Informe McGrail: Picardo intentó interferir en una investigación de la Policía de Gibraltar al socio principal de Hassans, James Levy

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, realizó intentos “gravemente inapropiados” de interferir en una investigación y una operación policiales "legítimas" en las que James Levy, socio principal de Hassans y su amigo y mentor, era entonces sospechoso. Así lo concluye el informe final de la llamada investigación McGrail, que indaga las razones y circunstancias que llevaron a la jubilación anticipada del ex comisario de policía Ian McGrail en junio de 2020, después de 36 años de carrera y a mitad de su mandato en el máximo cargo de la Royal Gibraltar Police (RGP).

Sir Peter Openshaw, principal encargado del caso, afirma en el documento de 706 páginas hecho público este martes tras varios retrasos, que aunque no hubo interferencia efectiva que detuviera la investigación, que continuó normalmente y meses después exoneró a Levy, las acciones de Picardo durante una "tensa" reunión del 12 de mayo de 2020 en No.6 Convent Place fueron consideradas altamente inapropiadas y constituyeron un elemento central de la evidencia.

Openshaw señala que Picardo “reprendió” a McGrail mientras los oficiales ejecutaban una orden de registro contra Levy. Además, en los días posteriores, Picardo continuó realizando intentos impropios de influir en la investigación sobre el presunto “hackeo y sabotaje” del Sistema Centralizado de Inteligencia de Seguridad Nacional (NSCIS) y sobre un supuesto complot para defraudar a Bland, la empresa privada que opera el sistema.

Operación Delhi

Esa investigación policial, conocida como Operación Delhi, surgió de una disputa comercial entre Bland y dos exempleados que habían creado la empresa 36 North con la esperanza de obtener el contrato gubernamental. El contrato debía transferirse por acuerdo entre las empresas, pero surgió un conflicto sobre la propiedad del software, con acusaciones de que el sistema había sido manipulado. Levy y Hassans eran accionistas de 36 North, mientras que Picardo también tenía un pequeño interés indirecto a través de su asociación con la firma legal. Openshaw señaló que esto hacía especialmente inapropiado que Picardo contactara a Levy respecto a la investigación. Picardo opinaba que la orden de registro se había solicitado con pruebas insuficientes y que un abogado de la relevancia de Levy debería haber cooperado voluntariamente con la RGP, que podía haber obtenido una orden de producción de dispositivos electrónicos, menos intrusiva que un registro completo.

Picardo también sostuvo que McGrail le mintió durante la reunión del 12 de mayo al sugerir que Chris Rocca, director de la Fiscalía Pública (DPP), había aconsejado a la RGP solicitar la orden de registro. Sin embargo, la investigación concluye que el DPP no había dado tal consejo, y que aunque Rocca favoreció una orden de producción, dejó la decisión operativa a la RGP. No hay evidencia de que McGrail mintiera deliberadamente. Openshaw reconoce que Picardo “genuinamente creyó” que McGrail había mentido, pero fue un malentendido que tuvo consecuencias significativas y contribuyó a la percepción de Picardo de que McGrail debía salir del cargo. Este malentendido tuvo “las consecuencias más lamentables” y fue un factor clave en la decisión de Picardo de presionar la salida de McGrail, se lee en el documento.

En relación con el ex comisario McGrail, Openshaw halló que su jubilación anticipada en junio de 2020 fue el resultado de presión indebida, defectos procesales y un entorno que afectó negativamente su salud mental y personal. McGrail denunció públicamente “mala conducta y corrupción” a niveles altos del gobierno y afirmó haber sido “presionado” durante la investigación. La Autoridad Policial de Gibraltar (GPA), bajo la influencia del ministro principal, invitó al comisario a jubilarse sin permitirle presentar una defensa ni proporcionarle detalles completos de las acusaciones. Esto constituyó un fallo procesal grave, que el informe califica como ilegal y defectuoso. La GPA justificó su decisión en un incidente ocurrido el 8 de marzo de 2020, en el que dos ciudadanos ceutíes residentes en La Línea murieron tras una colisión con un buque de la RGP durante una persecución en aguas españolas, y en un informe “lamentablemente malo” de la HMIC (la Inspección de la Policía). En ningún momento consideró la Operación Delhi ni la intervención de Picardo.

Manipulación

Openshaw argumenta que Picardo manipuló el proceso al ocultar deliberadamente sus quejas sobre la orden de intervención contra Levy tras presentar motivos secundarios a la GPA. Esto permitió que McGrail fuera retirado por razones inexactas, desviando la atención del verdadero motivo, es decir, la presión indebida sobre la investigación a Levy. Además, Picardo sostuvo reuniones privadas con Levy y su abogado, Lewis Baglietto, sin documentación ni registro, lo que la conclusión de la investigación califica como “gravemente impropias”. Compartir información confidencial del fiscal general, Michael Llamas, con Levy sobre la orden de registro constituyó una violación de confidencialidad, que podría favorecer la defensa de Levy en detrimento de la investigación. La cultura informal de Gibraltar, en la que los ministros interactúan con frecuencia con ciudadanos y colegas, no justifica la falta de transparencia ni la aparición de conflictos de interés.

