Narcotráfico | Operación Dismantle

Las últimas diligencias contra los Castañas se cierran: 156 investigados y casi 11 toneladas de hachís incautadas

  • El juez y la Guardia Civil sitúan a Antonio Tejón Carrasco como máximo responsable de una estructura criminal que operaba en varias provincias

  • El clan disponía de armas, amplios medios tecnológicos, lanchas, numerosos vehículos y drones

Operación Dismantle de la Guardia Civil

En prisión provisional desde el 17 de septiembre de 2020, Antonio Tejón Carrasco, tiene ante sí un negro panorama judicial jalonado con diversos procedimientos en su contra como supuesto líder de uno de los más importantes clanes de la droga del Campo de Gibraltar. El último de esos procesos ha llegado a un momento clave después de que el Juzgado de Instrucción n.º 5 de Algeciras haya declarado practicadas provisionalmente todas las diligencias necesarias y acordado su transformación en procedimiento ordinario, equivalente al auto de procesamiento, a la espera del pronunciamiento de las partes. Con 156 personas investigadas, diez de las cuales se encuentran en situación de rebeldía, se trata posiblemente del mayor de los casos abiertos en contra de los Castaña y de los clanes de la droga del Estrecho.

Estas actuaciones judiciales son consecuencia del desarrollo de la Operación Dismantle (desmantelar, en español) llevada a cabo por la Guardia Civil entre el 24 de febrero y el 15 de septiembre de 2020, bajo la dirección del titular del citado juzgado, Jerónimo García, y la cooperación de la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar.

El auto por el que el juez cierra las diligencias y al que ha tenido acceso Europa Sur ofrece un detallado relato de los pasos dados durante el citado periodo por 400 agentes de la Guardia Civil adscritos al Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON) Sur y al Centro de Concentración Contra el Narcotráfico (CCON) Sur, además de a las comandancias de Algeciras, Málaga, Cádiz, Huelva, Sevilla y Ciudad Real, junto al Servicio Aéreo y el Servicio Marítimo de la Benemérita.

La investigación apunta a la comisión de delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal con la introducción, “para su posterior distribución y tráfico ilícito, de un total de 10.844,9 kilogramos de hachís" en España

Aunque en su auto de imputación evita pronunciarse sobre los delitos cometidos por cada uno de los miembros de la trama, a la espera del pronunciamiento de las partes, el juez apunta que las diligencias se incoaron a partir de un atestado del OCON Sur en el que se apuntaba la existencia de una extensa trama que presuntamente estaba cometiendo delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. En su haber, la introducción, “para su posterior distribución y tráfico ilícito, de un total de 10.844,9 kilogramos de hachís, sirviéndose para ello de embarcaciones de gran potencia”, cinco de ellas lanchas planeadoras prohibidas desde 2018, “que habrían adquirido previamente a sabiendas de su ilicitud”.

“Los investigados, para ello, habrían constituido una estructura criminal en el Campo de Gibraltar, compuesta por un elevado número de personas (156), estable en el tiempo, en concreto para la comisión plural de delitos en el período comprendido, al menos, entre el 24 de febrero y el 15 de septiembre de 2020, disponiendo de armas e instrumentos peligrosos, así como de medios tecnológicos avanzados de comunicación y transporte, con distribución de funciones que se extenderían desde la dirección de la estructura, hasta la descarga de la sustancia de las embarcaciones e introducción en los vehículos, los conductores de los mismos, patrones y tripulación de las embarcaciones, encargados de la seguridad y vigilancia de la sustancia, y encargados de abastecimiento y combustible, entre otras”, apunta el juez en su auto.

“La presente estructura se encuentra sometida a una disciplina jerárquica a la que todos sus miembros están subordinados a aquellos objetivos que se sitúan en la cúpula de la misma”, relata el juez Jerónimo García, que atribuye a Tejón el liderazgo de la trama y la responsabilidad “de mantener contacto con integrantes de las estructuras criminales, de origen marroquí, productoras del hachís”. “Como líder de la estructura se sitúa Antonio Tejón Carrasco”, apunta al respecto el auto, “quien toma las decisiones de especial relevancia para la comisión de los plurales delitos, asumiendo el resto de integrantes investigados el papel que aquél les asigna en cada momento para el desarrollo de funciones”.

“Se constata que Antonio Tejón lleva un muy alto nivel de vida, usando varios teléfonos móviles para comunicarse, pernocta en diversos domicilios de muy elevado coste, sitos en Marbella y Sotogrande principalmente, se sirve reiteradamente de vehículos de alquiler, y no realiza ningún trabajo remunerado que justifique su importante capacidad económica”

“Las reuniones de Antonio Tejón Carrasco con sus personas de estrecha confianza o lugartenientes, y de estos con sus subordinados, desencadena la ejecución de las diversas y plurales actividades delictivas realizadas por la estructura, guardando una estrechísima conexión espacio temporal con muchos de los alijos realizados y frustrados” por la Guardia Civil, señala el auto para establecer una relación causa-efecto.

La descripción del jefe de los Castaña es reveladora: “Se constata que el mismo lleva un muy alto nivel de vida, usando varios teléfonos móviles para comunicarse, pernocta en diversos domicilios de muy elevado coste, sitos en Marbella y Sotogrande principalmente, se sirve reiteradamente de vehículos de alquiler, y no realiza ningún trabajo remunerado que justifique su importante capacidad económica”.

Los cinco lugartenientes

Antonio Tejón se sirve, como personas de su estrecha confianza o lugartenientes, de Alejandro C. J., Ángelo O. A., José Antonio C. F., Sergio A. M. y Óscar R. F. De los cinco, tan solo este último está localizado, ya que los otros cuatro están declarados en rebeldía procesal.

