La tormenta política en Londres amenaza con demorar la ratificación del tratado de Gibraltar

El tratado entre la Unión Europea (UE) y Reino Unido sobre Gibraltar no parece que vaya a tener tampoco un camino fácil hacia su ratificación en el Parlamento británico. Las críticas al Gobierno laborista de Keir Starmer arrecian por parte de los parlamentarios conservadores por la falta de transparencia en torno al documento, cuyo texto se finalizó en diciembre de 2025, pero sigue sin hacerse público. Su contenido, o al menos parte de él, se ha convertido en objeto de reuniones informativas por parte del Gobierno de Fabián Picardo con representantes de varios sectores, incluido el Grupo Transfronterizo, la plataforma de cooperación formada por representantes institucionales, económicos y sociales de ambos lados de la Verja. Incluso, una copia confidencial del documento se entregó al líder de la oposición gibraltareña, Keith Azzopardi (GSD). Pero, a pesar de ello, hasta el momento no se ha proporcionado ninguna declaración formal a las cámaras británicas ni siquiera sobre sus aspectos más relevantes, calendario de implementación o implicaciones prácticas para ciudadanos y autoridades.

Priti Patel y Wendy Morton, ministra y secretaria de estado en la sombra de Asuntos Exteriores, remitieron el miércoles 11 de febrero una carta a la jefa de la diplomacia de Reino Unido, Yvette Cooper, en la que le piden "urgentemente claridad" sobre el acuerdo y sus detalles, que afirman que conocen sólo a través de medios de comunicación de Gibraltar. Las políticas tories fundamentan sus "preocupaciones" en la "continua falta de transparencia hacia el Parlamento", por donde el tratado deberá pasar en virtud de la Ley de Reforma Constitucional y Gobernanza de 2010 (CRAG).

El Gobierno no puede ratificarlo a menos que lo haya presentado previamente a las cámaras (junto con una exposición de motivos) durante 21 días de sesión. En ese período, los comités parlamentarios y los miembros del Parlamento pueden examinar el texto y solicitar todas las explicaciones que estimen necesarias al Gobierno. Si durante esa pausa estatutaria la Cámara de los Comunes aprueba una resolución que prohíba la ratificación, se activa otro retraso que se prolongará al menos durante 21 días de sesión. Este proceso puede repetirse. Es decir, a menos que el tratado obligue a realizar cambios importantes en los acuerdos constitucionales del Reino Unido, el Parlamento no puede bloquearlo formalmente, pero sí puede presionar políticamente al Ejecutivo para modificar o reconsiderar la ratificación. Y retrasarlo. La Cámara de los Lores también puede debatirlo, pero su opinión no es vinculante para la ratificación.

"Es una manera inaceptable de que el Parlamento se informe sobre avances en un asunto de esta importancia constitucional y estratégica", critican las parlamentarias conservadoras, que recuerdan que el Ejecutivo llanito ha dicho que el trabajo preparatorio para la implementación se está acelerando, con una fecha objetivo del 10 de abril debido al tope máximo de introducción de nuevo Sistema de Entradas y Salidas de la UE en la Verja. "Si ese calendario es exacto, la ausencia de cualquier explicación ministerial al Parlamento resulta aún más preocupante", subrayan, antes de incidir en que "las consecuencias de este silencio no son abstractas". "El reciente desvío de un vuelo Reino Unido-Gibraltar hacia Málaga y la posterior detención y devolución de pasajeros británicos por las autoridades españolas expusieron los riesgos reales creados por la incertidumbre en torno a los arreglos fronterizos", se lee en la carta. "Con la entrada en vigor del Sistema de Entrada/Salida inminente, sigue sin haber una orientación pública clara sobre cómo serán tratados en la práctica los ciudadanos británicos que viajen a Gibraltar, o qué medidas se están tomando para prevenir más incidentes de este tipo", continúa.

"También nos preocupa la falta de claridad sobre las implicaciones del tratado en la soberanía, incluido el papel propuesto por las autoridades españolas para la realización de controles Schengen en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar. Las garantías públicas dadas anteriormente sobre el control total del Reino Unido parecen cada vez más difíciles de conciliar con la información proporcionada posteriormente por el Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), sin que el Parlamento haya tenido oportunidad de poner a prueba o examinar estas afirmaciones", apostillan, antes de acusar a la ministra de no haber cumplido su compromiso de publicar y someter a escrutinio parlamentario el texto del acuerdo: "No se debería esperar que el Parlamento acepte informes de segunda mano y filtraciones mediáticas en lugar de la responsabilidad ministerial". "El Parlamento, los residentes de Gibraltar y los ciudadanos británicos merecen algo mejor que el silencio sobre un tema de esta magnitud", concluye el escrito.

Aunque los tories no parecen nada contentos, el exdiputado conservador y expresidente del Grupo Parlamentario Multipartidista sobre Gibraltar, Bob Neill, defiende que existe un apoyo positivo al tratado de Gibraltar en Reino Unido, según recogieron esta semana los medios de comunicación llanitos.

