No deal. La amenaza de un desacuerdo entre la UE y Reino Unido sobre el marco de sus relaciones mutuas una vez se produzca el Brexit se mantiene. Londres y Bruselas decidieron anoche extender las negociaciones para un pacto comercial durante “unos pocos días”, a pesar del ultimátum del Parlamento Europeo, que había fijado la fecha límite del 20 de diciembre para poder votar el texto legal antes de fin de año, cuando expira el período de transición. El acceso de los pesqueros comunitarios a las aguas británicas era el principal escollo de las negociaciones, una vez resuelta la situación de la frontera entre las dos irlandas.

De ese acuerdo global depende también el futuro que de ahora en adelante se vea en la Verja que separa España de Gibraltar: si hay pacto, hay varias fórmulas de convivencia posible, incluida la creación de un “área de prosperidad compartida” integrada por el Peñón y el Campo de Gibraltar. Esta última cuenta con un planteamiento aún muy difuso, pero pasaría sin duda por un refuerzo de las relaciones bilaterales sobre la base de la buena voluntad; por contra, de no haber consenso, La Línea de la Concepción se consolidaría como frontera exterior de la UE, con controles más férreos de los existentes en la actualidad en todos los ámbitos.

Para los negociadores de la UE, la posición del primer ministro británico, Boris Johnson, ha sido desconcertante a lo largo de toda la negociación, preso de sus conocidas soflamas en contra de los 27 y atento a los puñales que, dentro de su partido, vuelan a sus espaldas ante las negras previsiones que se ciernen sobre la economía de las islas. “Desconocemos si negociamos con Boris o con Johnson, aunque tampoco sabemos si entre ellos dos se han puesto de acuerdo”, se comenta con sorna en el equipo del negociador europeo, Michel Barnier, a la vista de los vaivenes continuos demostrados en la otra parte.

Tampoco existe precisamente sintonía entre el jefe del Gobierno británico y su homólogo gibraltareño, Fabián Picardo, más allá de la pertenencia de uno y otro a partidos distintos, conservador el primero y laborista-socialista, el segundo. Varias fuentes consultadas en la parte española constatan que durante la negociación del Gibrexit -el adiós del Peñón a la UE- la parte gibraltareña ha trasladado en diversos momentos la falta de coordinación con la metrópoli.

Este último proceso de negociación se ha venido desarrollando de forma independiente en varias etapas y en varias comisiones durante los dos últimos años entre los ejecutivos de España y Reino Unido -con la participación en las respectivas delegaciones de representantes de Gibraltar, la Junta de Andalucía, la UE y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar- aunque con un ojo siempre puesto en lo que se decidiera en Bruselas.

La firma de ese acuerdo amistoso entre la UE y Reino Unido es clave para relajar las relaciones entre los vecinos situados más al sur del Sur. Es obvio que un consenso entre Bruselas y Londres facilitaría la convivencia del día a día a ambos lados de la Verja, especialmente en lo referente al paso de personas, aunque eso no quita que siga habiendo asuntos irritantes en cuestiones claves como la opacidad fiscal de la colonia, el control del tabaco de contrabando y aspectos relacionados con la protección medioambiental.

Tratado Fiscal vs paraíso fiscal

El Tratado Fiscal sobre Gibraltar firmado en marzo de 2019 por España y Reino Unido fue un logro clave para intentar normalizar, al fin, las relaciones en la materia al comprometer a los gobiernos español y gibraltareño a compartir datos fiscales por primera vez en la historia. Fue el primer acuerdo de este tipo entre ambos estados desde que rubricaron el de Utrecht hace más de 300 años. El Congreso y el Senado de España lo ratificaron el pasado otoño, pero ese paso aún no ha sido dado por Londres, con lo que su activación se retrasa sin que haya aparente justificación.

El tratado es ambicioso dado que recoge la realización de auditorias conjuntas, la asistencia en la recaudación de deudas fiscales y la entrega o transferencia de documentación. También alude a la eliminación de la doble imposición (pagar impuestos dos veces por un mismo hecho imponible) y a la creación de órganos de enlace entre ambas administraciones. Todo ese intercambio de información, además, se podría aplicar de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2014, e incluso desde el 1 de enero de 2011 para determinados datos.

Gibraltar proclama a los cuatro vientos que ha dejado de ser un paraíso fiscal a la vista de los dictámenes de organismos que analizan su actividad fiscal, caso de la OCDE, que ya en septiembre le dio la segunda calificación más elevada, “conforme en gran medida”, en cuanto al intercambio de información fiscal.

Para España y la UE, sin embargo, el Tratado Fiscal es clave para dejar de considerar a la colonia británica como un paraíso fiscal y para poner luz sobre la actividad de muchas empresas que operan en territorio europeo pero que tributan en el Peñón, eludiendo así el pago de impuestos más altos. Ha sido el caso de las casas de apuestas online, la inmensa mayoría de las cuales se han visto obligadas a abrir nuevas sedes fuera del Peñón –en Ceuta y Melilla, entre otros lugares, aprovechando las ventajas fiscales de ambas ciudades autónomas- para poder tener acceso al mercado de la UE.

