El pasado mes de octubre, el Tribunal Supremo confirmaba una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Algeciras y la empresa Nautagest (propietaria del parking Escalinata) al pago de una indemnización a los vecinos del edificio del mismo nombre por los gastos sufridos al tener que abandonar sus viviendas, declaradas en ruina debido a los daños causados durante la construcción del aparcamiento. Dos meses después, y tras reclamar los propietarios la ejecución forzosa de la sentencia, el juzgado de lo Contencioso que la dictó reclama al Consistorio que explique qué actuaciones ha llevado a cabo para cumplir con su dictamen, al no haberse pagado aún cantidad alguna a los demandantes.

La resolución definitiva de una de las múltiples líneas judiciales abiertas por la construcción del parking en lo que antaño fuera la recordada Escalinata se demora. Los propietarios del edificio en ruinas recibieron una primera indemnización de 1,5 millones de euros por el deterioro estructural de su bloque, pagada por la aseguradora de la constructora, Mapfre. Pero habían reclamado también otra cantidad tanto por gastos de la comunidad de propietarios como por gastos individuales causados por tener que dejar sus viviendas, como realojo, mudanzas, abogados o informes técnicos, además de reclamar daños morales. El juzgado de primera instancia les dio la razón, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó el dictamen y en octubre el Supremo desestimó el recurso presentado por el Ayuntamiento de Algeciras, considerando a este y Nautagest responsables solidarios de los daños y obligándolos a pagar una compensación.

Transcurridos dos meses desde ese dictamen del Supremo, que daba firmeza a la sentencia, los vecinos han acudido al juzgado para reclamar la ejecución forzosa de la misma. Y este ha emitido una diligencia en la que ordena al Consistorio que informe en el plazo de diez días sobre las actuaciones realizadas para cumplir con lo dictaminado en los tribunales, remitiendo copia de las mismas. Pero además, reclama que se le informe de cuál es el órgano encargado de la ejecución, es decir, que se apunte a un responsable concreto de la misma. Contra la decisión judicial cabe recurso de reposición.

El pago de esta indemnización había generado polémica en el Ayuntamiento, como todo lo relacionado con el caso Escalinata. A falta de fijar la cuantía definitiva, los propietarios del edificio calculan que con los intereses de demora podría quedarse entre un millón y un millón y medio de euros; el Consistorio rebaja esa cantidad a medio millón compartido con Nautagest. Y asegura que será sufragada por su aseguradora, aunque esta ya negó en otra de las ramas del procedimiento (en la que están imputados dos ex alcaldes socialistas, un concejal andalucista y el arquitecto municipal) que la responsabilidad civil que se exigía estuviese incluida en las coberturas de la póliza contratada.

El montante a recibir supondría un alivio para los vecinos del edificio Escalinata, que tienen que afrontar ahora el abono del derribo de lo que fueran sus viviendas. Aunque este proceso también se demora, ya que, según explica el ex presidente de la comunidad de propietarios, Emilio García-Sosa, "el Ayuntamiento ni siquiera nos contesta al escrito que presentamos".

En el mes de agosto el teniente de alcalde delegado de Urbanismo dictó un decreto en el que reclamaba a los vecinos la demolición del inmueble, también pendiente desde hace años. La comunidad presentó un escrito en el que declaraba su intención de derribarlo antes del 9 de febrero de 2018, pidiendo una ampliación del plazo establecido en ese decreto y anunciando que se seguiría el proyecto técnico ya presentado en 2008. Además, la comunidad consideraba que no era necesario pagar una nueva licencia de demolición al tratarse de un cumplimiento de un decreto, como tampoco el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras ni la tasa por otorgamiento de licencia urbanística. Los vecinos también se ofrecían a negociar una demolición conjunta con la del parking (que tiene que acometer el Ayuntamiento por sentencia judicial) y reclamaban que se decrete el precinto inmediato del aparcamiento. Estas reclamaciones carecen de respuesta por ahora.