Juan Franco se planta frente a PSOE y PP por el tratado de Gibraltar: “Es cuestión de vida o muerte”

El alcalde de La Línea, Juan Franco, se planta frente al PSOE y el PP a cuenta del acuerdo sobre Gibraltar y defiende que el ayuntamiento que preside es la única administración que está haciendo "los deberes" para mitigar el impacto negativo que podría tener sobre la ciudad el futuro marco de relaciones entre la Unión Europea y la colonia británica. Una relación cuyas condiciones están pendientes de ser concretadas en el texto del tratado que prevé estar sobre la mesa el próximo mes de octubre.

Franco ha reclamado este jueves más información y medidas concretas para el municipio horas después de la reunión celebrada en Londres entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro británico, Keir Starmer, en la que ambos mandatarios se felicitaron por el acuerdo, aunque sin entrar en su contenido.

Rechaza las mesas de trabajo propuestas por la Mancomunidad: "Se aprovechan de un problema para conseguir réditos en otros puntos de la comarca”

El regidor linense también ha mostrado su completo desacuerdo con el planteamiento de la Mancomunidad de Municipios de crear unos grupos de trabajo en el seno del Consejo Económico y Social para abordar los efectos del acuerdo en la comarca. "Entendemos que están intentando aprovechar un problema que se da en La Línea de la Concepción para conseguir réditos en otros puntos de la comarca”, ha expresado Franco, quien a su vez ha matizado que esta negativa no supone fisura alguna sobre el pacto que La Línea 100x100 mantiene con los populares para gobernar en la Mancomunidad.

El alcalde, acompañado por los cuatro tenientes de alcalde linenses -Zuleica Molina, Javier Vidal, Sebastián Hidalgo y Juan Macías- ha anunciado que ha enviado este mismo jueves el documento final del Memorándum acerca del posible impacto del acuerdo post-Brexit sobre Gibraltar en La Línea de la Concepción y los resultados de una encuesta ciudadana sobre la cuestión. Un paso al que ahora sigue la petición de una cita urgente con Exteriores ante la cercanía del texto final del acuerdo sobre Gibraltar; documento que, según Franco, si no tiene en consideración las preocupaciones de La Líne,a podría poner en riesgo algunas propuestas como el proyecto tecnológico de la compañía WISeKey o la posible necesidad de suelo para una terminal aeroportuaria. Para La Línea, según su alcalde, participar y ser oídos en las negociaciones resulta “cuestión de vida o muerte”.

Franco ha defendido que, como único territorio que colinda con la colonia británica, es la única voz de la zona que se debe oír por dos motivos: por el impacto directo sobre la ciudad y porque “no se pueden acudir a reuniones informativas con toda la tuna de Derecho de la Universidad de Cádiz -en alusión a otros Ayuntamientos- por el claro riesgo de filtraciones”. Además, ha insistido con el Memorándum en la mano, que desde el anuncio de acuerdo político el 11 de junio “solo el Consistorio linense es el que está haciendo los deberes”.

El gobierno municipal teme que se “disloque la forma de vida" del la ciudad, especialmente en materia de vivienda, pues ya han percibido un incremento de inversiones gibraltareñas en La Línea ante la perspectiva de un acuerdo que salve el Brexit entre Gibraltar y la Unión Europea.

Sin llamadas del Gobierno

El primer edil de La Línea ha asegurado que desde el anuncio de acuerdo, el pasado junio, no ha recibido ninguna llamada del Gobierno de España. Franco ha reconocido que esperaba novedades de la cita del miércoles entre Sánchez y Starmer. "Más allá de alguna mención tangencial, se pasó casi que de puntillas”, ha lamentado.

Franco ha abundado en que para los alcaldes de la comarca el problema acabará con el derribo de la Verja -que el Gobierno de España se ha fijado para enero de 2026- mientras el municipio que dirige enfrentará problemas hasta ahora no conocidos "sin información y sin medios suficientes". Por ello, ha vuelto a pedir el reconocimiento como Zona Económica Especial (ZEE), entre otras medidas, al Ejecutivo socialista.

“¿Cuándo se va a desmantelar la Verja? ¿En qué términos? ¿Qué espacio queda libre? A mí no me ha llamado nadie”, ha resumido Franco, quien teme que los terrenos y edificios de la Aduana se queden en el abandono, como el antiguo hospital, y tenga el Ayuntamiento que hacer frente a “otro mazacote del que todo el mundo se desentiende”.

El alcalde ha ironizado ante la situación de desesperación que vive la población y su desconocimiento de lo que podría significar la “prosperidad compartida” que defiende el Gobierno central como uno de los frutos que traería la implantación del acuerdo. “Lo de la prosperidad compartida yo ya ha preguntado en varias ocasiones qué es y nadie me contesta”, ha señalado. “Aquí hay una serie de expectativas; se reclama información transparente, protección de derechos sociales y laborales; lo que me queda es ponerme en huelga de hambre en la puerta del número 10 de Downing Street, a ver si me reciben”.

Reunión con el Partido Popular

Juan Franco ha adelantado que el próximo 10 de septiembre se reunirá con el Partido Popular para tratar el asunto de Gibraltar y otras cuestiones, ya que consideran que la Junta de Andalucía, gobernada por los populares, también “tiene mucho que decir”. Los linenses plantearán al PP cuestiones relacionadas con las competencias autonómicas: sanidad, educación o medio ambiente. Será en el marco de una reunión de seguimiento del pacto de gobierno con el PP.

El líder de los linenses se ha hecho eco y ha compartido el fondo de las declaraciones del consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, en las que afeaba al Ejecutivo central la falta de información que planea sobre el asunto. Una situación que para la Junta supone un incumplimiento del sistema constitucional por no ceñirse al Estatuto de autonomía andaluz, que garantiza la participación de la Junta en asuntos internacionales de especial relevancia.

El Memorándum

El Memorándum elaborado por la institución municipal está dividido en bloques que analizan el posible impacto sobre cuestiones económicas y fiscales, movilidad e infraestructuras, medio ambiente o temas sociales y servicios públicos, entre otros. El documento se colgará en la web municipal al igual que la encuesta ciudadana.

El informe ha sido enviado al Gobierno de España y al Defensor del Pueblo, sin que la autoridad municipal haya recibido -por el momento- ninguna llamada al respecto de las preocupaciones y demandas expuestas en el texto. Entre ellas, la posibilidad de una burbuja inmobiliaria en la ciudad o el colapso en infraestructuras viarias.

La encuesta ciudadana para pulsar las impresiones de la ciudadanía ha sido completada por 786 personas, la inmensa mayoría residentes en la ciudad. Del total, 206 son trabajadores transfronterizos y 186 extranjeros.

Basándose en los participantes, el 76% tenían conocimiento del preacuerdo y un 70% considera que tendrá un impacto en su día a día. Las principales preocupaciones de la ciudadanía se centran en los temas laborales, pensiones y la fluidez fronteriza. Un 75% de los encuestados anticipa consecuencias negativas sobre el empleo y a nivel económico, mientras que un 18% percibe posibles beneficios si se gestiona adecuadamente. Para Juan Franco, la encuesta se alinea con sus planteamientos: “La mayoría de participantes teme por lo que pueda pasar, que el tema finalmente quede fuera de la agenda pública”.