La noticia de que el Ministerio de Fomento ha perdido 2,2 millones de euros de fondos de la UE destinados a la construcción del nuevo trazado de la Algeciras-Bobadilla ha sido un triste jalón más en la larga crónica de decepciones que el Campo de Gibraltar sufre en materia de infraestructuras. Como las obras no están en marcha, Europa destina el dinero a proyectos que sí cumplen con los plazos, primando con buen criterio la eficacia en la gestión. Algeciras, por si en el Ministerio de Fomento aún no se han enterado o han extraviado el mapa, es la cabecera de dos corredores ferroviarios prioritarios para la Unión Europea -el Mediterráneo y el Atlántico- y su puerto es el primero de España. Y bien podría avanzar en el ranking europeo si las mercancías pudieran entrar y salir de forma ágil mediante un tren con doble vía electrificada y sin pendientes tan pronunciadas como las actuales.

Lamentablemente, no es un caso aislado en Andalucía. En Granada llevan desde mediados de 2015 sin trenes a causa del retraso en las obras de la línea de alta velocidad y las sucesivas promesas de arreglo se suceden sin que se cumpla un solo plazo. ¿Les suena? Otro ejemplo es Huelva, provincia marinera, aislada y periférica como el Campo de Gibraltar. El AVE iba a llegar allí en 1992 -al mismo tiempo que a la Sevilla de la Expo- pero su trazado ferroviario sigue siendo hoy el mismo que vieron nuestros tatarabuelos en el S.XIX. La misma copla.

En diciembre pasado, en una conferencia en la Cámara de Comercio, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, dejó sobre la mesa dos titulares: la reanudación de las obras de la Algeciras-Bobadilla tendría lugar "a comienzos de año" -habrá que preguntarle la próxima vez si se refería a enero o quizá a junio- y que la explicación a tanto retraso obedece a que las empresas adjudicatarias, nada más hacerse con los trabajos mediante concurso, las paralizan bajo el pretexto de que han surgido imponderables que exigen un alza de los presupuestos. Es en ese momento cuando se inicia una tediosa tramitación que bloquea todo, con la particularidad de que la rescisión de los contratos obliga a iniciar desde cero todo el procedimiento administrativo. Tal cual pasa en el AVE de Granada o en la Algeciras-Bobadilla. O con las obras del colector de la Cuesta del Rayo, donde tampoco se mueve una excavadora desde hace meses.

Sanz abogó entonces por modificar la legislación para impedir que el interés público se convierta por tiempo indefinido en rehén de empresas con escasos escrúpulos. Las posibilidades de dicha reforma son variadas: impedir bajas temerarias, rescisión automática de los contratos para los incumplidores, listas negras para futuros concursos…

Queda tiempo para las siguientes elecciones, pero algunos deberían estar ya dándose patadas en el culo por sacar adelante la Algeciras-Bobadilla si quieren renovar el escaño.