La Administración a la que más tiempo le ha llevado ralentizar o, más bien, frenar su actividad por la crisis del coronavirus ha sido la de Justicia. No fue hasta el pasado sábado cuando la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió ampliar a toda España, no sólo a las comunidades con mayor número de contagios, la suspensión de juicios, diligencias y plazos procesales en aplicación del denominado 'escenario 3'.

Este escenario es el previsto para situaciones extremas, como es la declaración del estado de alarma por emergencia sanitaria. Así, desde este lunes y hasta el próximo 31 de marzo, solo se mantienen los servicios esenciales de la Administración Justicia, que son: las órdenes de protección a menores y por violencia de género, matrimonios, licencias de enterramiento, internamientos urgentes, cualquier actuación en causas con presos o detenidos y aquellos procedimientos en los que se alegue vulneración de derechos fundamentales. Se considera también esencial "cualquier otro trámite judicial que, de no practicarse, pudiera causar un perjuicio irreparable".

Quedan así en stand by muchas actuaciones judiciales programadas para estas dos semanas en la provincia de Cádiz. Entre las más destacadas se encuentra el juicio por el caso Convenios Urbanísticos de Rota, una causa que ha llevado al banquillo a los ex alcaldes de Rota Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos) y Eva Corrales (Partido Popular), acusados de adjudicar a dedo obras públicas al promotor roteño Felipe Castellano. 

La vista oral de Convenios Urbanísticos arrancó a principios de este mes de marzo en la Audiencia Provincial de Cádiz con las declaraciones de los procesados. La semana pasada continuó con los testigos, entre los que se encontraban los ex interventores del Consistorio roteño a la fecha de los hechos. Esta semana, cuando estaba previsto que siguiesen practicándose las pruebas testificales y periciales, el juicio se ha suspendido de acuerdo a las pautas marcadas por el CGPJ ante la pandemia del Covid-19.

Otra actuación judicial suspendida en aplicación al referido 'escenario3' es la declaración ante la juez de la ex directora financiera del Instituto de Investigación e Innovación en Ciencias Biomédicas de la Provincia de Cádiz (Inibica), investigada por apropiarse de más de 400.000 euros de los fondos de este centro durante ocho años en los que supuestamente realizó 2.159 transferencias bancarias a su favor. 

Después de que el pasado mes de enero la Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz la denunciara por apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, la que fue responsable financiera del Inibica debía prestar su primera declaración el 25 de marzo en el Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz, encargado de investigar este asunto. Sin embargo, su comparencia ante la magistrada titular Carmen Fornell se ha pospuesto y queda a la espera de un nuevo señalamiento.

Como éstas, otras tantas actuaciones judiciales programadas para los próximos 15 días en las distintas sedes judiciales gaditanas han sido aplazadas. Es una acción preventiva más para hacer frente a la propagación del Covid-19.