Los narcotraficantes recuperan por piezas en el Puerto de Algeciras las lanchas que les incautó la Guardia Civil

Los narcotraficantes están logrando en Algeciras algo tan insólito como alarmante: volver a hacerse con las narcolanchas que les fueron incautadas en operaciones antidroga. No las recuperan enteras, sino desmontadas por piezas. En las últimas semanas han desaparecido motores fuera borda de alta potencia, radares, pantallas de navegación, antenas y diverso material procedente de embarcaciones intervenidas y que permanecen depositadas en el Puerto de Algeciras.

Las sustracciones se producen en el recinto situado junto a las antiguas instalaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, en la zona norte del puerto, un espacio donde se amontonan numerosas narcolanchas retiradas a narcotraficantes y contrabandistas. Se trata de una explanada de asfalto con escasa o nula vigilancia y con vallas perimetrales forzadas, cuando no directamente inexistentes, lo que facilita el acceso a quienes buscan recuperar el material.

Cada una de estas embarcaciones suele montar entre dos y cuatro motores fuera borda de gran cilindrada, con potencias que oscilan entre los 250 y los 450 caballos. El valor de mercado de un solo motor de unos 300 caballos se sitúa entre los 45.000 y los 50.000 euros, mientras que una narcolancha semirrígida preparada para el narcotráfico supera los 200.000 euros.

Tras el traslado del Servicio Marítimo

La situación se ha agravado desde que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Algeciras trasladó el pasado mes de octubre sus dependencias a la zona sur del puerto, en la dársena de El Saladillo. Las antiguas instalaciones fueron entregadas a la Autoridad Portuaria y, junto a ellas, permanecieron las embarcaciones incautadas en operaciones anteriores.

Desde entonces, las narcolanchas han quedado expuestas y sin apenas vigilancia. Mientras las nuevas incautaciones se trasladan a las dependencias actuales, las anteriores continúan acumulándose en un espacio abierto. Según la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), este modelo de custodia no hace más que perpetuar el problema, ya que la Guardia Civil no es depositaria judicial y carece de medios para garantizar la vigilancia permanente de estos efectos intervenidos.

Algunos motores intervenidos en nuevas operaciones aún conservan pintado el número de diligencias previas de delitos anteriores, una evidencia de que material incautado vuelve a manos de los narcotraficantes

Material incautado que vuelve al circuito delictivo

El hecho de que este material esté siendo reutilizado por las organizaciones criminales queda reflejado en un detalle especialmente revelador: en algunas de las embarcaciones incautadas en nuevas operaciones se han detectado motores que conservan aún pintado el número de diligencias previas correspondientes a delitos anteriores. Es decir, motores que ya habían sido intervenidos y marcados por la Guardia Civil han vuelto a aparecer en manos de las mafias del narcotráfico.

Desde la AUGC explican a Europa Sur que la gestión de este tipo de depósitos “siempre ha sido deficiente”, con efectos intervenidos acumulados durante años, sin una ordenación adecuada ni una destrucción o subasta ágil. Según relatan, a lo largo de diciembre se han sustraído tanto motores completos como piezas sueltas del equipamiento de las embarcaciones y de los propios motores, aprovechando la falta de vigilancia y el mal estado de los cerramientos perimetrales.

Denuncia de un sistema colapsado

La asociación profesional ha denunciado públicamente que lo ocurrido en Algeciras no es un hecho aislado ni anecdótico, sino el síntoma de un sistema de custodia desbordado. A su juicio, la reiteración de robos evidencia carencias estructurales: falta de custodia efectiva, insuficiencia de medios materiales, ausencia de medidas de seguridad y una pérdida de autoridad frente a las organizaciones criminales que actúan con impunidad.

En este contexto, la AUGC insiste en que los guardias civiles afrontan una amenaza real vinculada al narcotráfico sin el reconocimiento ni la protección que, a su entender, exigiría esta situación.

El contraste con los depósitos judiciales

El escenario contrasta con el modelo de depósitos judiciales públicos impulsado por la Junta de Andalucía. El pasado mes de abril, el Gobierno andaluz recordó que la comunidad cuenta ya con cuatro depósitos de carácter público destinados a custodiar vehículos incautados, muchos de ellos relacionados con el tráfico de drogas.

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, defendió entonces estas infraestructuras como necesarias para garantizar que los bienes intervenidos “no se deterioren y estén seguros”, dentro de un servicio adjudicado por concurso público y dotado con sistemas de vigilancia permanente.

No obstante, estos depósitos solo pueden asumir la custodia de narcolanchas cuando existe un auto judicial que ordene expresamente su depósito o destrucción. Mientras tanto, en el Campo de Gibraltar, numerosas embarcaciones siguen acumulándose en espacios provisionales, convertidas en un objetivo fácil para quienes, paradójicamente, ya las habían perdido en una operación policial.