Reabierta la investigación por la muerte de dos ceutíes en un choque con una patrullera de la Policía de Gibraltar en aguas españolas

El Tribunal Forense de Gibraltar abrirá el próximo 27 de mayo una segunda investigación sobre las muertes de dos ciudadanos españoles, ambos ceutíes residentes en La Línea, durante la colisión entre una embarcación inflable de casco rígido (RHIB) en la que viajaban y un barco de la Royal Gibraltar Police en aguas españolas en marzo de 2020.

La primera investigación, realizada en noviembre de 2021, concluyó que los dos ceutíes fueron víctimas de un homicidio doloso, que fue refrendado por el Tribunal Supremo de Gibraltar. De este veredicto no se derivaba una responsabilidad penal porque no se trató de un juicio, sino de un análisis exhaustivo de hechos, pero sí se mantenía abierta la opción de una revisión del caso, tanto por parte policial como de la Corona. En marzo de 2021 ya se concluyó que los dos agentes involucrados en la colisión no se enfrentarían a cargos criminales.

Pero el Tribunal de Apelaciónanuló hace un año el veredicto a raíz de un recurso de los dos policías gibraltareños involucrados en el accidente al considerar que las indicaciones dadas por el juez de instrucción al jurado eran "profundamente erróneas" y que las pruebas debían examinarse en una nueva investigación. El Tribunal Forense escuchó el viernes los argumentos de las partes y fijó para el 27 de mayo la primera sesión ante un jurado popular. Se espera que el proceso se prolongue durante dos o tres semanas.

El forense Karl Tonna analizará la conducta de los policías y los fallecidos durante la persecución y la respuesta inmediata después de la colisión, así como los procedimientos operativos y de entrenamiento marino de la Royal Gibraltar Police en el momento del incidente. Aunque todavía no ha concluido su lista de testigos sí se sabe que esta vez puedn verse incluidos oficiales policiales de alto rango. También se está intentando localizar a otros dos hombres que estaban en el RHIB en el momento de la colisión, uno de los cuales ofreció su testimonio durante la primera investigación. Actualmente se desconoce su paradero.

Los oficiales de la RGP implicados en el incidente se les mantuvo en el anonimato durante la primera investigación, en las apelaciones posteriores y los procesos legales relacionados. Esta vez continuará igual.

El accidente mortal

En las primeras horas del 8 de marzo de 2020, una embarcación de la Policía Real de Gibraltar (RGP) persiguió a dos hombres en una embarcación semirrígida sospechosa de transportar carga ilegal. El resultado fue una colisión en aguas españolas y la muerte de dos hombres.

El Tribunal de Apelación examinó una serie de puntos clave, entre ellos si la tripulación del buque de la RGP debía prestar atención a los ocupantes de la embarcación semirrígida y si el riesgo de muerte era una consecuencia razonablemente previsible de la forma en que se manejaba la embarcación semirrígida.

El veredicto original de "homicidio doloso" fue anulado por tres motivos:

En primer lugar, los "errores del juez de instrucción" por determinar el alcance del deber de asistencia a los tripulantes de la embarcación a efectos de considerarlo homicidio por negligencia grave. También rechazó la opinión del presidente del Tribunal Supremo de que, debido que la colisión se produjo en aguas españolas, quedaba fuera de la jurisdicción de los agentes de la RGP, quienes, al no tener poder de detención, ya no estaban actuando en cumplimiento de su deber, aunque creyeran que se encontraban en aguas de Gibraltar. El Tribunal de Apelación consideró que este análisis retrospectivo era manifiestamente erróneo y que deberían haberse tenido en cuenta las acciones realizadas en ese momento y en esas circunstancias.

El segundo motivo fue la "explicación insuficiente y engañosa" que el juez de instrucción dio al jurado sobre lo que constituye un incumplimiento del deber.

En tercer lugar, que el magistrado instructor "había orientado lamentablemente mal al jurado sobre la cuestión del riesgo grave y evidente de muerte". De nuevo, la sentencia dice que fue un error por parte del presidente del Tribunal Supremo utilizar el beneficio de la retrospectiva en su Revisión Judicial.

El juez de apelación Nigel Davis señala que no se podía prever que la colisión pudiera adoptar la forma horrible y fatal que adoptó y que "dado que las instrucciones dadas al jurado no estaban bien formuladas, no eran equilibradas ni jurídicamente exactas, estaba de acuerdo en que la justicia exigía que se celebre un nuevo proceso".

El diario El Faro de Ceuta señaló que en España, cuatro años después, las familias de los fallecidos siguen esperando justicia. Presentaron una denuncia en los juzgados de La Línea para indagar en lo ocurrido, "ejecutándose una investigación por parte de la Guardia Civil que chocó con la nula colaboración ofrecida a España por parte de Gibraltar".

La investigación de la Benemérita, explicó el periódico ceutí, concluyó que los dos ceutíes fueron arrollados de una manera "brutal e injustificada", en un choque que quedó recogido en las grabaciones de las cámaras del SIVE, toda vez que tuvo lugar en aguas españolas.