Las estimaciones del Consejo General del Notariado indican que en 2015 hubo casi 6.000 personas que rechazaron una herencia en Andalucía. Según el PP, más de la mitad de esas renuncias se debieron al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, algo que niega de forma rotunda el Ejecutivo andaluz. "En muchas ocasiones, la renuncia se debe a que el fallecido deja más deudas que bienes", afirmó el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, para argumentar su rechazo a las tesis populares respecto al polémico gravamen.

El también consejero de la Presidencia aprovechó una cuestión sobre las relaciones entre el PSOE y Ciudadanos para glosar la versión del Gobierno respecto a la reforma de este impuesto. Mencionó que el objetivo es eliminar el llamado "error de salto", para establecer un tipo que aumente de forma progresiva a partir de límite de 175.000 euros, puesto que por debajo de esa cantidad los herederos están exentos de pago.

Para defender las propuestas del Ejecutivo del que forma parte sobre el impuesto de Sucesiones, comparó la situación de Andalucía con la que hay en la Comunidad de Madrid, paradigma de las políticas fiscales que defiende el PP. "En Madrid hay 3.500 renuncias, pese a que se paga menos por este impuesto", afirmó Jiménez Barrios, que también comparó la recaudación en ambas regiones: 300 millones de euros en Andalucía, frente a los 361 que han obtenido las arcas madrileñas hasta noviembre del año pasado.

También negó que haya muchos andaluces que se inscriban en el censo en otras comunidades para eludir el pago de este tributo. "Tan sólo 81 personas abandonaron Andalucía en 2014 antes del fallecimiento, puesto que la mayoría se marcharon por motivos laborales, no fiscales", reveló el vicepresidente del Ejecutivo. Además, también criticó al PP por no haber llevado acabo en la pasada legislatura una reforma integral del Impuesto de Sucesiones y Donaciones a nivel nacional, aprovechando que tenía mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.