Un juzgado archiva la denuncia del Ayuntamiento de Algeciras contra una funcionaria y apunta que sufrió presiones

El Juzgado de Instrucción nº 4 de Algeciras ha acordado el sobreseimiento y archivo de la causa penal iniciada por el Ayuntamiento de la ciudad contra una psicóloga municipal que intervino como colaboradora técnica en las últimas oposiciones de acceso a la Policía Local, celebradas en 2022. La jueza titular Marta Pérez-Rubio concluye que no solo no existe indicio alguno de criminalidad en la actuación profesional de la denunciada, María Victoria del Águila, sino que esta llevó a cabo su labor "bajo la mirada y presión [...] por parte de los miembros del tribunal calificador y de miembros del Ayuntamiento".

El gobierno local de Algeciras presentó su denuncia contra la psicóloga en 2025 por presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa, basándose en una supuesta alteración arbitraria de los criterios de evaluación psicológica en las pruebas de acceso al cuerpo policial. El auto de sobreseimiento, según informaron este martes fuentes oficiales del Ayuntamiento, "está siendo estudiado por los servicios jurídicos municipales para fundamentar el recurso que se va a presentar contra esta decisión judicial".

La jueza concluye en su auto que tanto la denunciada como una compañera suya -sobre la que se amplió la investigación por haber participado también como psicóloga en las oposiciones- actuaron conforme a ley, como se desprende de las diligencias de investigación practicadas y oído el testimonio de las dos.

"Ambas investigadas han puesto de relieve que ejecutaron las instrucciones precisas, poniendo además de relieve doña María Victoria del Águila las presiones sufridas en el marco de dicho procedimientos selectivo, siendo ambas investigadas quienes, de común acuerdo, efectuaron su evaluación en el mismo", apunta el auto judicial.

La juez pone de relieve que, una vez que la otra investigada se retractó de sus evaluaciones en los exámenes, obtuvo "plaza fija en el Ayuntamiento o departamento dependiente de aquél, existiendo sospecha de un premio por la retractación realizada frente a la también investigada María Victoria del Águila".

La instructora subraya que el gobierno local algecireño interpuso denuncia "únicamente frente a María Victoria (habiendo sido ampliada a instancia de la misma contra la otras investigada al haber participado de forma igual el procedimiento selectivo)".

"Por lo expuesto", añade el auto, "podemos concluir que no existen indicios de criminalidad frente a las investigadas, quienes soportaron un proceso selectivo bajo la mirada y presión que consta en auto por parte de los miembros del tribunal calificador y de miembros del Ayuntamiento".

"Copias manipuladas"

La defensa de Del Águila, ejercida por el abogado Ignacio de Castro, mantiene que la intención final de los responsables del Ayuntamiento fue "recalificar como aptos a determinados aspirantes no aptos en tal prueba psicológica" y que, en su denuncia ante el juzgado, el gobierno local "incluso aportó copias manipuladas, eliminando textos y páginas, del manual que establecía las pautas de interpretación de los resultados de las pruebas".

La psicóloga que sustituyó a la denunciada, tras el cese decretado por Alcaldía, añade la defensa, recibió un cambio de traslado a los pocos días de terminar su reevaluación, donde calificaba como aptas a dos aspirantes que la denunciada consideró no aptas. Dicha psicóloga había solicitado ese traslado casi tres años antes sin éxito, pero tan solo lo logró una vez se consumó la recalificación.

De Castro subraya que el archivo judicial "no solo restablece el honor profesional de mi clienta, sino que pone de manifiesto un contexto mucho más amplio de presiones, represalias e irregularidades administrativas que nunca fueron investigadas por la Alcaldía y que afectan al conjunto del proceso selectivo".

Según esta versión, la psicóloga ahora exonareda "había denunciado de manera reiterada y por escrito a la Alcaldía de Algeciras las presiones sufridas para modificar dictámenes técnicos y recalificar como aptos a determinados aspirantes inicialmente declarados no aptos, manteniendo siempre un criterio estrictamente profesional, no accediendo a tal pretensión". "Estas denuncias internas, formuladas tanto por escrito como mediante burofax, no fueron tramitadas por el Ayuntamiento, ni se activaron los protocolos municipales frente al acoso laboral, ni se abrió investigación alguna", añade.

“Quiero dejar constancia por escrito de las irregularidades, así como de las amenazas, presiones y chantajes que he presenciado y sufrido durante la realización de la fase de pruebas psicotécnicas en la convocatoria de la Policía Local del Ayuntamiento de Algeciras", indicó la afectada en uno de sus escritos al regidor algecireño.

A pesar de todo ello, se produjo su cese como colaboradora técnica, "decidido por un tribunal calificador sin conocimientos especializados en Psicología, que prescindió del criterio técnico profesional sin consulta previa, pese a haber validado inicialmente los informes psicológicos ahora cuestionados, mediante su aprobación primero provisional y luego incluso definitiva (que luego anuló de manera irregular)".

Tras el cese de la psicóloga, mantiene la defensa, "el tribunal de las oposiciones no anuló la prueba psicotécnica, lo que habría sido coherente si se hubiera considerado viciada de origen. En su lugar, se acordó una simple reevaluación parcial de los no aptos que terminó derivando en una situación: dos aspirantes concretas fueron examinadas en dos ocasiones, realizando una segunda entrevista psicológica, mientras el resto de opositores solo fue evaluado una vez". La defensa considera por ello que "se vulneraron frontalmente los principios de igualdad, mérito y capacidad, al conceder dobles oportunidades selectivas sin cobertura normativa".

La defensa subraya que una de las aspirantes "recalificada de no apta a apta" ya había sido declarada no apta psicológicamente por otros tribunales de oposición en distintos municipios, circunstancia documentada y conocida, lo que refuerza la corrección del criterio inicialmente aplicado por las psicólogas cesadas y cuestiona la recalificación posterior. "Sobre tal aspirante se centraron las principales presiones padecidas por las psicólogas", asegura de Castro.

"Un proceso transparente"

"Los ciudadanos pueden estar tranquilos, que ha sido un proceso selectivo tranquilo, transparente. Estamos contentos y satisfechos de cómo ha terminado el proceso", aseguró en noviembre de 2023 el teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana y Personal de Algeciras, Jacinto Muñoz Madrid, quien mostró su "apoyo a todas las decisiones del tribunal", incluso después de la denuncia presentada el pasado 20 de marzo por la psicóloga aludida ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF), la cual, a su vez, las trasladó a la Fiscalía Anticorrupción.