LA mayor recesión en tiempos de paz amenaza a España. El gran peso del turismo y los servicios, el prolongado confinamiento y paralización de la economía, la preponderancia de las pymes en el tejido productivo, y la débil capacidad de respuesta fiscal de España como consecuencia de su elevado déficit y deuda pública, determinan que España sea el _país más dañado por la crisis de los países desarrollados. La caída del PIB en 2020 será superior al 10%, el desempleo superará el 20%, la deuda pública se aproximará al 120% del PIB y la recuperación de los niveles de actividad de 2019 no se alcanzarán hasta finales del 2022. Es verdad que eta vez la política económica nacional y europea ha tenido una respuesta rápida , con una inyección sin límites de liquidez del Banco Central Europeo(BCE) y medidas financieras y fiscales en apoyo de la demanda de los hogares y de la oferta de las empresas. Pero en España, sin holgura presupuestaria, han sido insuficientes y muy inferiores a las de los grandes socios europeos.

Empezó siendo una crisis de oferta, como consecuencia de la disrupción de las cadenas de suministro global y derivó en una crisis de demanda por el riguroso confinamiento y el cambio de expectativas. En un futuro inmediato, cuando los problemas de falta de ingresos y liquidez deriven en problemas de solvencia y cierre de empresas, la crisis de oferta puede agravarse. De producirse este escenario, evitable, el gran riesgo es una nueva crisis financiera, si la morosidad crediticia acaba debilitando la solvencia de los bancos. El temor del Banco de España es que estos daños temporales se conviertan en estructurales, en permanentes, y que como consecuencia el potencial de crecimiento de España quede dañado: destrucción de tejido productivo, desempleo estructural e inadecuación del sistema productivo al nuevo mundo post Covid-19. Evitar este escenario es el gran reto del Gobierno, como afirma el Banco de España en su último informe anual.

Recuperación a dos tiempos

En la salida de la crisis se deben de establecer dos tiempos de acción política y económica. El primero es el de la recuperación y preservación del tejido productivo y del empleo. El segundo es el de la reconstrucción y restauración del potencial de crecimiento de España, así como el de adaptación a las nuevas macrotendencias del mundo post Covid-19. En el primer tiempo, y hasta que la recuperación esté consolidada, es necesario continuar con las medidas financieras, fiscales y laborales. Se deben prolongar los Ertes en los sectores más afectados: turismo, comercio, hostelería, automoción. También es necesario aumentar la financiación con avales públicos, así como las moratorias de crédito y alquileres. Se deben focalizar los programas en los sectores más dañados y con una mayor capacidad tractora. Esta vez los bancos no son el problema y están actuando con diligencia en la provisión de financiación a las empresas. No obstante, el BCE advierte: los bancos no deben de asumir riesgos excesívos, ni tampoco financiar empresas que no eran viables antes de la crisis. La política de apoyo a la oferta y a la demanda motivará un fuerte incremento del déficit y la deuda pública. Una vez consolidada la recuperación, a partir de 2022, será el momento de hacerla sostenible con un plan de saneamiento de las cuentas públicas a más de 10 años. Este plan de saneamiento se debe de elaborar y comunicar ya, para transmitir credibilidad y confianza a los agentes económicos nacionales e internacionales.

Reformas para la reconstrucción y transformación

La baja productividad de la economía española es un antiguo problema, no resuelto. Es la causa principal del escaso potencial de crecimiento y creación de empleo de España. Las causas subyacentes de esta baja productividad son diversas y requieren un paquete de profundas reformas dirigidas a aumentar la dimensión de las empresas y su internacionalización, a mejorar la calidad del capital humano mediante la formación y un pacto por la educación, a liberalizar los mercados de bienes y servicios, a desburocratizar y simplificar la legislación ,a apostar decididamente por la innovación ,el desarrollo y las nuevas tecnologías, a profundizar en la reforma del mercado de trabajo para evitar la dualidad existente y potenciar la creación de empleo de calidad y por último a aumentar la eficiencia del gasto y la producción de bienes públicos .

El segundo paquete de reformas debe ir orientado al saneamiento y sostenibilidad de las cuentas públicas y a garantizar la sostenibilidad de las pensiones y del sistema de bienestar. El enfoque principal debe de ser la mejora de la eficiencia del gasto público. No estoy hablando de recortes,sino de mejora en la eficiencia y calidad de los bienes públicos producidos por euro gastado. La Autoridad Fiscal Independiente (Airef) está finalizando la revisión del gasto de las administraciones públicas desde el punto de vista de su necesidad y eficiencia. Es urgente seguir sus recomendaciones y acometer las reformas necesarias para impulsar la eficiencia del sector público. Es la principal reforma pendiente de todos los gobiernos de la democracia y piedra angular de la productividad, competitividad y sostenibilidad. Si esta reforma no fuera suficiente para sanear las cuentas públicas se debiera de acometer una reforma fiscal eliminando bonificaciones y deducciones distorsionadoras y aumentando, si fuera preciso, aquellos impuestos que menos dañen el crecimiento y la competitividad. El envejecimiento de la población es otra gran tendencia, que exige grandes reformas y que está en la base tanto de la productividad cómo de la sostenibilidad el estado de bienestar y de las pensiones .La reforma de las pensiones para hacerlas sostenibles es una de las reformas más urgentes

Y por último se necesitan reformas para adaptarnos al nuevo mundo post crisis. La pandemia ha acelerado tendencias preexistentes como la transformación digital, el comercio on line, el teletrabajo, la transición ecológica o la conciencia medioambiental. También está alterando los flujos comerciales y financieros internacionales y el orden económico y político mundial, rompiendo las cadenas de suministro globales, fomentando el autoabastecimiento de bienes esenciales y fomentando el nacionalismo sanitario y el proteccionismo. Estamos asistiendo a un espectacular salto cualitativo en la aplicación de nuevas tecnologías e inteligencia artificial. Los mercados de tecnología medioambiental sobrepasarán los dos billones de euros en los próximos 5 años. Las necesarias reformas para la transformación y adaptación a este nuevo mundo requerirán un fuerte incremento de la inversión pública y de la cooperación público- privada. Los objetivos de la Unión Europea para el próximo quinquenio están orientados a la adaptación a este nuevo mundo de transformación digital, innovación y transformación tecnológica, transición ecológica y desarrollo de la industria medioambiental. Las ayudas qué necesita España del Fondo Europeo de Recuperación estarán condicionadas y dirigidas a proyectos que estén alineados con estos objetivos. Un plan de reformas tan integral y ambicioso precisa un gran consenso entre todas las fuerzas políticas para que sea creíble. La pregunta es ¿cuánto más tienen que empeorar las cosas para que nuestros líderes políticos tomen conciencia de la gravedad y oportunidad del momento y actúen con responsabilidad consensuando el gran proyecto de reconstrucción y transformación de España?