El Tribunal Supremo del Reino Unido ha dado un duro golpe a la determinación del primer ministro, Boris Johnson, de conducir a su país y a Gibraltar a una salida de la Unión Europea el próximo 31 de octubre pese a que no ha ratificado el acuerdo de retirada. Los once magistrados han declarado por unanimidad ilegal, nula y sin efectos la decisión del ex alcalde de Londres de suspender el Parlamento.

Los jueces defienden que el Parlamento predomina, en su capacidad legislativa y de control, sobre el Gobierno. Además entienden que la decisión del Ejecutivo de suspender el periodo de sesiones en Westminster, durante un excepcional plazo de cinco semanas, frustró la intención de los diputados de frenar un Brexit sin acuerdo. El tribunal reprocha al Gobierno que fue incapaz de explicar, durante las tres jornadas que duró la vista pública, razones convincentes para justificar su decisión. 

"La decisión de aconsejar a Su Majestad que suspenda el Parlamento fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable", dijo la presidenta de la Corte Suprema, Brenda Hale.

La ilegalidad de suspender el Parlamento implica, según el alto tribunal, que la cámara no está cerrada, por lo que es decisión del speaker, John Bercow, volver a convocar a los diputados cuando estime oportuno. Lo hará, según dijo, "sin retraso" después de consultar a los líderes de las formaciones políticas los pasos a seguir "con la mayor urgencia posible".

Los once jueces de la máxima instancia judicial de este país tenían que examinar dos recursos diferentes: el de la Corte de Apelación de Escocia, que consideró ilegal la medida adoptada por el jefe de Gobierno, y la del Tribunal Superior de Londres, que determinó que la cuestión era competencia política.