El temor a que Reino Unido arrastre el próximo 31 de octubre al Peñón fuera de la Unión Europea sin un acuerdo de retirada se ha rebajado en el Campo de Gibraltar gracias a un histórico fallo judicial tomado a más de 2.300 kilómetros de distancia de la Verja. Los once magistrados de la Corte Suprema británica consideraron "ilegal" la suspensión del Parlamento que el primer ministro británico, Boris Johnson, puso en marcha el pasado día 9 con la intención de dejar sin tiempo a los diputados que abominan de la salida y también a los que creen que, en cualquier caso, no debe producirse sin un acuerdo con la Unión Europea. 

Como el Supremo determinó que la decisión de Boris Johnson es "nula y sin efecto" y el primer ministro afirmó que la respetará pese a que está "en profundo desacuerdo", el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, se apresuró a dar instrucciones para que el periodo de sesiones se reanude este mismo miércoles por la mañana. Será en ese momento cuando se retome la batalla política contra el Gobierno que lidera el ex alcalde de Londres por parte de una oposición que a finales de agosto se unió para intentar evitar desde la Cámara el temido Brexit salvaje. Es decir, Westminster hará lo que Boris Johnson no quería y, además, con el aval de un Tribunal Supremo que, a falta de una Constitución escrita, ha dejado claro que el poder constitucional británico reside en sus bancadas y no en el número 10 de Downing Street. 

Una nueva legislación aprobada por los Comunes antes de decretarse el cierre parlamentario obliga ahora a Boris Johnson a solicitar a la Unión Europea una nueva prórroga del Brexit en caso de que Londres y Bruselas no alcancen un acuerdo antes del 19 de octubre y de que los diputados no voten a favor de una salida abrupta. El primer ministro se encontraba ayer en Nueva York, donde parece poco probable que pueda alcanzar un pacto con los 27, e iba a regresar a Londres con tiempo para incorporarse al Parlamento. Hace días dijo que preferiría estar "muerto en una zanja" antes que solicitar una prórroga. Si finalmente se ve obligado a hacerlo, la UE podría aceptarlo o no. El ministro español de Exteriores, Josep Borrell, dijo hace días que el sí se podría dar "si una buena razón", como un adelanto electoral. Si los 27 niegan la prórroga, Reino Unido y Gibraltar quedarían abocados a una salida sin acuerdo, a cerrar un pacto en un tiempo récord -antes del 31 de octubre, con el reto difícilmente salvable de la salvaguarda irlandesa- o que a una moción de confianza contra el Gobierno. Johnson ha descartado dimitir como le ha pedido el líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, quien reclamó celebrar elecciones generales en el Reino Unido "tan pronto" como quede descartado el Brexit duro.  

El Gobierno de Gibraltar se limitó ayer a afirmar que la decisión unánime de la Corte Suprema británica es la demostración de que Reino Unido "está gobernada por el Estado de Derecho" y eso es lo que mantiene a los ciudadanos a salvo "del abuso político y gubernamental".    

El ministro principal, Fabián Picardo, afirma que "el juicio emitido por Lady Hale confirma el principio básico de que el Gobierno y el primer ministro siempre están sujetos a la control de los tribunales". "En nuestro sistema de ley y gobierno, si alguien es un príncipe, un primer ministro o un mendigo, todos estamos sujetos a la ley. Este juicio es, por lo tanto, una demostración del funcionamiento de una nación debidamente gobernada por el Estado de Derecho. Esto es lo que nos mantiene a salvo del abuso político y gubernamental y distingue al Reino Unido y Gibraltar de tantas otras naciones", reflexionó Picardo.  "Ahora veremos al Parlamento del Reino Unido regresar para continuar sus deliberaciones de todos los aspectos de Brexit. Esta es también una demostración de que las instituciones centrales del Reino Unido están trabajando de forma neutral, sin miedo ni favoritismo, a pesar de las profundas, palpables y partidistas divisiones políticas relacionadas con el Brexit", concluyó.