El sintoísmo estatal, como religión, se reforzó en el Japón de entreguerras bajo el principio básico de la divinidad del emperador, supuesto descendiente de la diosa Sol Amaterasu-Okami. Hirohito era infalible y así lo recogía la propia Constitución Nipona. La derrota en la Segunda Guerra Mundial forzó el cambio y el mismo emperador hubo de reconocer, aunque solo formalmente, que también cometía errores, lo mismo que cualquier cuñado que se preste, o Luis Enrique haciendo convocatorias. A pesar de ello, tiempo después el propio Showa seguía insistiendo que por supuesto era absolutamente incuestionable que corría sangre divina pos sus venas.

Otro ejemplo de inalcanzable elevación de un líder lo observamos en el rey de Tailandia, protegido por el artículo 112 del Código Penal Tailandés, que tipifica como delito de lesa majestad cualquier tipo de información o comentario sobre el mismo (vale un like en una red social), que pueda considerarse mínimamente injurioso. Entre 2020 y 2022, se han procesado unas 200 personas por la comisión de tal infracción al honor de su Majestad, con penas de hasta 15 años de prisión, y ello por solo haber solicitado mayores libertades democráticas para el país o por haber cuestionado actuaciones del soberano.

Ejemplos más cercanos también tenemos de este caudillismo. Así, en miembros del Gobierno Central, se tacha de fascistas o golpistas a aquellos jueces que en aplicación de la llamada Ley del Solo Sí es Sí, han rebajado las penas de convictos por delitos de agresión sexual, tal y como obliga tal texto legal.

Lo lógico y honesto hubiera sido reconocer y enmendar el patinazo legislativo. Pero no, la ministra y su corte son infalibles, y son los magistrados los reaccionarios y políticamente parciales, olvidándose que los mismos fueron precisamente los que condenaron a un mayor número de años de reclusión, condena que ahora no pueden mantener, por imperio de la Ley.

Pero no hay que irse tan lejos. El otro día el Pleno Municipal de Algeciras autorizó al alcalde la interposición de acciones penales por la comisión de un presunto delito de calumnias contra él mismo por razón de determinada crítica política y de gestión.

Ni el Ayuntamiento ha de ser el que defienda el honor personal de la autoridad en cuestión, ni tampoco con tales medidas se puede forzar el silencio de quien precisamente tiene la obligación de escrutar la labor de administración pública. Igual de molesto se muestra el Ayuntamiento ante las informaciones habidas en relación al sospechoso proceso de oposición a la Policía Local, y revisión extraordinaria y ad hoc de algunos aspirantes suspensos.

Todo eso daña la Democracia, salvo que nos quieran hacer creer en la infalibilidad divina.