Veinte años después del accidente de la mina siguen pendientes importantes objetivos de limpieza. La rotura de una enorme balsa de lodos tóxicos contaminó gravemente el río Guadiamar y se quedó al límite de Doñana.

El atestado concluye que Magtel aportó la financiación necesaria para el concurso público.

Atiende una denuncia de Minorbis, la empresa que ganó el concurso y que puso en conocimiento de la instructora que la Guardia Civil estaba tomando declaraciones a testigos "a espaldas" de las defensas.

La empresa considera que se está produciendo "un goteo de patentes y descaradas infracciones legales". La Junta dice que el concurso se ajustó a derecho y critica "intentos" para que la mina no funcione.

Sánchez Maldonado asegura que en la mina "se siguen realizando los trabajos previos y de investigación con normalidad".

La juez de la Audiencia reprocha a las defensas que hayan realizado una "falaz manipulación" de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las funciones de revisión que corresponden a una Sala de la Audiencia.

La instructora adopta esta decisión por "prudencia" y esperará a la resolución del recurso de apelación ante la Audiencia presentado por la viceconsejera de Empleo.

Pide la suspensión del volcado de los datos porque considera que se extralimita de la labor encomendada a los agentes y supone una "clara, evidente y flagrante actitud prospectiva".

El Ministerio Público considera que la medida "no es ni indiscriminada ni innecesaria, ni supone el inicio de una investigación prospectiva".