos a qué aglomeración atiende la depuradora, lo que igualmente se ha hecho. Los 13.000 habitantes de Tarifa están sobradamente atendidos. Esperamos que se saque a la depuradora de Tarifa de ese expediente sancionador cuyo origen está en el año 2013”, ha detallado Acuña.