España, Reino Unido y Gibraltar han acordado el procedimiento para que los 15.000 trabajadores transfronterizos en el Peñón, de los que casi 10.000 son españoles, puedan hacer efectivos sus derechos a partir del uno de enero de 2021, cuando Reino Unido abandone la UE.

Según el acuerdo alcanzado este martes, desde el uno de enero, los trabajadores fronterizos recibirán "el tratamiento a que ya tienen derecho según la legislación de la Unión Europea, a pesar del Brexit", ha subrayado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Con este acuerdo, ha asegurado Exteriores, se da respuesta a una de las principales preocupaciones que había generado el Brexit en el Campo de Gibraltar y en Gibraltar.

Según el procedimiento acordado, a partir del próximo uno de diciembre, los trabajadores fronterizos podrán verificar en una web de las autoridades gibraltareñas si están registrados como tales. Si algún trabajador no aparece como fronterizo y estima que tiene derecho a dicha consideración, podrá dirigirse a las autoridades gibraltareñas exponiendo su caso para que sea solventado.

Además, a partir del uno de enero de 2021, los trabajadores fronterizos podrán asimismo pedir a las autoridades de Gibraltar una carta que certifique su condición laboral. Dicha carta sólo se expedirá a quien la solicite. Gibraltar ya ha avanzado este martes los detalles del procedimiento acordado.

Una vez reconocida la condición de "fronterizo", los trabajadores podrán acreditar su identidad en cualquier momento y al entrar en Gibraltar con su pasaporte o DNI españoles o de otro país de la Unión Europea.

El Acuerdo de Retirada entre el Reino Unido y la Unión Europea garantizó a los trabajadores fronterizos el mantenimiento de todos los derechos laborales de que disfrutaban antes del Brexit en virtud de la legislación de la Unión Europea. España incluyó un Protocolo sobre Gibraltar en el Acuerdo de Retirada y firmó con el Reino Unido un memorándum sobre derechos de los ciudadanos y trabajadores con el fin de reforzar este aspecto del Brexit.

Desde su entrada en vigor, las tres administraciones han negociado cómo aplicar esos derechos a quienes entran todos los días en Gibraltar para trabajar. En las reuniones para lograr este acuerdo han participado por la parte española la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado.

Las partes seguirán reuniéndose para analizar cualquier cuestión que surja en coordinación con la Comisión Europea como guardiana de los tratados de la Unión Europea y de su correcta aplicación, ha precisado Exteriores.