Llega tarde la reunión que el próximo 5 de septiembre mantendrán el Gobierno y las comunidades autónomas para tratar el acogimiento de los menores extranjeros no acompañados. Solo en Andalucía, en lo que llevamos de año, han llegado 3.700. Es una crisis en toda regla que ha prolongado hasta nuestros municipios el drama que esos chavales vivían en sus países de origen. Parias del s.XXI sin oficio, formación o estudios que, empujados a veces por sus propias familias, ven en Europa la oportunidad de salir de la miseria. El centro de menores de La Línea ha pasado por momentos en los que el número de internos ha multiplicado por diez sus 24 plazas disponibles, en tanto que el de Algeciras ha acogido a más de 50 cuando solo cuenta con disponibilidad para 16. No hablamos solo de camas, sino también de la capacidad de sus cocinas, retretes y duchas.

En julio pasado ya hubo un amago de tocar este asunto entre todas las partes implicadas, pero el desinterés de algunas autonomías por acoger a los menores y hacerse cargo de ellos aplazó la cita. Si en Andalucía el caso es grave, peor situación atraviesan en Ceuta y Melilla. En los 13 kilómetros cuadrados de esta última hay contabilizados alrededor de mil menores para solo 300 plazas, con un coste anual de 15 millones de euros. En su inmensa mayoría son marroquíes a quienes el país vecino se niega a aplicar el acuerdo de readmisión que tiene firmado con España para que vuelvan a estar bajo la tutela de sus familias, pese a que muchos están perfectamente identificados y se conoce su lugar de residencia.

Conviene detenerse en el papel que juega Marruecos, un país que arrastra sus propios problemas y que hasta ahora ha venido manejando a conveniencia y como arma de presión ante la UE la válvula de entrada y salida de los migrantes de su territorio. Hay que felicitarse por que el pasado jueves aceptase la vuelta de los 116 subsaharianos que el día anterior habían entrado con gran violencia en Ceuta, hiriendo en la valla a siete guardias civiles. Tanto España como Europa deben asegurarse de que esa decisión sea algo más que una raya en el agua y se convierta en un compromiso firme por parte del Gobierno de Marruecos para el control de sus fronteras, así como para aceptar la repatriación de los menores de su nacionalidad a sus hogares. Llevará tiempo y, sobre todo, dinero.

El Campo de Gibraltar se juega mucho en esta estratégica partida de ajedrez en la que apenas si maneja algún peón. No estaría de más que la Mancomunidad y los alcaldes pusieran voz en Madrid y Bruselas a los retos que la inmigración genera como puerta de entrada a Europa que somos.