Balance de Gobierno

Lo que el Campo de Gibraltar espera de la Junta en un año de elecciones en Andalucía

  • Tres años después de la llegada de PP y Cs al Gobierno andaluz, la comarca acumula algunas promesas cumplidas, otras incumplidas y unas pocas inversiones inesperadas

Juanma Moreno y José Ignacio Landaluce, en el Puerto de Algeciras en mayo de 2019.

Juanma Moreno y José Ignacio Landaluce, en el Puerto de Algeciras en mayo de 2019. / Erasmo Fenoy

Acaban de cumplirse tres años de la entrada del Gobierno del PP y Ciudadanos en la Junta y el Campo de Gibraltar vive las elecciones andaluzas que se otean en el horizonte de este 2022 con una larga relación de promesas pendientes -y algunas cumplidas- listas para desempolvar. El origen de algunas de ellas está ya tan lejano que bien podrían incluirse en un libro de historia. Mejoras en las carreteras, infraestructuras sanitarias, educativas y de formación, así como un ambicioso Plan Integral de Dinamización Social y Económica, aparecían en el programa electoral de los populares de 2018. Como sucede con todas las formaciones políticas, a nadie le extrañaría que repitieran en el que está por confeccionar este año.

El 16 de enero de 2019, la Cámara autonómica eligió a un jefe del Ejecutivo no socialista por primera vez. Juanma Moreno. Dos días después, un viernes, tomó posesión y ese lunes hicieron lo propio sus consejeros. Junto a Juan Marín (Ciudadanos), su vicepresidente, tendrá que volver a examinarse, en principio, “en junio u octubre”, según desveló hace semanas el presidente. 

La realidad es que entre unas elecciones y otras, hay compromisos que se pierden por el camino y otros, inesperados, aparecen a la vuelta de la esquina. Es entonces cuando el ciudadano se da cuenta de que los programas se convierten en un legajo que caduca al día siguiente de depositar su voto. Cuando hay que volver a hacerlo, ya ha pasado el tiempo suficiente como para que se haya olvidado.

Cuando los populares lanzaron sus compromisos, nadie intuía la pandemia que estaba por llegar. Frente a la situación de incertidumbre generada por la salida de Reino Unido y de Gibraltar de la Unión Europea, en su programa electoral anunciaron un plan de incentivos para empresas que contratasen a personas desempleadas y otro específico para atraer a Andalucía las inversiones deslocalizadas, “aprovechando la cercanía y relación” con el Peñón.

En septiembre de 2019, esos planes fueron incluidos en el Programa Andaluz de Medidas de Preparación ante el Brexit, en el que se recogían 112 acciones de contingencia con el fin de minimizar los efectos y las consecuencias de la decisión de los británicos, especialmente en el Campo de Gibraltar, que acaparaba 69 de ellas.

Esas medidas incluían mejoras en la formación y empleabilidad en el Campo de Gibraltar ante un posible aumento del paro y asistencia a empresas que podrían verse perjudicadas por la salida. Todas estas propuestas quedaron en el aire alegando que no se habían producido cierres de empresas ni despidos masivos en la Roca. La Unión Europea y Reino Unido todavía mantienen una negociación para determinar cómo será la relación de Gibraltar con Europa -inspirada en el acuerdo de la Nochevieja de 2020 con España- que pretende precisamente que los ciudadanos no noten los efectos del Brexit.

El plan de la Junta incluía un refuerzo de los incentivos al empleo estable del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con una convocatoria específica destinada a desempleados procedentes de un posible ERE motivado por el Brexit, proyectos innovadores para la inserción laboral, iniciativas de cooperación local a través de la ITI (recientemente aprobados), además de una histórica demanda pendiente, un plan de formación específico para el Campo de Gibraltar,  planes integrales de recolocación empresariales o territoriales, un programa de estímulo al trabajo autónomo y la potenciación de la Formación Profesional para el Empleo en materia de hostelería en La Línea. La Junta también aprobó un fondo de apoyo para abordar eventualidades en la comarca dotado con 4 millones de euros, así como una línea específica de avales para empresas afectadas.

