El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dio luz verde ayer a un nuevo plan de empleo que pretende crear 5.000 puestos de trabajo con obras en centros educativos públicos de la comunidad. La población diana de esta medida son los desempleados procedentes del sector de la construcción.

El plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (OLA) fue anunciado por el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, durante el Debate sobre el estado de la Comunidad celebrado a finales de junio. La Junta concretó que se prevé unos 450 proyectos de construcción, ampliación y renovación de colegios e institutos. La previsión presupuestaria es de 200 millones de euros (20% por parte de la Junta y 80% de fondos europeos). Las obras empezarán con carácter inmediato y se prolongarán hasta finales de 2012. Esto significa que muchas de las reformas coincidirán con el periodo lectivo, lo que incumplirá una máxima intocable hasta ahora para la Junta: que las obras no molesten a los niños. En otras ocasiones, los alumnos eran trasladados a otro centro o temporalmente a aulas prefabricadas (las llamadas caracolas) mientras duraban unas obras que trataban de ajustarse a verano.

No hay referencia en este plan al riesgo de las obras en el periodo lectivo. El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Antonio Ávila, resaltó ayer que los objetivos del plan son impulsar las infraestructuras educativas, generar empleo y crear oportunidades laborales para el sector de la construcción.

En la comunidad existen unos 4.000 centros escolares. Será la Consejería de Educación la que decida qué centros tienen mayores necesidades. Estos 200 millones son "adicionales", insistió Ávila, a las inversiones que ya están en marcha en infraestructuras educativas. Hasta el año pasado, el plan Mejor Escuela destinó casi 1.500 millones de euros en renovar los centros. Desde 2005 se han construido 110 nuevos colegios o institutos, se han ampliado otros 195, se han sustituido 43 y se han realizado 3.431 obras de modernización en 1.996 centros.

Las empresas adjudicatarias presentarán sus ofertas de trabajo ante el SAE y, en función de los perfiles profesionales solicitados, este organismo facilitará candidatos seleccionados entre personas residentes en los municipios o la zona donde se desarrollan los proyectos. Se prevé que al menos el 70% del coste de personal de cada proyecto corresponderá a empleo de nueva creación, mientras que el resto (trabajadores propios y dirección técnica) deberá estar contratado por tiempo indefinido. Las contrataciones, por un tiempo al menos igual que la duración de la obra, dará prioridad a desempleados de larga duración con cargas familiares, que no reciban ningún tipo de prestación y que no hayan tenido vinculación con la entidad empleadora en los tres meses anteriores a la presentación de la oferta.

El plan impone a las empresas contratistas la obligación de pagar a los proveedores o subcontratistas en un plazo máximo de 30 días, y, a su vez, la Junta se compromete a abonar a los proveedores en un período de 40 días.

CCOO se felicitó ayer de la aprobación de este plan tras la negativa de la Junta a ampliar por tercer año el Proteja. Este plan, también dedicado a los parados de la construcción, ejecutó en 2010 más de 2.150 proyectos y permitió 12.490 contrataciones con una inversión de 181 millones, unos datos más rentables a los ahora previstos.

El presidente del PP-A, Javier Arenas, afirmó ayer que la cuantía de este plan es "cuatro veces menor que el fraude de los ERE", y su cobertura (5.000 empleos) no va a llegar "ni a la mitad del incremento del paro registrado en el mes de agosto".