Guardias civiles advierten de que el narcotráfico desafía al Estado en Andalucía: “La tragedia de Barbate no sirvió para nada”

El narcotráfico se ha convertido en un desafío directo al Estado de derecho en el sur de España. Así lo han denunciado este lunes los guardias civiles que participan en una jornada sobre narcotráfico organizada por la Federación Andaluza de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), en la que han alertado de un aumento “exponencial” de la delincuencia vinculada a esta actividad y de la creciente violencia contra los agentes que la combaten.

El colectivo mayoritario dentro del instituto armado ha puesto sobre la mesa una realidad operativa y jurídica “insostenible”, marcada por el incremento de las agresiones a guardias civiles, la falta de medios y la sensación de abandono institucional en amplias zonas del litoral andaluz.

“La tragedia de Barbate no sirvió para nada”. Con esta frase contundente ha resumido la situación el guardia civil de Seguridad Ciudadana en Cádiz, Víctor Carrasco, en referencia al asesinato de dos compañeros —uno de ellos, buzo destinado en la Comandancia de Algeciras y residente en Los Barrios—, embestidos mortalmente por una narcolancha en el puerto de Barbate en febrero de 2024.

Narcolanchas, jerarquías criminales y jóvenes captados por 1.500 euros

En su ponencia titulada El triángulo del narcotráfico en Chiclana y el litoral gaditano, Carrasco denunció que, cuando hay temporal, las narcolanchas regresan sin dificultad a los puertos mientras los agentes siguen sin refuerzos. “Hubo un despliegue inicial que ya no existe”, lamentó.

El guardia civil alertó además de la existencia de estructuras criminales perfectamente jerarquizadas, capaces de pagar hasta 1.500 euros mensuales a jóvenes por tareas logísticas como el conocido petaqueo, esencial para abastecer a las embarcaciones de alta velocidad. “Ellos tienen medios, organización y apoyo; nosotros, cada vez menos”, resumió.

Más de 16.000 agresiones y una profesión que sigue sin ser de riesgo

El secretario nacional de Organización de AUGC, Germán Gómez, exigió soluciones urgentes ante lo que calificó de “desafío directo al Estado de derecho”, recordando que guardias civiles y policías nacionales sufrieron más de 16.000 agresiones en 2024, según los últimos datos disponibles.

Para la asociación, la situación exige medidas estructurales: una reforma del Código Penal, el endurecimiento de las penas por atentados contra agentes, la declaración de Andalucía como zona de especial singularidad, el refuerzo inmediato de medios humanos y materiales y la recuperación de unidades desmanteladas como la Ocon Sur, considerada clave en la lucha contra el narcotráfico.

“O se actúa ya o esto irá a peor”

El secretario general de la Federación Andaluza de AUGC, José Manuel Manso, fue aún más explícito: “Necesitamos un nuevo modelo policial para combatir esta lacra. Desde el Gobierno no se está dando ni una sola solución efectiva. O se toman medidas desde ya o esto se va a agravar en un futuro muy cercano”.

Doñana, una puerta abierta al narcotráfico

La situación es especialmente grave en Huelva. Así lo explicó el secretario provincial de AUGC, Lucas Lavilla, que señaló las fronteras fluviales del Guadiana y el Guadalquivir y puso el foco en el entorno de Doñana, uno de los principales puntos de entrada de droga en la Península.

“Doñana es el mayor parque natural sin vigilancia física de Europa”, alertó Lavilla, quien denunció la inexistencia de una unidad específica contra el narcotráfico en la zona. En muchos casos, son agentes del Seprona —ocupados también en tareas como la localización de pozos ilegales— quienes se ven obligados a afrontar este tipo de delincuencia.

A la falta de medios se suma un factor especialmente preocupante: el uso creciente de armas, incluidas armas de guerra con munición perforante, por parte de las organizaciones criminales. En provincias como Almería, además, el narcotráfico se entrelaza con la inmigración irregular, incrementando aún más la complejidad del problema.

“Si ayuda a un narco y va de uniforme, es doble delincuente”

La expansión del narcotráfico, según AUGC, está provocando una peligrosa capilarización social de esta actividad delictiva, que alcanza incluso a algunos agentes. Lavilla fue tajante: “Da igual que sea un guardia civil o un fontanero. Quien ayuda a un narcotraficante es un delincuente. Y si va vestido de uniforme, es doble delincuente”.

“Auténticas autopistas de petaqueras cada noche”

De forma paralela, en un duro comunicado, AUGC Cádiz ha vuelto a denunciar la situación “desmesurada” que se vive en zonas como el caño de Sancti Petri, donde las acciones de los petaqueros se repiten a diario, sin descanso, al caer la tarde y durante la madrugada. Varias embarcaciones cargadas de combustible surcan cada noche las aguas rumbo a las narcolanchas que esperan “tranquilamente” junto al castillo de Sancti Petri.

“La impunidad es total”, denuncia la asociación, que acusa al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil de “mirar hacia otro lado” y abandonar la frontera sur “a su suerte”, dejando a los agentes “a los pies de los caballos”.

La realidad operativa, aseguran, es alarmante: compañías con un solo indicativo policial para cubrir kilómetros de costa, apoyos a más de 40 kilómetros de distancia y ríos como el Guadalete convertidos en “auténticas autopistas del narcotráfico”.

“Indignación y frustración”. Así define AUGC el estado moral de los guardias civiles destinados en estas zonas. “Es un despropósito y una vergüenza el trato a servidores públicos que, pese a ser pisoteados, siguen jugándose la vida a diario”, concluye el comunicado, acusando a las instituciones de preferir “sostener sus miserables mentiras antes que atajar el problema”.