El conjunto de medidas incluía la inversión en equipamientos e infraestructuras para FP general y Dual a través de la ITI de la provincia de Cádiz. Sí está más avanzado el Centro de Innovación Logística que la Junta ha proyectado en el Llano Amarillo de Algeciras, para el que ha aprobado un presupuesto de 4,5 millones de euros.

La potenciación de la Residencia de Tiempo Libre de La Línea en época no estival era otra de las medidas anunciadas este plan que la pandemia ha dejado en suspenso.

Mientras, el anunciado Plan de Estrategia de Innovación Económica del Campo de Gibraltar de momento ha dado solo un paso: un documento de diagnóstico previo a la realización de la estrategia. Tampoco se ha puesto en marcha el Comisionado de Zona de Especial Necesidad para La Línea, que los populares reclamaban desde hacía años para identificar las acciones concretas necesarias en vivienda, educación, sanidad, servicios sociales, sanidad, medioambiente, turismo y comercio e inversiones en infraestructura de comunicaciones que se deben realizar para permitir el impulso y el desarrollo de la ciudad.

Las principales inversiones aparecidas tras las elecciones y que no se encontraban en el programa electoral de entonces son la puesta en valor de la fachada marítima entre el Llano Amarillo y la playa de la Concha en Algeciras, un ambicioso proyecto en el que participan el Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria, la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz, y el Centro de Interpretación de Paco de Lucía. 

Carreteras

El PP se comprometió en 2018 a finalizar el desdoble completo de Carretera del Higuerón, el acceso a La Línea por la A-383. La última noticia al respecto es que, hace dos años, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio encomendó a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía la revisión y actualización del proyecto, redactado en 2008. Ahí estamos.

También incluyó en su programa el acondicionamiento y ensanche de las carreteras A2101, que conecta Tesorillo con el cruce de la Estación de Castellar, y la A2102, que une San Enrique de Guadiaro y el Secadero. El pasado mes de diciembre ejecutó mejoras en ambos tramos. También realizó los arreglos anunciados en un tramo de 500 metros de la A-2100, que une Sotogrande con Castellar y que se conoce como carretera de Arenillas.

Formación

Entre los compromisos del PP por cumplir está también la apertura del centro de formación para el empleo Punta Europa, situado en la Avenida 28 de Febrero de Algeciras. La Junta ha reservado sus Presupuestos para este año una partida de 1.578.000 euros de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo para la adecuación y equipamiento de este edificio, inactivo desde 2014.

Los populares creen que llegará también este 2022 el Conservatorio de Música Paco de Lucía en Algeciras. El pasado diciembre, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA) desestimó un recurso que mantenía paralizado el expediente desde finales de junio, por lo que se levantó la suspensión del procedimiento para la redacción del proyecto, que tiene un presupuesto total estimado por la Junta de Andalucía de 5,4 millones de euros. 

Sanidad

Entre las inversiones previstas por la Junta de Andalucía en la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar no se encuentra la construcción del Materno Infantil de Algeciras, una promesa de este y anteriores gobiernos andaluces que no está cerca de hacerse una realidad. Preveía el PP en su programa la finalización de los centros de salud de la Bajadilla y San Bernabé, en Algeciras, que sí tienen cantidades reservadas en el Presupuesto

Además hay otros proyectos no contemplados en las pasadas elecciones, como la ampliación del hospital Punta de Europa, la reforma del hospital de día de Oncología o la área de Salud Mental y Comunidad terapéutica en el edificio inacabado de la Policía Local de Algeciras.

Sí se terminó la reforma del centro de salud de Tarifa. También cumplió el PP su promesa de instalar una sala de radiología en Los Barrios.

El juez decano, Alberto Ruiz; el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y el fiscal jefe, Juan Cisneros , en enero de 2020 en los juzgados de Algeciras. El juez decano, Alberto Ruiz; el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y el fiscal jefe, Juan Cisneros , en enero de 2020 en los juzgados de Algeciras.