En junio de 2025 se alcanzó un acuerdo político definitivo sobre los elementos esenciales del tratado que regulará el futuro marco de relaciones de la colonia británica con el espacio comunitario, un acuerdo largamente negociado que aspira a eliminar la Verja y a crear una “zona de prosperidad compartida” en el Campo de Gibraltar. Seis meses después, en diciembre, la UE y Reino Unido dieron por cerrado el texto. En enero, el consejo de ministros llanito dio el visto bueno al documento, que aún debe superar una revisión jurídica definitiva por ambas partes. Una vez completada la revisión legal, el texto definitivo será presentado al Parlamento de Gibraltar mediante una moción sujeta a enmiendas para su debate. La aprobación por parte de la Cámara gibraltareña será el paso previo para que el Reino Unido active sus propios procedimientos de ratificación, que serán complejos y sin plazos cerrados.

Turbulencias en Downing Street

La recta final para la ratificación del tratado de Gibraltar llega cuando el Gobierno del primer ministro Keir Starmer se enfrenta a una intensa presión política interna y externa, mientras intenta consolidar su mandato tras más de un año en el poder y afrontar desafíos crecientes tanto en su propio partido como en la opinión pública.

Starmer se enfrenta a peticiones de dimisión dentro de su propia formación tras la polémica en torno al nombramiento del veterano político Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Estados Unidos, un movimiento que ha generado críticas y divisiones internas. La fuerte polémica se fundamenta en las supuestas conexiones de Mandelson con los documentos relacionados con el pederasta Jeffrey Epstein. Además, en los últimos días, la crisis dentro de la administración se ha intensificado con la salida de Chris Wormald, el máximo funcionario civil del Reino Unido, quien dimitió como secretario del Gabinete en medio de una controversia que ha sacudido a Downing Street y ha puesto en entredicho la cohesión del Ejecutivo. No fue la única dimisión: Morgan McSweeney, jefe de gabinete del primer ministro, también abandonó el cargo, mientras que Tim Allan, exdirector de comunicación, dimitió alegando que la gestión actual en Downing Street se había convertido en “una enorme distracción” para el trabajo del Partido Laborista en todo el país.

No obstante, el primer ministro ha rechazado estas presiones y reiterado que no tiene intención de abandonar el cargo, defendiendo su liderazgo frente a las voces disidentes.

A nivel internacional, la figura de Starmer sigue siendo relevante: en un discurso reciente en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el primer ministro británico ha abogado por una cooperación más estrecha con Europa en materia de defensa, subrayando la importancia de reforzar el papel del Reino Unido en la seguridad transatlántica y europea.

A pesar de estos esfuerzos en política exterior, la preocupación por la estabilidad interna del Gobierno crece, y algunos analistas señalan que la propia posición de Starmer al frente del Ejecutivo podría estar en entredicho si no logra consolidar el apoyo dentro de su partido y recuperar la confianza popular.

El camino en la UE

En paralelo, el texto del tratado deberá ser traducido a los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea, un requisito indispensable para que pueda avanzar por los órganos comunitarios. El procedimiento de aprobación seguirá el esquema previsto en los tratados internacionales: primero, el Consejo de la Unión Europea, integrado por los gobiernos de los Estados miembros, adoptará formalmente el acuerdo, tras aprobarlo por mayoría cualificada o por unanimidad, según lo establece el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE).

A continuación, el Parlamento Europeo debatirá el acuerdo y, si corresponde, emitirá su voto de consentimiento, condición necesaria para que el tratado pueda considerarse aprobado dentro del bloque comunitario. Aunque algunos tratados requieren ratificación por los parlamentos de todos los Estados miembros, en este caso —al tratarse de un acuerdo entre la UE y un tercer país, el Reino Unido, sobre un territorio concreto— la ratificación formal se realiza a nivel comunitario, principalmente a través del Consejo y el Parlamento Europeo.

Para la mayoría de los acuerdos internacionales que afectan a políticas internas de la UE, como los que involucran el mercado interior, la libre circulación o derechos fundamentales, el tratado debe ser aprobado por Parlamento y Consejo bajo el llamado procedimiento de consentimiento. Esto significa que el Parlamento Europeo tiene derecho a aprobar o rechazar el acuerdo, pero no puede modificar su contenido, mientras que el Consejo también debe dar su aprobación por mayoría cualificada o unanimidad, según lo previsto en el TFUE. Solo si ambos organismos dan su consentimiento, el tratado puede proceder a su aplicación.

En aquellos casos en que el acuerdo se limite a competencias no compartidas o no afecte directamente a políticas internas, el Parlamento puede actuar solo de manera consultiva. Sin embargo, para la mayoría de los tratados relevantes, el consentimiento formal del Parlamento es indispensable antes de que el acuerdo entre en vigor. Una vez completado este proceso, el tratado podrá aplicarse plenamente, cumpliendo además con cualquier requisito interno adicional que pueda corresponder a los Estados miembros.