La publicación ayer en el BOE del Tratado Fiscal acordado por España y Reino Unido sobre Gibraltar representa la culminación de un largo y duro proceso de negociaciones, abierto a raíz del Brexit, cuyo fin es establecer un marco de relaciones más equilibrado a ambos lados de la Verja. La "prosperidad compartida", llamada entre otras cosas a posibilitar en un futuro un tránsito sin controles entre La Línea de la Concepción y la colonia, pasa de forma ineludible por fijar unas nuevas reglas del juego de las que el Tratado es parte fundamental. Dado que la supervivencia económica del Peñón seguirá pasando por mantener unas condiciones impositivas muy ventajosas para quienes tengan allí oficialmente su domicilio (ya sean personas físicas o jurídicas) es lógico que España exija saber cuál es la situación fiscal de todos aquellos ciudadanos y empresas de la Roca que mantienen "una relación significativa con nuestro país", a fin de que tributen lo que corresponda ante la Hacienda española. Es el caso, por ejemplo, de muchas sociedades mercantiles domiciliadas en Gibraltar cuyo negocio se desarrolla total o parcialmente en España o de gibraltareños cuya residencia habitual se sitúa lejos de la Main Street, ya sea en Guadacorte, Sotogrande o La Zagaleta.

Antes del Tratado Fiscal y como socios de la UE, Reino Unido debía compartir ya ese tipo de información fiscal con España, pero la práctica era otra muy distinta. Nuestro país ha venido denunciando la opacidad de las autoridades del Peñón a la hora de informar sobre las actividades de sus empresas y ciudadanos y, por ello, mantiene hasta ahora al Peñón en el listado de los paraísos fiscales. No es una acusación gratuita: en esa misma línea y a la luz del primer informe de Moneyval, el Consejo de Europa se pronunció al respecto en febrero de 2020, poniendo en solfa la actuación de las autoridades de Gibraltar a la hora de investigar y enjuiciar los delitos de blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas.

Comienza ahora una etapa clave para poner coto al paraíso llanito en materia de control y transparencia fiscal. No hay espacio para más misunderstandings ni supuestos errores de interpretación: la buena vecindad deberá demostrarse con hechos. Si los requerimientos de información fiscal por parte de España a Gibraltar encuentran respuesta a partir de ahora, podrá darse por positivo el esfuerzo realizado e iniciar las negociaciones con Reino Unido sobre otro asunto trascendental: el encaje gibraltareño en la UE post-Brexit, sin que España renuncie por ello a la soberanía sobre la colonia. Teniendo en cuenta que la Comisión Europea no acaba de concretar los detalles de ese diálogo, será muy difícil llegar a un compromiso completo en el primer semestre de 2021. El principio de acuerdo alcanzado in extremis la pasada Nochevieja es un campo minado que debe ser acotado perfectamente para que nada de lo previsto en aquel documento de once folios se quede fuera, pero también para que nada nuevo se incorpore.

La mejor prueba de que casi todo sigue pendiente y de que el libre paso no está decidido es que las obras de construcción de la nueva Verja, con modernos controles aduaneros para el paso de personas y mercancías, siguen desarrollándose con normalidad en La Línea con fondos de la Unión Europea. Por si acaso.