El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Maslaska, anunció ayer que las narcolanchas de comisadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado podrán ser destruidas por ley al tratarse de bienes de comercio ilícito tras la aprobación del decreto que prohíbe su navegación y comercialización.

En una visita a Tarifa, Marlaska se refirió a la acumulación de narcolanchas y vehículos en dependencias de la Guardia Civil, la Policía Nacional y en el Puerto de Algeciras ante la falta de un depósito judicial autorizado por la Junta de Andalucía, ya que el concurso ha sido considerado desierto en dos ocasiones, la última hace solo unos días: “Es una cuestión evidentemente compleja, como juez me he enfrentado a ella. Una de las mayores problemáticas eran las lanchas, que ahora son bienes de comercio ilícito, con lo cual se puede proceder a su destrucción anticipada. Ya tengo conocimiento de que se está tramitando la destrucción de este tipo de lanchas. Estamos trabajando para esa cooperación y coordinación con el propósito firme de solucionar el tema de los depósitos”, explicó.

La situación de los depósitos judiciales para almacenar los vehículos decomisados en intervenciones contra el tráfico de drogas en el Campo de Gibraltar se ha convertido en una patata caliente para todas las administraciones implicadas. Esta situación, y el cierre del mayor depósito de la comarca hace ya un año, han provocado que las narcolanchas se acumulen en las comisarías y en el Puerto de Algeciras.

La Junta de Andalucía sacó a concurso el pasado mes de abril la creación de depósitos judiciales en el partido judicial de Algeciras, pero quedó desierto. La licitación se publicó por un importe de 2,6 millones de euros y hubo una UTE, formada por Rent Marín y Asistencia La Janda, que presentó una oferta por 920.287,05 euros. Pero hubo un error en la ubicación de la finca y la mesa de contratación consideró que la normativa vigente no permitía modificar la oferta presentada, por lo que esta se declaró desierta. La empresa afectada ha recurrido y habrá que esperar a la resolución del recurso. Al respecto, la Administración andaluza indicó ayer que trabaja para que, una vez que se resuelva la reclamación, poder llevar a cabo un nuevo concurso público “siempre que el recurso sea revocado”.

El problema de los depósitos judiciales viene de lejos. En mayo de 2018 el mayor depósito judicial de la comarca anunció que echaba el cierre por problemas con la Junta de Andalucía. Desde el año 2009, Grúas Sur Europa había acumulado más de 3.500 vehículos y unas 1.000 embarcaciones incautadas en operaciones contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales y se encontró con un grave problema porque la Administración no reconocía a esta empresa como depositaria judicial y le reclamaba una deuda millonaria. Y desde hace una semana este depósito está abandonado porque se cumplió el contrato que la empresa tenía con Red Logística de Andalucía, dependiente de la Consejería de Fomento, propietaria del recinto, y no se permite el paso a los gestores de la empresa. Estas instalaciones han sido objeto de robo en varias ocasiones y ahora, sin nadie a su cargo, se pueden multiplicar.

Sobre la situación de este depósito, la Junta señala que se trata de “un problema enquistado por el anterior ejecutivo socialista que nos hemos encontrado y trabajamos para solucionar a pesar de las dificultades que conlleva”. En cuanto a la reclamación de una deuda millonaria por parte del empresario, la Administración autonómica explica que se trata de un terreno de la Junta “que ha estado gestionado por un particular al que Red Logística de Andalucía le reclama que abandone la zona porque desde marzo de 2017 no tiene contrato para seguir usando ese terreno”. Además, se le reclama una deuda pendiente de casi 15.000 euros. “La Consejería de Justicia no tiene ningún contrato vinculante con esta persona que le obligue a los pagos que reclama. Como sí ocurre con otros particulares de otras provincias sí existe un contrato”, indica la Junta.

También señala el Gobierno andaluz que la Consejería de Justicia solo está obligada a abonar las cantidades por el depósito cuando así lo establezca la autoridad judicial por sentencia. Este extremo es el más complicado para los depositarios porque a la hora de obtener una copia del auto en el que se acredite que la sentencia es firme, los depositarios no saben qué juzgado la ha emitido y si efectivamente es firme. Para poder reclamar el pago de los servicios a la Junta, las empresas deben adjuntar una copia del auto en el que se que acredite que la decisión ha sido acordada por un órgano judicial. El pago únicamente se hace efectivo en cuatro supuestos: absolución del procesado, sobreseimiento de la causa, declaración en rebeldía o insolvencia del condenado en costas.

La Junta también aclara que no tiene competencias sobre las narcolanchas y afirma que solo las tiene sobre los vehículos. “Además, el Gobierno creó la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, cuya función es auxiliar a los órganos judiciales y Fiscalías en la localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y en el de los delitos económicos más graves”, detalla.

Mientras la comarca carece de un depósito judicial, coches y narcolanchas colapsan comisarías, cuarteles y el Puerto de Algeciras, según denunciaron AUGC, SUP, SIAT y asociaciones contra la droga del Campo de Gibraltar, encuadrados en la Plataforma Por tu Seguridad por la de Todos.