Alejandro C. J. venía a desempeñar en la red el papel de primus inter pares, al ser la persona que trasmitía al resto de lugartenientes las órdenes dadas por Tejón cuando este se encontraba en prisión a causa de otros procedimientos penales. Dentro de la organización venía a ser el responsable de la logística relacionada con las lanchas, “poniéndose de manifiesto cómo acude directamente a la comprobación de la botadura de una de las embarcaciones de alta velocidad”, indica el auto. Alejandro C. J. “acompaña y participa de las reuniones con Antonio Tejón, para posteriormente transmitir a los subordinados los proyectos y decisiones criminales acordadas”, añade.

Los restantes lugartenientes contaban igualmente con la confianza del líder, según los investigadores, y “se encargaban del control directo de las funciones asignadas a los distintos miembros de la estructura situados en los escalones intermedios y básicos, gestionando incluso, en ocasiones, de manera directa el desarrollo de cuestiones logísticas de abastecimiento sobre las embarcaciones investigadas”.

La estructura criminal, revela el auto, “estaría compuesta por dos ramas bajo la superior supervisión y dirección de Antonio Tejón Carrasco y su persona de más estrecha confianza”, Alejandro C. J.: una de esas ramas estaba encomendada a Á. O. A. y José Antonio C. F.; la otra, a Sergio A. M. y Óscar R. F.

En un eslabón intermedio y como encargado de las labores logísticas de las embarcaciones neumáticas semirrígidas gestionadas por la estructura se situaba E. S. G. G. y, en ese mismo eslabón intermedio de la estructura criminal, se encontraba Juan Carlos C. M., como responsable directo de los narcoembarcaderos. A este último y “cómo encargados de gestionar diariamente e in situ” los lugares donde se guardaban las lanchas, le auxiliaban M.O.C. y S.M.C.

En ese mismo eslabón intermedio y cómo jefes de collas, los grupos de personas encargadas de descargar los fardos de droga cuando las lanchas tocan tierra, se encontraban José M.C.O., en Isla Cristina (Huelva) y J.B.E., este último declarado en rebeldía procesal. Ambos contaban “con facultades directas de dirección” respecto a los participantes en los alijos, “asumiendo funciones de reclutamiento, posicionamiento y traslado y ejecución de traslado” del hachís.

Última detención

El 6 de julio de 2018, Tejón fue detenido por la Policía Nacional en La Línea de la Concepción en una espectacular operación en la que participaron un centenar de agentes, mientras pernoctaba en una vivienda en la barriada de San Bernardo. En aquel momento llevaba 19 meses fugado.

El 2 de julio de 2020 fue puesto en libertad después de cumplir dos años en prisión provisional, el máximo que marca la ley, aunque nada más abandonar la cárcel de Albolote (Granada) fue detenido por otra causa. No obstante, logró ser puesto en libertad de nuevo bajo fianza de 12.000 euros al cabo de dos días, por orden de la titular del Juzgado número 4 de Algeciras.

Tejón fue detenido por tercera y última vez en el marco de la Operación Dismantle el 14 de septiembre del año pasado, en La Línea de la Concepción, cuando se disponía a firmar en los juzgados de la ciudad, como cada quince días, para atestiguar que seguía localizado. Los agentes que procedieron a arrestarle tuvieron que hacer uso de la fuerza debido a la resistencia que presentó.

La Operación Dismantle, como aclararon un portavoz de la Guardia Civil y fuentes de la Fiscalía de Algeciras en su día, es una investigación completamente independiente de otras y, debido a ello, fue posible establecer una nueva medida de prisión provisional para el jefe de los Castañas pese a haber cumplido dos años en la cárcel por otra causa.

Narcoembarcadero en Palmones

Tras la detención de Tejón, la Guardia Civil informó de que los primeros pasos de la Operación Dismantle se dieron tras tener constancia de la existencia un narcoembarcadero situado en la playa de Palmones (Los Barrios), desde donde se estaban botando embarcaciones semirrígidas con potentes motores.

Los investigadores determinaron que las personas que controlaban el narcoembarcadero estaban relacionadas directamente con el clan de los Castañas. Los agentes descubrieron a posteriori otros dos narcoembarcaderos propiedad de la misma red, desde los cuales botaban las lanchas y las ponían a punto.

Tras meses de investigación se comprobó que la organización funcionaba a modo de cooperativa, con tareas bien definidas para cada uno de sus integrantes. Cada una de las ramas operativas contaba con una "sucursal" en caso de que la presión policial les impidiera operar en su zona de confort, de tal forma que cuando no podían desembarcar la droga en el Campo de Gibraltar lo hacían en puntos del río Guadalquivir y la costa de Huelva.

En Ciudad Real, la organización contaba con una empresa de transporte que recogía las embarcaciones en la costa para prepararlas y así evitar la presión que tenían de la Guardia Civil en Andalucía.

Drones y pesqueros

Los miembros de la red tomaban extremas medidas de seguridad con el fin de dificultar la investigación de los agentes. De hecho, los investigadores comprobaron que el clan contaba con personas formadas en el pilotaje de drones para controlar desde el aire y con cámaras los movimientos de las patrullas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los pilotos de las embarcaciones del grupo usaron en ocasiones barcos pesqueros como parapetos hasta llegar a la zona de alijo para esconderse y evitar ser vistos desde la costa, aunque las fuentes consultadas por este periódico afirman que los pesqueros eran posiblemente ajenos a las tretas de los narcotraficantes.

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