Escribo esta columna desde Melilla, donde presentamos el informe La consolidación europea de Ceuta, Melilla y los otros territorios españoles en el norte de África, elaborado por un conjunto de académicos de la UCA liderado por el catedrático Alejandro del Valle, sin duda, el mejor experto en las controversias jurídicas y políticas existentes en el estrecho de Gibraltar. Hace unos días, el Gobierno de Marruecos calificaba a las ciudades españolas del norte de África como "presidios ocupados" en un escrito dirigido al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

El escrito no tiene desperdicio para comprender el estado de las relaciones bilaterales con el vecino del sur. En él se afirma que España no tiene fronteras terrestres con Marruecos, negando la realidad de la presencia española en el norte de África con siglos de historia y además concluye que la responsabilidad del bárbaro y salvaje comportamiento de las fuerzas de seguridad marroquíes al tratar de impedir el paso de una avalancha de subsaharianos hacia Melilla era de España. La feroz e inhumana represión marroquí en el asalto a las vallas de Melilla el 24 de junio causó un número de muertos indeterminado, reconociendo Marruecos 23 migrantes fallecidos y un alto número de heridos, muchos de los cuales fueron abandonados a su suerte sin ningún tipo de tratamiento médico. Pues bien, me imagino que nuestro Gobierno estará satisfecho de los enormes logros diplomáticos que ha tenido la vergonzosa modificación de nuestra política exterior en relación con el Sáhara Occidental, abandonando nuestro compromiso con el derecho internacional, la posición de Naciones Unidas respecto un territorio pendiente de descolonización y nuestros compromisos históricos con el pueblo saharaui desde la presencia española en el territorio y parte de nuestra historia común. Nunca se ha explicado con claridad las verdaderas razones de ese giro cobarde de nuestra política exterior más allá de una cascada de lugares comunes y frases ambiguas. La realidad muestra tozudamente la existencia de un vecino incomodo, provocador, que ha sido incapaz de normalizar unas relaciones muy deterioradas y que solo parece cumplir la cláusula de externalización del control de nuestra frontera exterior en África (que seguro estaba incluida entre las razones verdaderas del giro en nuestra política exterior). Ese papel le resulta muy fácil de desempeñar, dispone de fuerzas bregadas en la represión interna con un absoluto desconocimiento de los principios básicos de respeto a los derechos humanos y además le garantiza ingentes recursos de fondos europeos que, por cierto, llenarán los bolsillos de los dirigentes cercanos al Majzén.