La Operación Dismantle es, por el momento, el último macroproceso contra una de las redes del narcotráfico que desde el Estrecho de Gibraltar operan en todo el litoral andaluz. El juez que dirige la causa, Jerónimo García, titular del Juzgado de Instrucción nº5 de Algeciras, ha acordado el cierre provisional de las diligencias en un auto de más de cien folios al que ha tenido acceso esta redacción y en el que aparecen 146 personas en calidad de investigadas por delitos relacionados contra la salud pública y organización criminal, a la espera de mayor concreción por la Fiscalía Antidrogas.

El escrito judicial compone un minucioso relato que viene a resumir los 25 tomos de diligencias y se presenta dividido en catorce episodios y cuatro adendas sobre las actividades del clan de los Castañas. Al frente de este grupo se situaría presuntamente Antonio Tejón Carrasco, quien permanece en prisión provisional desde el 14 de septiembre de 2020. Pese a carecer de trabajo, las investigaciones le atribuyen un patrimonio próximo a 30 millones de euros en compañía de su hermano Francisco, cuyo nombre no aparece entre los investigados en la Operación Dismantle.

La presencia de un narcoembarcadero en el antiguo depósito judicial de Los Barrios, el alquiler de una nave industrial en un pueblo de Ciudad Real para ocultar las lanchas planeadoras, el uso de drones de vigilancia por parte de los traficantes o la instalación de geolocalizadores a cargo de los agentes de la Guardia Civil en los coches y embarcaciones de la red son algunos de los detalles que desvela la investigación desarrollada con sigilio por el OCON Sur y el CCON Sur de la Benemérita, entre el 24 de febrero y el 15 de septiembre del año pasado.

Un narcoembarcadero en el depósito judicial

Qué mejor lugar para esconder una narcolancha que allí donde su presencia no sea extraña, como un depósito judicial de vehículos y lanchas abandonado. La red liderada presuntamente Tejón eligió el de Los Barrios, situado en la calle Ringo Rango, junto a un inofensivo refugio de animales y a pocos metros del río Palmones para poner las gomas fácilmente en el agua.

No era el único narcoembarcadero que el grupo poseía en el Campo de Gibraltar, ya que contaba con otros en la calle Almadraba, también en Los Barrios, con acceso directo a la playa; en Guadarranque (San Roque), en la calle Redes, y con un cuarto en la Puebla del Río (Sevilla), cerca del Guadalquivir, en una nave de chapa aislada en el campo, en la zona del Secadero mecánico de los Tres Puentes.

Para trasladar las pesadas embarcaciones, de hasta quince metros de eslora y dotadas con varios motores fueraborda, los narcos las colocaban sobre góndolas que introducían en el agua, tiradas por grandes tractores. El rastro de las ruedas era borrado rápidamente con rastrillos. A veces, la impericia de los conductores o la escasa firmeza del terreno hacía que los tractores quedasen atrapados en la arena en plena faena, quedando abandonados junto a la orilla.

El clan disponía también de naves industriales lejos de la costa para esconder y reparar las embarcaciones, lejos de la presión policial. Era el caso de una de ellas, alquilada en Torralba de Calatrava (Ciudad Real) por un miembro de la red bajo un nombre falso, y de otra en la localidad de Colmenar (Málaga), en la calle Severo Ochoa, situada en un polígono industrial. Para llevarlas hasta esos emplazamientos, la red empleaba grandes camiones.

Geolocalizadores, inhibidores y drones

Son numerosas las referencias que se realizan en el auto judicial a la colocación por parte de los agentes de la Guardia Civil de geolocalizadores ocultos en las embarcaciones y vehículos utilizados por los narcotraficantes para seguir todos sus movimientos y el rastro de la droga. También son frecuentes las ocasiones en la que los investigadores, según consta en el auto, dan por hecho que dichos dispositivos han sido descubiertos y destruidos o han quedado neutralizados por los inhibidores de señal de la banda.

En cuanto a medios tecnológicos, los narcotraficantes no van a la zaga de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Estas hace tiempo que incorporaron los drones para controlar desde el aire los alijos, pero las bandas, como era el caso de los Castañas, hacían lo propio con personas formadas en el manejo de estos aparatos para labores de contravigilancia.

En uno de los episodios se narra cómo un alijo se ve frustrado en dos ocasiones en el Campo de Gibraltar, una vez en la playa de Guadalquitón (San Roque) y otra en la de La Perdigona (La Línea de la Concepción), y cómo finalmente la red logra llevarlo a cabo con éxito en Isla Cristina (Huelva).

