Provincia de Cádiz

Pleno de la Diputación de Cádiz: Catamaranes, sequía, infraestructuras y gastos escolares en las mociones de los grupos

Imagen del pleno de la Diputación de este miércoles.

Imagen del pleno de la Diputación de este miércoles. / C. R.

Aunque el protagonismo del pleno se lo ha llevado el proyecto de Valcárcel, los grupos han presentando distintas mociones para reclamar mejoras en infraestructuras, servicios públicos o medidas, por ejemplo, para paliar los efectos de la sequía.

La portavoz de Izquierda Unida, Carmen Álvarez, logró unanimidad para instar a la mejora del servicio de catamaranes de la Bahía de Cádiz, entre Cádiz, El Puerto de Santa María y Rota. Además de pedir por el cumplimiento estricto de los pliegos de condiciones y acuerdos con la empresa concesionaria del servicio de transporte marítimo en la Bahía en materia de horarios, frecuencia, mantenimiento de las embarcaciones, y las condiciones laborales y económicas de la tripulación y personal de las terminales. Del mismo modo, se pedirá una renovación de la flota de embarcaciones, cuyas averías está afectando al servicio. En la misma propuesta se acordó solicitar el impulso y la materialización del proyecto de conexión marítima entre las provincias de Cádiz y Huelva, con escalas en Sanlúcar y Matalascañas. IU obtuvo el respaldo de todos la Corporación para la aprobación de esta proposición.

A instancias de IU, también se aprobó una moción con la que instará a la Junta de Andalucía a implementar un servicio de prevención y extinción de incendios de titularidad y gestión pública operativo todo el año, bien dimensionado, centrado en la prevención, pero que pueda dar respuesta rápida a las situaciones de emergencia que se puedan producir.

En materia de infraestructuras, el portavoz del Grupo del PP, Juan José Ortiz, recabó el apoyo necesario para una propuesta encaminada a “exigir” al Gobierno de España que se aceleren las actuaciones necesarias para completar la duplicación del trazado de la carretera N-IV para desbloquear el tramo entre Los Palacios y Villafranca, en Sevilla, y Jerez de la Frontera.

En la misma línea de mejor de infraestructuras, el PSOE defendió una reivindicación histórica de la comarca del Campo de Gibraltar: la mejora de la carretera A-405 entre el punto kilométrico 41 (La Almoraima) y el punto kilométrico 12 (El Corchado). Logró el apoyo unánime para solicitar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que incluya en sus Presupuestos un programa y plan de actuaciones, con partidas debidamente cuantificadas y dotadas económicamente, con un plan de Inversiones y con un horizonte temporal que lo desarrolle.

Sequía

Otro asunto que ocupó tiempo en el debate fue el de la sequía y las medidas necesarias para paliar sus efectos. En ese sentido, Adelante Cádiz obtuvo apoyo para su propuesta de que la Junta de Andalucía asuma los compromisos adquiridos con el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana sobre la mejora de la red de distribución en alta, y que identifique zonas vulnerables de la red en la Bahía de Cádiz en las que sea preciso actuar. De igual manera, se insta a la Administración Autonómica a que implemente políticas de consumo eficiente del agua.

Para finalizar, también defendió el Grupo de Adelante Cádiz una moción para instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central a elaborar un plan que dé más seguridad a los trabajadores del sector marítimo, minimizando los riesgos y atendiendo a la mejora de las condiciones laborales de las tripulaciones, que incluya un protocolo de actuación coordinado, claro y eficaz atendiendo principalmente a criterios medioambientales y sociales. Además, en el contexto de los recientes y graves vertidos contaminantes, por la fuga de combustible del buque OS 35 en aguas del Estrecho, se solicitará proteger de forma más eficaz una zona de especial valor ecológico, como es el Campo de Gibraltar, estableciendo medidas que regulen el tráfico marítimo, estableciendo normativas más estrictas y vigilando su cumplimiento, así como restringiendo las prácticas de bunkering en la zona.

El PP también defendió la necesidad de que el Gobierno de España incremente de manera progresiva en sus Presupuestos los fondos destinados a los programas educativos de movilidad internacional, con especial atención al programa Erasmus+, que permitan una mayor accesibilidad a los mismos por parte del estudiantado, especialmente los que provienen de entornos desfavorecidos. A esta propuesta se unió una enmienda del PSOE con la que se decide incluir una reclamación similar a la Junta de Andalucía.

La portavoz de Ciudadanos, Estefanía Brazo, centró sus dos propuestas en materia educativa. La primera, que salió adelante con los votos positivos de todos los grupos políticos, iba dirigida a Instar al Gobierno de España para que, en colaboración con las Comunidades Autónomas, elabore un Plan Nacional Contra el Acoso Escolar que englobe: protocolos de detección temprana de casos de acoso escolar y conductas suicidas en escolares; refuerzo de las plantillas de psicólogos clínicos y orientadores escolares que están a disposición de niños y de sus familias para abordar casos de acoso y ciberacoso escolar; y formación de docentes en la detección y el abordaje de este problema.

Por otro lado, Ciudadanos obtuvo apoyo para que la Diputación de Cádiz lleve a cabo un estudio para incluir en los Presupuestos de 2023 partidas destinadas a sufragar los gastos escolares para las familias más vulnerables. No obstante, se rechazó otra parte de su propuesta para que se establezcan deducciones impositivas para la compra de materia escolar o sufragar actividades extraescolares.

La diputada socialista Carmen Collado también obtuvo el respaldo unánime de toda la Corporación para una propuesta enmarcada en la próxima celebración, el 25 de noviembre, del Día Contra la Violencia de Género. En esa línea, se acordó instar a la Junta de Andalucía a complementar económicamente la dotación dentro del pacto de Estado contra la violencia machista, acompañando con suficiente financiación la transferencia realizada a los municipios para reforzar sus medidas contra esta lacra social. Del mismo modo, se solicitará la puesta en marcha de un protocolo conjunto de actuación entre instituciones que proteja a las mujeres víctimas de “sumisión química”, así como de un programa de educación escolar que incluya esta nueva versión de violencia de género.

 

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