Gibraltar, la nueva Mónaco al sur de Europa

Gibraltar/Hace nueve años, el 23 de junio de 2016, la victoria del sí en el referéndum del Brexit dio paso a un largo período de incertidumbre en las relaciones que hasta ese momento habían mantenido España y Gibraltar y, más en concreto, el Campo de Gibraltar y Gibraltar. La salida de Reino Unido de la Unión Europea ponía fin a una etapa abierta en 1985, a raíz de la entrada de España en la CEE, bajo unas condiciones enormemente favorables para la colonia británica y que se materializaron en la consolidación del estatus privilegiado de esta respecto a sus vecinos en todos los órdenes: bajos impuestos, opacidad financiera, barra libre en el contrabando de tabaco, laxitud en materia de protección medioambiental y bajas pensiones para los trabajadores españoles transfronterizos, entre otros factores, entre los que se incluía el mantenimiento en el Peñón de una base militar de primer orden, al margen de la estructura de la OTAN.

El Brexit o Gibrexit -en su versión llanita- supuso hacer borrón con todo ello y hacer cuenta nueva. Gibraltar jamás quiso abandonar la UE, pero se vio arrastrada fuera de ella por la voluntad mayoritaria expresada por la metrópoli. ¿Y ahora, qué?, se preguntaron los 34.000 gibraltareños que hasta ese momento entraban y salían de la roca a su antojo, muchos de ellos disfrutando de las ventajas de trabajar, tributar y residir oficialmente en un paraíso fiscal y, a la vez, de los espetos de sardinas en la playa de levante de La Línea y de los chalés de Sotogrande junto a extensos campos de golf. La Verja que separaba ambos mundos pasó a ser una frontera exterior de la UE y, con el Código de Fronteras en la mano, el control y sellado de pasaportes era un requisito imprescindible, al menos sobre el papel.

Materializado formalmente el Brexit, el 31 de enero de 2020, se activaron las alarmas en Gibraltar. Una cosa era manejarse en ese nuevo contexto indeseado con un Gobierno amigo en España, del PSOE, manteniendo el estatus casi como si no hubiera pasado nada, que hacerlo en un futuro con otro -en manos del PP, con el apoyo quizá ineludible de Vox- que pudiera convertir la Verja en un muro casi infranqueable.

La tarea consistía, así pues, en lograr un acuerdo político y jurídico que permitiera derribar la Verja para disipar fantasmas pasados, presentes y futuros. Y eso pasaba, sí o sí, por equiparar las reglas del juego existentes a uno y otro lado, igualando a la colonia con el territorio al que desea reintegrarse, el espacio Schengen, pero de verdad y mediante la transposición de la normativa de la UE a su ordenamiento. En resumidas cuentas, hacer posible una victoria conjunta sin perdedores, aparcar los problemas irresolubles -básicamente, las trifulcas sobre la soberanía- y hacer más fácil la vida de las personas: salir mejor parados de una situación de crisis que ninguno de sus actuales protagonistas políticos quiso o buscó.

Tras más de cuatro de años de dimes y diretes -la primera cita de los negociadores tuvo lugar en octubre de 2021- el pasado miércoles vio la luz el acuerdo base para lograr una “prosperidad compartida”, un consenso cuya expresión gráfica estuvo en una foto y en las manos unidas en Bruselas de José Manuel Albares, ministro de Exteriores; Maros Sefcovic, comisario europeo; David Lammy, titular británico de Exteriores, y Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar. Desde el Gobierno español se sostiene que el borrador de tratado está redactado y pactado al 90%.

El consenso logrado vincula a Gibraltar de dos de los cuatro pilares fundacionales de la Unión, presentes en el Tratado de Roma de 1957, la libertad de movimiento de personas y mercancías, pero los excluye de los otros dos, la libertad de movimientos de servicios y capitales. Si es un traje a la medida del Peñón, ajustable en la sisa y en su largo a este lado de la Verja, lo dirán el texto final del tratado y su puesta en práctica.

