El fondo de los bienes decomisados del narcotráfico relega de nuevo al Campo de Gibraltar

El Campo de Gibraltar se quedó de nuevo en 2023 relegado a la hora de recibir financiación del Fondo de Bienes Decomisados del Narcotráfico para la puesta en marcha de programas y acciones preventivas sobre drogodependencias. La comarca recibió de manera directa apenas un 0,28% sobre un total de 28 millones de euros. La situación se repite, año tras año, a pesar de que la zona es uno de los enclaves calientes por la acción de las mafias del tráfico de drogas.

La infrafinanciación de las acciones preventivas en la comarca se produce aún siendo parte de la cuarta provincia española por número de decomisos a las mafias con los que, precisamente, se nutre el sistema gestionado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Así se desprende de la memoria del fondo relativa al año 2023, consultada por Europa Sur.

El fondo tuvo en 2023 una asignación para reparto de 28 millones de euros a escala nacional. De ellos, un total de 16,5 millones (el 58,9%) se destinaron a la financiación de las llamadas "acciones para la reducción de la demanda" que abarcan los programas preventivos de las comunidades autónomas (8,2 millones), los municipios (4 millones) y las entidades sociales privadas sin ánimo de lucro (2,5 millones), entre otros beneficiarios potenciales.

La memoria recoge que solo la Fundación Márgenes y Vínculos y el Ayuntamiento de Algeciras lograron financiación directa para sus programas. La Fundación obtuvo 57.825 euros para un plan de prevención de drogodependencias en centros educativos de la comarca y Ceuta, mientras que el municipio algecireño recibió 23.054 euros para su plan municipal contra las drogas. En total, suman 80.879 euros, equivalentes al 0,28% del total del fondo estatal (los citados 28 millones).

El reparto para las subvenciones directas a administraciones y colectivos sigue un criterio estrictamente territorial que prioriza a las entidades de ámbito nacional y las capitales de provincia o grandes ciudades. No plantea refuerzos para territorios donde las redes del narcotráfico tienen estructuras más potentes, como el caso de la comarca o la Costa del Sol, y donde a su vez se registran recurrentes aprehensiones de viviendas, dinero y vehículos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las entidades sin ánimo de lucro del Campo de Gibraltar, ámbito en el que se enmarcan prácticamente todas las asociaciones y coordinadoras antidroga, y siete de los ocho ayuntamientos tienen vetado por su definición territorial el acceso directo a las ayudas con cargo al fondo.

Mientras, ayuntamientos de capitales de provincia recibieron dinero por el mero hecho de su capitalidad o pese a contar con un muy inferior volumen de decomisos. Es el caso de Ávila, provincia en la que en 2023 no hubo ningún expediente por bienes decomisados que, sin embargo, obtuvo 130.343 euros para su Ayuntamiento.

Excluidos por definición

El fondo se nutre cada año de los bienes intervenidos por tráfico de drogas -subastados o vendidos tras una sentencia firme- y del dinero en metálico localizado por las autoridades conforme a la Ley 17/2003. Posteriormente, se ponen en marcha las convocatorias de las subvenciones para su reparto.

Para las ONG, la convocatoria se rige a escala estatal conforme a la orden SCO/3670/2007 (de 2007). Su artículo 1 fija como potenciales beneficiarios a las entidades privadas sin fines de lucro de ámbito estatal que afecten al ámbito territorial de dos o más comunidades autónomas. Además, deben estar legalmente constituidas e inscritas en el registro nacional para tener acceso al fondo.

Y para los ayuntamientos, las subvenciones se conceden conforme a la orden SSI/1061/2017 (de 2017). Su articulado exige "ser capitales de provincia o de comunidad autónoma o tratarse de cabildos o consejos insulares o municipios que tengan una población de derecho igual o superior a 100.000 habitantes". Este último requisito solo lo cumple Algeciras.

El movimiento asociativo comarcal reclama desde hace años un cambio en el modelo de gestión para que se priorice a los territorios donde más incautaciones se producen, como el propio Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz.

El resto del fondo, más de 9,9 millones de euros fueron repartidos a través de la denominada como línea de financiación para el control de la oferta. Esto es, para las fuerzas de seguridad que trabajan en la represión del narcotráfico. Otros 1,5 millones de euros (hasta totalizar los 28 millones de euros). De este fondo, parte puede llegar de forma indirecta al Campo de Gibraltar en forma de nuevos vehículos o equipamientos, si bien el destino exacto no se especifica en la memoria.