Hoy publicamos un nuevo capítulo de la serie de informaciones que Europa Sur ha venido desvelando a lo largo del último año en torno a la existencia de una trama fraudulenta de venta de puestos de trabajo en la estiba del Puerto de Algeciras. A raíz de las denuncias de algunos afectados y de los numerosos indicios existentes, varios grupos de investigación de la Policía Nacional especializados en crimen organizado y blanqueo de capitales llevaron a cabo desde comienzos de 2018 y hasta el pasado mes de mayo una minuciosa labor de indagación en torno a las actividades de personas presuntamente implicadas en una red que se habría hecho con ingentes cantidades de dinero a través del cobro de comisiones ilegales, ya fuera por sus labores de intermediación o por la adjudicación directa de empleos en los muelles de la ciudad.

Las conclusiones provisionales de los informes policiales a los que ha tenido acceso este periódico son contundentes: una legislación estatal demasiado laxa y un sistema nepotista de contratación en manos de unos pocos dio pie a que se originase un sistema viciado y propicio para la corrupción. Las diligencias practicadas propiciaron la detención e ingreso en prisión provisional a finales del año pasado de algunas personas que aparentemente ejercieron como simples comisionistas, si bien el volumen del fraude, con pagos de hasta 100.000 euros por un solo empleo, dan idea de que la trama que aún permanece oculta puede ser inmensamente mayor.

La interpretación de la legislación vigente por parte de la juez encargada del caso respecto a los períodos máximos de instrucción ha paralizado las diligencias que se venían desarrollando y echado momentáneamente por tierra el trabajo de decenas de policías, si bien la Fiscalía ha recurrido dicha decisión. A la espera del pronunciamiento que haga al respecto la Audiencia de Cádiz, parece necesario que las Cortes -tal y como insinúa, por cierto, la propia instructora en el auto en el que decreta el archivo de la causa- aprueben una reforma normativa y amplíen dichos plazos a la vista de las escasez de medios con que cuentan los juzgados españoles para afrontar casos de tanta complejidad como el del fraude de la estiba.

El resultado no puede ser otro que lograr una limpia en los muelles, caiga quien caiga, aunque para ello haya que ponerlos patas arriba. Están en juego la imagen del Puerto de Algeciras, el de las empresas que operan en él y miles de puestos de trabajo. Son precisos más medios para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y para la Justicia. Lo ocurrido no va de unos pocos enchufados en la estiba, sino de la seguridad de todos, de la lucha contra las mafias del tráfico de drogas, armas y personas.