Muerte de un piloto

El auto recoge también la muerte en accidente del piloto de una de las planeadoras tras embarrancar su embarcación, a causa del fuerte viento de levante y de grandes olas, y saltar al agua junto a otras tres personas en la playa El Tiburón, en San Roque. En una conversación interceptada por la Guardia Civil entre dos miembros de la red, uno de ellos da cuenta del suceso acaecido el 7 de agosto de 2020: “El barco llegó, enmorró, le tiró, enmorró, se quedó de lado, venían cuatro tripulantes, tres saltaron para delante, que fue los que cogieron los guardias, y el que, el que se ahogó saltó para atrás, y como hacía levantucho, el barco no paraba de menearse y en una, en un meneo de esos lo dejó cogido abajo, le cogió una pierna, le cogería un brazo y ahí lo, cagó”.

Eran las 6:30 cuando la Benemérita detectó cómo un nutrido grupo de personas procedía a desembarcar numerosos fardos de una embarcación. Al llegar los agentes al lugar, se toparon con un todoterreno que, tras emprender marcha atrás a toda velocidad, quedó atrapado en una zanja, dándose su conductor a la fuga. Los agentes hallaron el interior del vehículo, que constaba como robado, totalmente lleno de fardos de arpillera.

En la orilla estaba la planeadora embarrancada. Una batida posterior en la zona permitió la detención de tres personas y el hallazgo de 78 fardos que arrojaron un peso de 2.341 kilos de hachís. A las 7:15 y a 25 metros de la orilla se encontró flotando el cadáver.

Las planeadoras

La Guardia Civil intervino en el transcurso de la Operación Dismantle cinco embarcaciones rápidas valoradas en su conjunto en más de 600.000 euros. En todos los casos, estas planeadoras de estructura semirrígida estaban provistas de sistemas de navegación con radar y de tres motores de 300 cv de potencia -salvo una de ellas, que llevaba cuatro-, cada uno de los cuales tiene un precio de mercado que ronda los 25.000 euros.

Estas son las cinco incautaciones:

- Embarcación intervenida el día 25 de mayo de 2020 en la Playa del Anclón de Bolonia, en Tarifa: Semirrígida neumática negra con casco de fibra gris, de 12,5 metros de eslora y 2,5 metros de manga, equipada con tres motores de la marca Yamaha de 300 cv y con sistema de navegación Garmín, con una valoración total de 125.000 euros.

- Embarcación intervenida el día 5 de junio de 2020 en la nave de la calle Redes de Guadarranque, en San Roque: Semirrígida neumática negra con casco de fibra gris, de 12,5 metros de eslora y 2,5 metros de manga, equipada con tres motores de la marca Yamaha de 300 cv y con sistema de navegación Garmín, con una valoración total de 110.000 euros.

- Embarcación intervenida el día 7 de julio de 2020 en la Playa Laguna Beach, en Estepona: Semirrígida neumática negra con casco de fibra gris, de 12,5 metros de eslora y 2,5 metros de manga, equipada con tres motores de la marca Yamaha de 300 cv y con sistema de navegación Garmín, con una valoración total de 110.000 euros.

- Embarcación intervenida el día 25 de julio de 2020 en la ribera del río Palmones, Los Barrios: Semirrígida neumática negra con casco de fibra gris, de 15 metros de eslora y 3 metros de manga, equipada con cuatro motores de la marca Yamaha de 300 cv y con sistema de navegación Garmín, con una valoración total de 150.000 euros.

- Embarcación intervenida el día 7 de agosto de 2020 en la Playa del Tiburón de Sotogrande, en San Roque: Semirrígida neumática negra con casco de fibra gris, de 12,5 metros de eslora y 2,5 metros de manga, equipada con tres motores de la marca Yamaha de 300 cv y con sistema de navegación Garmín, con una valoración total de 110.000 euros.

Todas estas embarcaciones se encontraban fuera de la legalidad desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se prohibió su navegación para luchar contra el tráfico ilícito de personas y mercancías.

A esas embarcaciones hay que sumar tractores, coches, góndolas, naves industriales y armas, intervenidos junto con dinero en efectivo por los agentes, como elementos imprescidibles para llevar a cabo los alijos de hachís, que en su conjunto sumaron 10.844,9 kilos de droga.