La empresa perdedora del concurso de la mina denunció a funcionarios de la Junta, al ex secretario general y a dos funcionario de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

La magistrada reabrió la causa dos veces y ha forzado el procesamiento de 16 personas, en su mayor parte funcionarios y técnicos, por cuatro delitos que no ven ni la instructora ni la Fiscalía.

Aprecia ahora delitos de tráfico de influencias, fraude y malversación tras las resoluciones dictadas por la magistrada de la Audiencia Mercedes Alaya. Dice que los empresarios de Magtel tenían "influencia" sobre el secretario general de la Consejería, lo que propició un "influjo psíquico e inducción en cadena" que determinó la adjudicación.

Cinco organizaciones (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) reclaman a las administraciones contundencia para recuperar los 133,6 millones que debe a la Junta y al Estado. Sobre la reapertura de la mina, piden que se paralicen cautelarmente todas las tramitaciones administrativas en curso.

El alcalde afirma que, con una de las mayores tasas de paro de Andalucía, es "víctima de la lentitud de la Justicia" y "no aguanta más". Exige que el dinero que se recupere de la multinacional sueca revierta en el municipio y se agilicen permisos y trámites para la nueva adjudicataria.

La limpieza costó 89 millones de euros y todavía no se ha celebrado el juicio. La empresa sueca exige que en esta negociación entren los 43,7 millones que debe abonar el Estado. El Gobierno central se niega a hablar de una cantidad que ya está reconocida por sentencia firme.

La organización ecologista WWF denuncia que el río Guadiamar, el más importante históricamente para Doñana, aún no aporta caudales de agua dulce a este espacio natural, pese al compromiso de las administraciones.

El proyecto ha sido declarado de Interés Público Superior (IPS) por la Junta de Andalucía. La nueva mina tendrá una duración inicial de dos décadas, con una inversión de 300 millones y la creación estimada de 2.000 empleos.

Advierte que "la necesidad ineludible de resolver sobre la continuación del procedimiento viene dada por las resoluciones de la Audiencia" dictadas en este caso.

La empresa perdedora del concurso incluye seis delitos que la instructora excluyó y amplía los cargos a 16 acusados. Llega a pedir hasta 16 años de cárcel y multa de dos millones para los procesados.