La Junta de Andalucía, ante el riesgo de fuga por parte de los encausados por la operación Dismantle, ha planteado una solución para poder celebrar, en algún punto del Campo de Gibraltar aún por determinar, el macrojuicio al clan de los Castaña antes del próximo mes de septiembre, justo antes de que se cumplan los dos años de prisión preventiva, límite máximo fijado por la ley para que los acusados permanezcan en prisión provisional. 

La falta de un espacio lo suficientemente amplio como para acoger la vista oral supone un obstáculo para el funcionamiento ágil de la justicia, amenazando con frustrar el juicio a la mayor red de narcotráfico del Estrecho. Sin embargo, según ha asegurado a Europa Sur el delegado Territorial en Cádiz de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Miguel Rodríguez, desde la Junta se está trabajando para habilitar un emplazamiento adecuado en la comarca. La habilitación de este lugar alternativo se trataría de una medida excepcional para evitar la puesta en libertad masiva de los acusados una vez se cumpla el plazo máximo de prisión preventiva. 

Otra posible solución consistiría en solicitar una prórroga de la prisión provisional -en total, podrían alcanzarse hasta los cuatro años en esa situación-, no obstante, sería una medida excepcional que conllevaría, en cualquier caso, una reducción de las posibles condenas por las dilaciones indebidas en el proceso.

El clan de los Castaña, dirigido por Antonio Tejón, fue considerado hasta su desarticulación hace dos años como la organización criminal más importante de las dedicadas al tráfico de drogas, hecho que se manifiesta en el escrito de la acusación elevado al juzgado por la Fiscalía Antidroga de Algeciras donde figuran 157 acusados. La Fiscalía perfiló la acusación -con un total de 2.000 años de cárcel y casi 16.000 millones de euros en multas para los acusados- y el titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Algeciras dictó el auto de procedimiento abreviado en un tiempo récord para permitir cuanto antes la apertura de juicio oral en la Audiencia de Cádiz.

Tejón permanece en prisión provisional desde el 14 de septiembre de 2020. Pese a carecer de trabajo, las investigaciones le atribuyen un patrimonio próximo a 30 millones de euros en compañía de su hermano Francisco, cuyo nombre no aparece entre los investigados en la Operación Dismantle.