El juez decano, Alberto Ruiz; el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y el fiscal jefe, Juan Cisneros , en enero de 2020 en los juzgados de Algeciras. / Erasmo Fenoy

Educación

La promesa de los populares en su programa electoral abarcaba nuevos institutos en San Roque y Tarifa y un colegio en Los Barrios. Tres años después, lo presupuestado consiste en un instituto en Los Cortijillos, además de una larga lista de mejoras en los distintos centros educativos de Algeciras, La Línea, Jimena, La Línea, Los Barrios, tesorillo, San Roque y Tarifa que van desde reformas de aseos, cubiertas o muros antiguos hasta instalaciones eléctricas o eliminación de barreras arquitectónicas. 

Justicia

En el programa electoral de 2018 aparecía la construcción y puesta en marcha de la vieja idea de una Ciudad de la Justicia para Algeciras. No solo no estará este año, sino que las mejoras se plantean con el objetivo de que estén concluidas en 2026. Consiste en una futura sede judicial de la Avenida Virgen del Carmen que acogerán tanto la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, ubicada en el mismo emplazamiento en el que está, como otros órganos judiciales que se encuentran repartidos por la zona centro de la ciudad y el Palacio de Marzales. Para ello, se demolerán todas las construcciones actuales y se levantará un nuevo edificio de al menos 11.120 metros cuadrados, cinco veces el actual (2.243 metros).  

Algunos juzgados unipersonales y los servicios de la Administración de Justicia permanecerán en la sede de la Plaza de la Constitución, que a su vez quedará desahogada dado que aquel inmueble acoge la Fiscalía y varios juzgados de instrucción. 

Agua

La limpieza del río Cachón, en San Roque, que el PP anunciaba en su programa electoral de 2018 la ha tenido que realizar varias veces el Ayuntamiento, la última el pasado mes de agosto, ante la proliferación de vegetación en el cauce, lo que provocaba problemas de salubridad, riesgo de incendio e, incluso, el peligro de un desbordamiento en el caso de fuertes lluvias. 

También están pendientes las obras de regulación del Río Guadiaro, igualmente en San Roque, que se tapona cada año originando una pelea constante entre administraciones para determinar quién tiene las competencias. 

En septiembre de 2019 se sacó a licitación la asistencia técnica para la redacción del proyecto de la presa de Guadalmedina casi diez años después de que la Agencia Andaluza del Agua terminara de redactar el anteproyecto de esta gran infraestructura. 

En una situación parecida está el anunciado hace tres años encauzamiento del río Guadarranque de nuevo en San Roque, para evitar inundaciones, sobre todo en la Estación y Taraguilla. No ha sido incluida en ningunos presupuestos desde 2018. 

Deporte

El PP incluía en su programa de 2018 la construcción de una vieja aspiración de Tarifa: un Centro de Alta Tecnificación de Deportes de Viento. Del proyecto solo se sabe que sigue vivo, aunque no parece que muy cercano a su conclusión, que intenta impulsarlo el club Levante Fuerte y que la Junta le ha mostrado su apoyo en alguna ocasión. 

Desarrollo

El Partido Popular defiende desde hace años la cesión al Ayuntamiento de la finca de Los Pozos de Marajambú, cuya titularidad es de la Junta, para el aprovechamiento ganadero y agrícola. Existía un proyecto de desarrollo social basado en la agricultura y ganadería ecológica que generaría empleo en la localidad. En 2007 se firmó un convenio entre el Ayuntamiento y el antiguo Instituto de Reforma Agraria (IARA), propietario de los terrenos y dependiente de la Junta de Andalucía, para la cesión al municipio de las 245 hectáreas, nunca llegó a ejecutarse dicha cesión y la Junta decidió unilateralmente vender la finca en subasta pública. La oposición del municipio a esta venta consiguió que en 2012 se paralizara el proceso, pero la Consejería de Medio Ambiente ya había declarado Majarambú como monte público en febrero de ese mismo año, catalogación que impide la realización de actividades económicas en el mismo. De momento, la cuestión no se ha desbloqueado. 

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