Semirrígidas de doce metros de eslora y tres motores que cruzan a alta velocidad el Estrecho cargadas de hachís, embarcaciones más pequeñas destinadas a transportar combustible o suministros y otras que parecen pesqueras, pero no lo son. En las instalaciones portuarias de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera en Algeciras se acumulan ya doscientas embarcaciones incautadas en operaciones contra el narcotráfico que esperan en su mayoría el turno para ser destruidas (hay muchas más en los depósitos ya cerrados). El problema no es nuevo: ambos cuerpos llevan mucho tiempo alertando del riesgo para la seguridad y los inconvenientes logísticos que sufren al carecer de un sitio en el que depositar estos bienes incautados a los narcos. Pero sí que es un problema creciente: aunque se ha autorizado su destrucción este proceso está registrando retrasos y desde 2018 el Campo de Gibraltar carece de un depósito judicial en el que almacenarlas a la espera de su eliminación.

Es uno de los flecos por resolver del plan especial de seguridad para el Campo de Gibraltar, que ha frenado el narcotráfico dejando en su primer año de funcionamiento cifras de récord: 4.852 detenciones hasta agosto, 143 toneladas de hachís aprehendidas y 5,4 toneladas de cocaína incautadas. Entre ellas, las 133 embarcaciones incautadas en esos primeros doce meses, que han llevado al colapso las instalaciones portuarias de los cuerpos de seguridad.

Esta misma semana, la Guardia Civil hacía una reorganización de las embarcaciones almacenadas en su espacio portuario, unas 150, parte de las cuales eran sacadas del pantalán y amontonadas en el cantil. En Vigilancia Aduanera ya no hay más espacio: están sobrepasando el que el Puerto les tiene concedido con las embarcaciones apiladas y en el agua. El resultado es que más que las lanchas están prácticamente achatarrándose. Y más allá de la cuestión logística está la de seguridad: ya se han registrado intentos de sabotaje y de robo que pudieron ser repelidos. Desde el Puerto de Algeciras se ha insistido en más de una ocasión en que sus muelles no pueden actuar como un depósito judicial. Se han convertido en una patata caliente en suelo portuario.

Tras años de demandas por parte de los cuerpos de seguridad, el Gobierno declaró en octubre del pasado año las narcolanchas como género prohibido. Esta calificación afectaba a semirrígidas y neumáticas (salvo las expresamente autorizadas), pero también a embarcaciones de todo tipo “cuando se acredite la existencia de elementos o indicios racionales que pongan de manifiesto la intención de utilizarlas para cometer o para facilitar la comisión de un acto de contrabando”. Podían así ser incautadas aun sin llevar droga en el momento de su detección. Su destrucción quedó autorizada y desde ese momento cada vez que se interviene una se presenta al juzgado, junto a las actuaciones de la operación que hayan llevado a cabo, una solicitud de destrucción de la embarcación. Como género prohibido la prioridad es su eliminación para evitar que sean reutilizadas (algo que sí podría ocurrir si salen a subasta) y, como apuntan desde los cuerpos de seguridad, se podrían fotografiar y documentar todos los detalles de las embarcaciones a efectos del juicio, para no tener que almacenarlas hasta ese momento. Los gastos de la eliminación correrían a cargo del Gobierno central.

Embarcaciones incautadas acumuladas por la Guardia Civil en el Puerto de Algeciras.

Pese a ello, son pocas las narcolanchas que se han destruido. Desde Guardia Civil y Vigilancia Aduanera se apunta al juzgado; hay muchas peticiones esperando a que los jueces de instrucción firmen la autorización de eliminación de las embarcaciones. Desde la sede judicial se explica que la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a notificar a todas las partes de un procedimiento la solicitud de destrucción de la embarcación, algo que ralentiza el proceso, más en unos juzgados saturados de trabajo desde la puesta en marcha del plan de seguridad. Por otra parte, el Gobierno central sacó a concurso el servicio de traslado y destrucción de las embarcaciones, un procedimiento que todavía no se ha resuelto. El valor estimado del contrato para dos años (en las zonas de Algeciras y Cádiz) es de 192.000 euros.

Pero mientras esa destrucción llega, las embarcaciones necesitan un lugar en el que ser depositadas desde su incautación por los cuerpos de seguridad: un depósito judicial. Y el Campo de Gibraltar carece de uno desde que en 2018 cerró el último que prestaba servicio, en San Roque; albergaba en ese momento más de 3.500 vehículos y unas 1.000 embarcaciones. La Administración autonómica ha sacado desde entonces a concurso el servicio de depósito en dos ocasiones, pero en la primera un error obligó a anular la licitación y en la segunda quedó desierto. Y en cualquier caso, la Junta ha venido manteniendo que la competencia sobre las narcolanchas no es suya.

La destrucción de cada una de las embarcaciones tiene que ser autorizada por un juez, pero el proceso es lento. Hay muchas solicitudes a la espera

A este respecto, la Consejería de Justicia desvelaba hace unos días que la Agencia Tributaria le había requerido que se hiciera cargo de las embarcaciones. No es la primera vez que el Gobierno insta a la Administración autonómica a responsabilizarse de la gestión de estos bienes incautados como lo hace con otro tipo de vehículos: antes era un Gobierno central del PP el que lo exigía a una Junta socialista, ahora se invierten los papeles. Pero la respuesta autonómica sigue siendo la misma: la Junta no tiene las competencias. Lo que sí parece haber cambiado es la disposición a asumirlas: el director general de Infraestructuras y Sistemas de la Consejería de Justicia, Miguel Ángel Reyes, aseguraba la disposición de la Junta a “resolver el problema puntual del Campo de Gibraltar”.

La gestión del depósito de los bienes incautados judicialmente viene siendo problemática desde hace lustros. En 2013 se firmó un protocolo de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Fomento, el de Justicia y el Organismo Público de Puertos del Estado. En él, se apuntaba a las autoridades portuarias como “entidades especializadas para la enajenación” de las embarcaciones incautadas y a eso se ha venido agarrando la Administración autonómica para rechazar hacerse cargo de ellas; desde el Puerto de Algeciras se ha asegurado que ese acuerdo no lo obliga a convertirse en depósito. Tras la creación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, la Junta ha apuntado a esta como responsable. A esto se refería también Reyes al asegurar que antes de poder gestionar el almacenamiento de las narcolanchas habrá que negociar con los interlocutores implicados en este asunto y después modificar los pliegos para el nuevo concurso del depósito judicial.

Esto alarga aún más en el tiempo la habilitación de un espacio para el acopio de las embarcaciones mientras les llega el momento de ser destruidas. En la actualidad hay un solo depósito judicial público en funcionamiento, en Sevilla, y se está trabajando para abrir otro en Málaga que también prestaría servicio al Campo de Gibraltar. Pero estos no sirven para las narcolanchas, que por ahora seguirán amontonadas en el Puerto de Algeciras.