El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este lunes que el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional la ley aprobada en Aragón por PP y Vox que deroga la de Memoria Democrática de esa comunidad si el ejecutivo autonómico no acepta modificarla. 

En declaraciones en TVE, Torres ha adelantado que comunicará al Gobierno de Aragón la interposición del artículo 33.2 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional para convocarle a una comisión bilateral donde abordar esta discrepancia y tanto "si se niegan" a acudir esa reunión como si no acepta modificar la nueva norma autonómica, "automáticamente" el Gobierno presentará recurso. 

El titular de Memoria Democrática ha reconocido que es "complicado" que puedan llegar a un acuerdo en este ámbito, a la vista del contenido de la nueva norma aragonesa impulsada por el PP y Vox. 

Torres ha indicado que la ley aprobada en febrero por las Cortes de Aragón para derogar la de Memoria Democrática aprobada por el anterior ejecutivo de izquierda, "vulnera principios como el derecho internacional, retira cualquier homenaje a las hombres y mujeres de Aragón que perdieron la vida en los campos de concentración nazis, o lugares de memoria, o por ejemplo retira la condena del franquismo". 

De la misma manera actuará en su caso el Gobierno, ha anunciado también, con las proposiciones de ley de "concordia" que se preparan en Castilla y León y la Comunidad Valenciana, aunque en estos casos lo "importante", ha apuntado, es que esas proposiciones "decayeran" sin llegar a ser aprobadas. 

En las tres comunidades, gobernadas por el PP y Vox, lo que se busca, según ha explicado el ministro, es "igualar" los años de la dictadura con los de "un periodo de un régimen democrático como fue la II República" 

Lo que pretende el PP, "obligado y cediendo" ante Vox, ha dicho, es "blanquear la dictadura" e "igualar cuatro décadas de ausencia de libertades, de desapariciones y torturas" con un periodo democrático. 

Aragón se convirtió el pasado 15 de febrero en la primera comunidad en derogar una ley autonómica de memoria democrática con el apoyo de los tres grupos presentes en el Gobierno: PP, Vox y PAR. 

A continuación, PP y Vox presentaron el 21 de marzo en la Comunidad Valenciana, donde gobiernan en coalición, una proposición de ley de la "concordia" que sustituirá a la actual ley autonómica de memoria y que, según Vox, eliminará los términos "guerracivilistas" y mantendrá la reparación de todas las víctimas. 

En la misma línea, el PP y Vox, que gobiernan juntos en Castilla y León, presentaron allí el 26 de marzo una proposición de ley de la "concordia" para sustituir el vigente decreto autonómico de memoria histórica. 

Esta nueva norma no recoge una condena expresa a lo ocurrido entre la Guerra Civil y la Constitución española de 1978, al tiempo que suprime la palabra "dictadura" para referirse únicamente como franquismo al periodo comprendido entre 1939 y la llegada de la democracia.