Impuestos

Es uno de los aspectos clave del acuerdo. La equiparación fiscal progresiva con España se realizará en un plazo no superior a los tres años mediante la aplicación de impuestos indirectos, que gravarán los productos de consumo, así como a los hidrocarburos, las bebidas alcohólicas y el tabaco, sujetos como en la UE a una imposición fiscal más alta.

Desde la entrada en vigor del acuerdo, Gibraltar tendrá que subir su impuesto sobre transacciones (el Transaction Tax, equivalente al IVA para los bienes) al menos hasta el 15%. Es el tipo impositivo base en la UE, si bien el más bajo que se aplica en los Veintisiete está en el 17%, en Luxemburgo. Actualmente la colonia aplica un 3% y propuso durante la negociación subir al 10%, menos de la mitad del tipo ordinario vigente en España, que es del 21%. De esa equiparación quedan fuera los impuestos sobre los servicios.

Aduanas

El acuerdo recoge los principios de una unión aduanera entre la UE y Gibraltar. La tarea a desarrollar en ese ámbito es ardua. Según el Gobierno español, las mercancías de fuera de la Unión Europea que entren en Gibraltar podrán pasarán controles previos -aduaneros y fitosanitarios- en un puerto español (principalmente el de Algeciras) antes de entrar al Peñón sin restricciones. ¿Pero qué sucederá con las mercancías que entren desde fuera de la UE por el puerto de Gibraltar o su aeropuerto? La lógica indica que, en ese caso, los controles fitosanitarios deberían ser llevados a cabo por personal acreditado por la UE y de acuerdo a su normativa. Nada se ha indicado aún al respecto.

El acuerdo fija, además, un mecanismo permanente de trazabilidad de los productos, de tal forma que el espacio Schengen no se vea inundado de productos fuera de su legislación. Entre ellos figuran marcas de cigarrillos que, actualmente, entran a mansalva en España de contrabando previa escala en Gibraltar y cuya composición vulnera la normativa sanitaria de la UE.

Medio Ambiente

En materia ambiental, Gibraltar ha venido mostrando a lo largo del proceso de negociaciones cierta voluntad de equiparar su normativa en el ámbito ambiental al de los socios europeos. Las exigencias de la UE al respecto eran altas y habrá que comprobar cuál es la fórmula final pactada y qué periodo se da a la colonia para equiparar su legislación a la de sus vecinos. Por lo pronto, el Peñón vierte sus aguas residuales sin depurar a varias millas de la costa mediante un emisario submarino y su norma sobre emisiones atmosféricas es más permisiva.

La referencia explícita en el acuerdo a los "vertidos y rellenos" como parte de los compromisos a asumir por Gibraltar en línea con los estándares europeos se interpreta como una referencia indirecta al polémico proyecto de urbanización y ganancia de terreno al mar en la zona del Eastside, denunciado por la Fiscalía de Medio Ambiente ante los juzgados de La Línea a raíz de las indagaciones de Verdemar-Ecologistas en Acción.

Pensiones y bajas de los transfronterizos

El silencio mantenido hasta ahora al respecto por parte de los negociadores da qué pensar. Los jubilados españoles que trabajaron en la colonia cobran de media unos 400 euros menos al mes que quienes fueron sus compañeros de trabajo y cotizaron por igual tiempo. ¿Habrá un mecanismo para compensar a los actuales y futuros pensionistas? ¿Cómo se financiaría esa fórmula?

Un añadido más en materia laboral: En 2022, la Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Ascteg) denunció que los transfronterizos que enferman sólo perciben de prestación por enfermedad dos semanas con el 100% del sueldo y cuatro semanas con el 50%; cuando la enfermedad es de larga duración, como casos de cáncer o accidentes, no sólo no cobran nada, sino que tampoco pueden solicitar ningún tipo de prestación en España ni en Gibraltar al estar declarados como “trabajadores activos”. Los residentes en Gibraltar, en cambio, si tienen una prestación a través de su Welfare o Bienestar Social.