Openshaw rechazó las acusaciones de McGrail de que Michael Llamas intentó interferir con la investigación antes de la orden de registro. Concluyó que Llamas actuó correctamente, que no hubo interferencia indebida y que la disposición de la RGP de aceptar acuerdos con su mediación no constituyó interferencia. De manera similar, el Gobernador interino en aquel tiempo, Nick Pyle, actuó de buena fe y no fue manipulado por Picardo. Pyle tomó decisiones legítimas sobre el uso de sus poderes bajo la sección 13 de la Ley de Policía para pedir la jubilación anticipada de McGrail, actuando con independencia y transparencia.

El informe enfatiza que McGrail se sintió presionado por Picardo y Pyle, lo que afectó su salud mental y vida personal. La jubilación de McGrail se debió a la presión indebida, defectos procesales y la falta de notificación adecuada sobre las razones reales de la pérdida de confianza, incluyendo la Operación Delhi y la supuesta mentira respecto a Levy. Aunque la jubilación podría haberse corregido si se hubieran proporcionado detalles completos de las acusaciones, Openshaw declina recomendar disculpas o compensación, indicando que no está dentro de sus términos de referencia conducir a posibles resultados alternativos.

El informe subraya que, aunque no hubo interferencia directa que impidiera la ejecución de la RGP, las acciones de Picardo fueron intentos inapropiados de influir en la investigación y constituían un conflicto de interés significativo. Sir Peter destacó que el proceso que llevó a la jubilación de McGrail estuvo plagado de defectos procedimentales que afectaron su derecho a defensa y contribuyeron a que se sintiera “injustamente y legalmente obligado” a retirarse. La presión ejercida, junto con la manipulación de la información y reuniones privadas no registradas, creó un entorno de injusticia que influyó decisivamente en su decisión.

Recomendaciones

El informe sí realiza recomendaciones precisas para reforzar la independencia y gobernanza de la GPA y la RGP, asegurar la transparencia en reuniones de figuras públicas con personas implicadas en investigaciones activas y prevenir conflictos de interés. Subraya la necesidad de procedimientos claros, documentación oficial de decisiones y salvaguardas adicionales para proteger la integridad de las investigaciones y garantizar la correcta separación entre intereses personales y decisiones públicas, preservando la confianza pública.

Entre las recomendaciones más importantes, señala que los ministros y funcionarios públicos reciban orientación sobre la separación de funciones políticas y judiciales, que la información confidencial obtenida por cargos públicos no se comparta con sospechosos ni sus abogados, que todas las reuniones con personas implicadas en investigaciones activas sean registradas y documentadas y que la GPA y la RGP mantengan procedimientos claros y auditables para la gestión de quejas y pérdida de confianza. Además, aconseja que se revise la práctica local de reuniones informales entre políticos, abogados y empresarios para asegurar transparencia y evitar conflictos de interés, que se implementen protocolos que aseguren que decisiones como la jubilación anticipada de oficiales de alto rango se basen en información completa y notificada correctamente y que se fortalezcan las salvaguardas para proteger la independencia de la GPA y RGP, y la integridad de las investigaciones policiales.

El informe concluye que Picardo realizó intentos impropios de interferir en una investigación legítima, que McGrail se jubiló anticipadamente debido a presión indebida, defectos procesales y preocupaciones por su salud y reputación, y que la situación subraya la necesidad de reformas institucionales para proteger la independencia y confianza en las instituciones de Gibraltar. También enfatiza que, aunque McGrail fue presionado, no se encontró evidencia de que el gobernador interino o el fiscal general actuaran de manera impropia.

Po último incide en la la importancia de la transparencia, la documentación, la separación de intereses personales y públicos, y la necesidad de reformas estructurales para prevenir la repetición de casos similares en el futuro, protegiendo la integridad de la administración pública y la confianza de la ciudadanía en Gibraltar.

Tras la publicación del informe, Picardo incide en que el Gobierno acepta íntegramente esas recomendaciones y, de hecho, ya ha comenzado a trabajar para implementar estos cambios en los próximos meses. "El Informe concluye que no hubo interferencia real en la investigación de la RGP por mi parte, ni por parte de nadie en mi nombre ni por parte de ningún funcionario del Gobierno, ni conspiración para destituirlo de su cargo", apostilla. No obstante, pide "disculpas al pueblo de Gibraltar" si considera que sus acciones "no estuvieron a la altura de las expectativas" que tienen de él como ministro principal. "Lamento sinceramente que consideren que fallé. Siempre intento dar a Gibraltar lo mejor de mí".