El PSOE de La Línea critica las declaraciones de la Jueza decana de la localidad, Raquel Gómez Sancho, en las que defiende el traslado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer a Algeciras y señala que el alcalde de la ciudad, Juan Franco, que ahora critica la propuesta, firmó junto al delegado del Colegio de Abogados, Alexis García, un documento en el que se daba el apoyo a la unificación de los partidos judiciales y, por consiguiente, a la centralización de los casos de Violencia sobre la Mujer en Algeciras.

El grupo socialista linense considera que "lo realmente importante en este tema no son las controversias y los dimes y diretes entre las autoridades pertinentes sino las consecuencias que, sin duda alguna, acarreará este traslado a las mujeres víctimas de maltrato". "La proximidad y el amparo inmediato de las instituciones son fundamentales para proteger a la sociedad, en general, y a las mujeres, especialmente, de esta lacra social, y más bien las iniciativas deberían ir encaminadas a subsanar las carencias en medios materiales y humanos que sufren nuestros juzgados", añade el comunicado.

Los socialistas creen que "el traslado propuesto llevará consigo una sobrecarga al vulnerable estado anímico de estas mujeres y que supondrá una traba para el ejercicio de sus derechos. Sería más lógico que se optara por organizar un turno donde profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, mediadores, fiscales, etc.) asistan personalmente a las mujeres matratadas en la sede judicial de La Línea. El objetivo principal sería que estas mujeres pudiesen desarrollar sus derechos en las mejores condiciones posibles en vez de desplazar el problema a otra ubicación judicial".

En el grupo municipal temen "que la descongestión de los juzgados de La Línea y de San Roque argumentada para justificar el traslado sólo servirá para congestionar el juzgado de Algeciras y alejar también con ello a las víctimas linenses de la protección y asistencia necesaria. Es por ello, por lo que el Partido Socialista de La Línea hace un llamamiento a las organizaciones feministas, sindicatos y sociedad civil en general para que manifiesten públicamente su rechazo ante tal medida que lesiona los derechos fundamentales de una parte muy vulnerable de la sociedad, como son las mujeres víctimas de la violencia de género."