La prosecución de servicios por la Benemérita en 1852

Para consultar la historiografía oficial de la Benemérita hay muchas fuentes accesibles para cualquier persona que tenga interés. Además de la legislación y noticias publicadas sobre la Guardia Civil en la Gaceta de Madrid, accesible por internet en la página oficial de su sucesor, el Boletín Oficial del Estado, está también, por ejemplo, la Recopilación de las Reales Órdenes y Circulares de interés general para la Guardia Civil, expedidas desde su creación en 1844 “por los Ministerios de la Guerra y Gobernación, y por el Inspector General de la misma, arreglada de su orden en la Secretaría de la Inspección General”, accesible igualmente a través de la Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa.

Lamentablemente no toda la información es todavía accesible a través de internet. Por ejemplo, muchos tomos de la Recopilación de Decretos, Reales Órdenes, Circulares y Disposiciones de interés general para la Guardia Civil, expedidas durante el primer tercio del siglo XX, “por los diferentes Ministerios y la Dirección general del Cuerpo”, todavía no está disponible su consulta en internet.

Algo similar ocurre aún con el Guía del Guardia Civil, periódico de titularidad particular ya referido en capítulos anteriores, que se publicó entre 1850 y 1855, antecesor de El Mentor del Guardia Civil, el cual a partir de 1858 daría paso al Boletín Oficial de la Guardia Civil, que hoy día se sigue publicando. Afortunadamente, para historiadores e investigadores, entre otros, no tardará mucho en poder consultarse el “Guía” y el “Mentor” de la Benemérita.

Mucho más tiempo queda, por desgracia, para que pueda consultarse, no ya la muy breve colección del Boletín Oficial de la Guardia Nacional Republicana, sucesora de la Guardia Civil tras iniciarse la Guerra Civil en 1936, e integrada en el nuevo Cuerpo de Seguridad que creó el gobierno republicano de entonces, sino la colección completa de El Guía del Carabinero, editado desde 1851 hasta 1936, así como el Boletín Oficial del Instituto de Carabineros, editado en la zona republicana durante el periodo 1937-1939. Desgraciadamente faltan muchos ejemplares.

Regresando al Guía del Guardia Civil, en su núm. 49, de 1º de febrero de 1852, se publicó la noticia de que el cabo 1º Luis Fernández y el guardia Ginés Rodríguez, del puesto de la Benemérita en Algeciras, habían detenido la noche del 18 de enero anterior, “otro famoso ladrón y asesino que vagaba por aquellas inmediaciones con nombre supuesto, habiéndole ocupado una daga y una enorme navaja”. La noticia de prensa finalizaba, poniendo en valor, pero sin citarlo expresamente, que el honor era la principal divisa del guardia civil. “Este criminal tuvo la osadía de intentar sobornar a dichos individuos, ofreciéndoles una crecida suma de dinero, si le dejaban en libertad, cuya oferta fue oída con el desprecio que merecía”.

Otras veces, las noticias del Guía del Guardia Civil trataban sobre ciertos presos que fugados del establecimiento penitenciario de Algeciras. Es el caso, publicado el 1º de julio de 1852, en el núm. 64, donde se relataba la detención, la noche del día 11 del mes anterior, de “un desertor del presidio de Algeciras, que lo era desde 1841, y al que estaba sentenciado por ocho años por complicidad en otro asesinato”. Dicho servicio fue practicado por los guardias Juan Antonio Barros, Pedro Ramírez y Benito Feijoo, destinados en el puesto de Moguer, de la Comandancia vecina de Huelva.

El núm. 68 del Guía del Guardia Civil, fechado el 10 de agosto de 1852, publicaba la detención en la capital malagueña de dos presuntos autores de un robo en Algeciras. La noticia relataba que el sargento 2º de Caballería Juan Sánchez, el cabo 2º Ángel Gutiérrez y el guardia Francisco Cubero, destinados todos ellos en el puesto de Málaga, habían detenido, “en unión del Comisario de vigilancia”, el 28 de julio anterior, “a otros dos criminales, que en 17 de marzo último verificaron un robo en Algeciras”. El periódico seguía detallando que a ambos “reos”, se les había encontrado, “entre los efectos que tenían en dos baúles, algunos papeles de importancia, habiendo sido conducidos con toda seguridad a disposición del señor Gobernador de la provincia de Málaga”.

Ya que se ha citado al “Comisario de vigilancia” de la capital malagueña, conviene recordar -ya que no se suele explicar debidamente- que el Cuerpo de Vigilancia había sido creado -inicialmente para Madrid, por real decreto de 25 de febrero de 1852- fruto de una importante reforma del “Ramo de Protección y Seguridad pública”. Tal y como se detallaba en su preámbulo, a diferencia del modelo anterior, el gobierno de la nación deseaba que, “una parte tan importante y necesaria de la administración pública no se considere nunca como instrumento de molestias y vejaciones”. Por lo tanto se proponía “por el contrario que sea la que debe ser: el más firme del sostén del orden público y el amparo de los hombres de bien, obrando a la luz del día y en presencia de todos, sin misterios ni procedimientos ocultos”.

A tal fin, se proponía que “los agentes de Vigilancia se darán a conocer por sus uniformes e insignias, inspirando seguridad y confianza donde quiera se presenten”. Al día siguiente, por real orden de 26 de febrero, aunque no se suele recordar, se nombraba, “para la plaza de Inspector de Vigilancia del primer distrito de esta corte a D. Ramón Franco, coronel de caballería graduado y capitán de la Guardia civil”. Casi dos semanas después, por real orden de 9 de marzo, a consecuencia de lo dispuesto en el mentado real decreto de 25 de febrero, la reina Isabel II tuvo, “a bien mandar que en lo sucesivo el servicio de Protección y Seguridad se denomine de Vigilancia en todo el reino, y que los Salvaguardias lleven el nombre de Vigilantes”.

Poco a poco se iba perfilando el modelo policial español, en el que la Guardia Civil seguía liderando, desde su creación, tanto en despliegue como en número de efectivos y actividades, mientras que el entonces inestable modelo policial civil, de menor entidad siempre, y muy limitado en su despliegue, seguiría experimentando sucesivos cambios de denominaciones, reorganizaciones, así como modificaciones legislativas y normativas fundamentales.

(Continuará).