También hay sociedades gibraltareñas vinculadas directamente a actividades ilícitas. El pasado mes de febrero, el Consejo de Europa criticó la inacción de Gobierno del Peñón contra el blanqueo de capitales. Así se expuso en el primer informe sobre ese territorio de Moneyval, órgano de control de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El Gobierno de Picardo prometió entonces poner pie en pared al respecto.

Los memorandos

Desigual fortuna, dos de dos, han corrido los cuatro Memorandos de Entendimiento sobre Gibraltar suscritos por España y Reino Unido en noviembre de 2018. Como subrayan fuentes españolas, aunque la vigencia esos acuerdos era y es sobre el papel solo transitoria, hasta que se pudiera concretar antes de 2021 el acuerdo global del Brexit, su vocación de perdurabilidad parece asentada y así, de hecho, se recoge en una de sus cláusulas.

En la parte positiva figura el más sensible de los memorandos por su amplio impacto, el relativo a los ciudadanos. El reconocimiento y garantía de los derechos laborales y sociales adquiridos por los trabajadores a uno y otro lado de la aduana fue un paso destacado que aportó serenidad a miles de personas. Y abrió el paso para seguir explorando otros compromisos. Fue el caso del memorando sobre colaboración policial y aduanera. El apoyo entre las autoridades de España y Reino Unido -en particular, de Gibraltar- en esta materia es evidente y ha ido a más, sobre todo en materia de lucha contra las mafias de la droga asentadas en el territorio.

En la parte negativa, dos memorandos acompañan en su suerte al Tratado Fiscal: el de control de la venta de tabaco y el medioambiental, ambos con un cumplimiento a medias, que es como como hablar de medias verdades. Las autoridades españolas consultadas confirman que, en lo relativo al tabaco, Gibraltar ha cumplido su compromiso de que el margen de precio de las cajetillas sea inferior al 32% respecto a España para desincentivar el contrabando.

Sin embargo, según fuentes oficiales, sigue habiendo un grave incumplimiento por parte llanita en cuanto al control de la trazabilidad del tabaco que importa y la información que traslada a España sobre el origen de las cajetillas que llegan a la colonia. La conclusión es que Gibraltar pone obstáculos para combatir el comercio ilícito de productos del tabaco y mejorar el control sobre su producción, distribución y comercialización, lo que deriva en déficits a la hora de proteger la salud.

Tampoco es un detalle menor el efecto que el contrabando genera a efectos fiscales. Todo el tabaco que sale de Gibraltar de forma ilegal representa una merma para la Hacienda pública española: cuatro de cada diez paquetes de cigarrillos importados por Gibraltar acaban ilegalmente en Andalucía. Las cifras han fluctuado desde entonces a la baja, pero en Gibraltar, con apenas 30.000 habitantes, entraron en 2017 unas 72 millones de cajetillas de tabaco por las que su Gobierno obtuvo 180 millones de euros en derechos de importación. O lo que es lo mismo, el 26% de su presupuesto anual, que ascendió a 690,8 millones de euros.

En cuanto a la medidas de carácter medio ambiental hay buena disposición, pero muchos flecos sueltos. La correcta depuración de las aguas residuales por parte del Peñón y que se vierten al mar sigue estando pendiente.

Prosperidad compartida

Haya o no un acuerdo global UE-Reino Unido que actúe como paraguas de otros compromisos, parece complicado que con estos mimbres se pueda hablar de la creación de una zona de prosperidad compartida y, por tanto, en igualdad de condiciones y lealtad entre el Campo de Gibraltar y la colonia británica.

Fiel a la teoría el embudo -la parte ancha para mí, la estrecha para los demás- Picardo insiste una y otra vez en que la fórmula ideal de relación del Peñón con su comarca vecina española sería extender el territorio Schengen de los 27 más allá de la Verja. De esta forma, Gibraltar seguiría siendo en la práctica no solo parte de la UE, sino que mejoraría de largo sus condiciones actuales.

Según el guion dibujado y repetido hasta la saciedad por el ministro principal, la frontera exterior de la UE pasaría a estar en Gibraltar, pero no controlada por las autoridades españolas, sino por el Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, tanto en su puerto como aeropuerto.

El Gobierno de España defiende igualmente esa zona de prosperidad compartida, pero siempre y cuando esta expresión sea realidad para las dos partes y haya muestras de una verdadera buena vecindad. ¿Cómo? Sobre la base de que Reino Unido ratifique y ponga en marcha los acuerdos: el Tratado Fiscal y los cuatro memorandos, al completo. A priori, hasta que eso no ocurra, casi todo seguirá en punto muerto.