Aeropuerto: uso y gestión compartida

El aeropuerto de Gibraltar -de titularidad de la Royal Air Force (RAF) y construido ilegalmente sobre el istmo no cedido en el Tratado de Utrecht- abrirá al tráfico civil para vuelos británicos, europeos y españoles. Su gestión se encomendará a una empresa mixta, se entiende que hispano-británica. La Policía Nacional y la de Gibraltar harán un doble control en el aeródromo -sin el apoyo de Frontex- de la misma forma que se hacen en la estación de St. Pancras, en Londres, donde la policía francesa lleva a cabo controles migratorios a los pasajeros antes de embarcar hacia el continente.

Puerto

Otro tanto debería ocurrir con los controles en el puerto. Picardo ha negado que la Policía Nacional vaya a tener presencia allí, aunque está por ver. De la misma forma que, en el aeropuerto, la policía controlará la llegada de las personas, le corresponderá hacer lo propio en los muelles del Peñón con las tripulaciones de los barcos o con los pasajeros de los cruceros no procedentes de puertos del espacio Schengen. Y otro tanto cabe decir del Servicio de Vigilancia Aduanera y los inspectores del Puesto de Control Fronterizo en lo referente a las mercancías y productos alimentarios.

Las bases militares

Ninguno de los firmantes ha hecho alusión a la incardinación de las bases militares de la RAF y de la Royal Navy (RN) en el espacio Schengen y de su personal. ¿Cómo se controlará el movimiento de los militares y del personal civil destinado o que llegue a ambas bases? ¿Y del material militar, incluidos los submarinos nucleares y los misiles Tomahawk? La cuestión no es baladí: suprimir una frontera y abrir el territorio a una fuerza militar extranjera, por muy aliada que sea en la OTAN, requiere de algo más que la buena fe. Se llama seguridad nacional.

Dos protagonistas

El acuerdo tiene dos protagonistas principales: La Línea y Gibraltar, los dos territorios vecinos que mantienen posiblemente entre sí las diferencias más altas en términos de riqueza en el conjunto del continente europeo. El acuerdo es un arma de doble filo para los linenses: por un lado, garantiza que 15.000 de sus vecinos puedan ir a trabajar sin impedimentos a Gibraltar y que el capital llanito invierta en su término municipal; la cruz es el temor a una escalada inflacionista, especialmente, en materia de vivienda, y a un aumento inasumible del tráfico de vehículos entrando y saliendo de la Roca. Juan Franco, el alcalde, pide medidas singulares para su pueblo por parte del resto de las administraciones.

Gibraltar se enfrenta a un cambio de paradigma. A pie de calle y a bote pronto, sus vecinos expresan su temor a un incremento de la delincuencia callejera como consecuencia del adiós a la Verja, aunque a futuro los cambios serán mayores. El acuerdo deja fuera de los nuevos impuestos el sector de los servicios, el financiero y el de las empresas de juego online, sin los que no se entiende la prosperidad de un territorio de 6 km² donde no se fabrica nada a escala industrial.

El pacto, por contra, sí afecta a las ventas de tabaco -gracias al contrabando- y a los ingresos que por ese concepto obtiene la hacienda llanita.

Hay quienes mantienen que Picardo se tapa, pero que su pretensión real es pasar página de un modelo económico de décadas pasadas basado en la opacidad financiera, el lavado de dinero y los ingresos fiscales por contrabando (en 2022, según datos del Ministerio de Hacienda, los impuestos recaudados por la colonia por la venta de tabaco fueron de unos 185 millones de euros, algo más de un tercio de su presupuesto anual). Su estrategia a medio plazo es consolidar al Peñón como un referente en el mundo de la banca, de las empresas del juego online y la Inteligencia Artificial… Liderar el sector de los servicios dentro de Europa, con baja tributación. Una suerte de nueva Mónaco, al sur del Sur.