El Poder Judicial, integrado por cada uno de los jueces y magistrados de nuestro país -4.900- es uno de los tres poderes del Estado, junto con el Ejecutivo y el Legislativo. A diferencia de estos dos últimos, no cuenta con un presupuesto propio, sino que depende en este sentido del Ejecutivo, quien a través de las diversas comunidades autónomas decide los medios que cada juzgado o tribunal precisa para que funcione de forma óptima en lo relativo a asignación de funcionarios, instalaciones, informática y otros.

Desde siempre -y lo he vivido a lo largo de mis cuarenta y dos años de ejercicio en la Judicatura- he oído decir que "la Justicia es la hermana pobre dentro de esos tres poderes" y que "interesa poco a la clase política, ya que no proporciona votos".

No debiera ser así, ya que una Justicia independiente como lo es la nuestra es garantía máxima para los ciudadanos. Si de alguna manera dependiese del Ejecutivo, esa independencia se perdería, en detrimento de los derechos de todos miembros de la comunidad.

Se tiene la idea generalizada de que la Justicia es lenta. Y es cierto, ya que contamos en España con un tercio de los jueces en comparación con países de nuestro entorno, estando a la cola de los estados de la Unión Europea y una legislación en gran parte obsoleta que ralentiza una mayor celeridad.

Expuesto lo anterior, la pregunta que cabría hacerse es si, a nivel de Andalucía, la Justicia -en cuanto a medios- se encuentra a buen nivel y si se le proporcionan los suficientes para poder administrar una justicia del siglo XXI.

Mi experiencia en otras comunidades autónomas donde estuve destinado al inicio de mi carrera Judicial -País Vasco y Canarias-, fue muy satisfactoria para mí: las consejerías o delegaciones del ramo eran las que periódicamente se ponían en contacto con el secretario del órgano judicial, a fin de conocer las necesidades y proporcionarlas. En cambio, en Andalucía nunca ha ocurrido lo mismo, ya que somos los jueces -decano o presidente de sección de Audiencia- quienes han de perder gran parte de su tiempo de administrar justicia para ponerse en contacto telefónico o haciendo escritos a la Junta para que pueda atender sus peticiones de forma reiterada, donde se contesta con la falta de medios y agotamiento del presupuesto desde los primeros meses del año.

Un ejemplo claro se encuentra en el Campo de Gibraltar y, en concreto, en Algeciras, donde se han hecho promesas innumerables de construir un lugar que albergue a todos los juzgados y la Sección de la Audiencia Provincial. Uno de esos proyectos llegó a anunciarse el inicio de obras en el año 2007 y su inauguración en 2009. Por supuesto todo sigue igual y peor aún a día de hoy, ya que ha aumentado el número de juzgados y se han ido ubicando en lugares no aptos para ello -Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en los bajos de un bloque de pisos- y el resto hacinados, a la espera de un nuevo proyecto anunciado el pasado año. Hace falta mayor inversión.

Sin sala para juzgar

Pero lo que ya raya lo intolerable es que se encuentren asuntos en la Sección de la Audiencia pendientes de señalar juicios ante la falta de capacidad de la Sala para juzgar, en varios asuntos con ingente número de personas. El último anunciado de 157 acusados con sus respectivos Letrados. En mis años de presidente de la Sección de la Audiencia realicé infinitas gestiones ante la Junta de Andalucía -algunas de ellas cumplidas- y otras, como la dotación de una Sala de Audiencia para enjuiciar este tipo de asuntos, la mayoría por delitos contra la salud pública, sin que prosperase; gestiones que me constan lo vienen haciendo en la actualidad los responsables de la Audiencia, con el mismo resultado de "promesas" en la solución. Olvidan quienes tienen la posibilidad en sus manos de solucionarlo, que se trata de una prioridad la celebración de juicios de personas que se hallan en prisión y no se lleva a cabo por falta de medios que incumbe al Ejecutivo andaluz.

Porque, ¿quién sería responsable de poder indemnizar a cualquiera de esos acusados en espera de Sala para ser juzgados, si resultan absueltos y el motivo es ese: falta de medios?

Si bien es cierto que la prisión preventiva se puede prorrogar al cumplirse los dos años hasta los cuatro, el juicio ha de celebrarse lo antes posible, porque así lo dice la ley. Y esa ausencia de Sala no debe ser el motivo para prorrogar una prisión, máxime si muchos de los acusados pueden resultar libres.

Esperemos que la buena voluntad mostrada por el presidente de la Junta de Andalucía y quien asuma la cartera de Justicia se preocupen de esta cuestiones, básicas en toda democracia.