La denuncia por las oposiciones de la Policía local de Algeciras llega a la Fiscalía Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción de Algeciras tiene sobre la mesa la denuncia presentada por una empleada del Ayuntamiento de Algeciras, una psicóloga, por la presunta existencia de delito en el proceso de pruebas selectivas llevado a cabo para acceder al cuerpo de la Policía Local de la ciudad.

La denuncia fue presentada el pasado 20 de marzo por la citada empleada municipal ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) por la existencia, a su juicio, de una serie de hechos cuya gravedad, de ser ciertos, ponen en tela de juicio el ajuste a la legalidad de las oposiciones por las que se han adjudicado 63 nuevas plazas de agentes de la Policía Local. De ellos, 55 tomaron posesión este jueves de sus puestos en un acto público celebrado en el Teatro Florida.

La denunciante, en su condición de psicóloga y con contrato de personal laboral en el Ayuntamiento, había sido la asesora responsable -junto a una compañera de profesión que también forma parte de la plantilla municipal- de realizar el 1 de septiembre de 2022 las pruebas psicotécnicas correspondientes a la fase de oposición de la convocatoria mencionada, y en días posteriores, las entrevistas personales a los distintos aspirantes. Una vez evaluadas las pruebas, sus resultados llevaron a las dos psicólogas a determinar que varios aspirantes, que ya habían aprobado el examen teórico, fueran considerados “no aptos” para el desempeño de responsabilidades como policías locales.

Este hecho tuvo como consecuencia las presentación de varias reclamaciones por parte de algunos de los opositores a policía y la denuncia de una de las candidatas a ingresar en el cuerpo, todo ello en medio de una fuerte marejada interna en el Ayuntamiento y de presiones hacia las dos profesionales. En juego estaban 51 plazas en la Policía Local por oposición libre y 12 reservadas al sistema de movilidad sin ascenso, por concurso de méritos.

Destituidas tres meses más tarde

La marejada tuvo su desenlace provisional el 7 de diciembre, cuando el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, acordó por decreto -previa petición unánime del tribunal- la destitución de las dos psicólogas como asesoras del tribunal, la apertura de sendos expedientes disciplinarios -con posibilidad de ver rescindida su relación laboral con el Consistorio- y el nombramiento de una nueva psicóloga, también empleada municipal y en funciones de “colaboradora técnica”, a fin de que evaluase de nuevo los test psicotécnicos, pero únicamente los realizados por los aspirantes que habían sido evaluados como “no aptos”.

El resultado de esta revisión de los exámenes fue que dos de los aspirantes a policías locales que habían obtenido en un principio la calificación de “no apto” pasaron a lograr la de “apto” tras la decisión del gobierno local algecireño.

Las dos psicólogas destituidas ya habían participado en otros procesos selectivos llevados a cabo por el Ayuntamiento de Algeciras sin que se produjese anomalía alguna.

Denuncia ante la OFFA

Fue esta sucesión de hechos lo que empujó a una de las psicólogas expedientadas a redactar la citada denuncia y presentarla ante la OFFA, órgano independiente de extracción del Parlamento de Andalucía y creado en junio de 2021 por el entonces Gobierno del PP y Cs. Su director es el magistrado Ricardo Puyol, conocido por su labor como instructor de casos de corrupción en la Costa del Sol.

El prolijo contenido del relato de la psicóloga, acompañado de abundante documentación, fechas y datos, fue estudiado por los responsables de la OFFA, que llegaron a la conclusión de que la gravedad de lo descrito, sin entrar a prejuzgarlo ni darle validez, escapaba a su competencia por describir hechos de naturaleza claramente delictiva.

A los diez días de haber pasado por el registro de entrada de la OFFA, según un portavoz de esta última consultado por Europa Sur, la denuncia de la psicóloga emprendía el 30 de marzo el camino de vuelta a Algeciras con destino a la Fiscalía Anticorrupción con sede en la ciudad. Fuentes de esta última han confirmado que la documentación está siendo analizada aún sin que se haya tomado una decisión sobre abrir o no diligencias de investigación al respecto.

La OFFA tomó también la decisión de dictar una orden de protección sobre la psicóloga para evitar cualquier tipo de represalia por parte del Ayuntamiento como consecuencia de su denuncia. Dicha orden obligó al gobierno municipal a paralizar la tramitación del expediente disciplinario sobre la trabajadora.

Los intentos llevados a cabo por esta redacción para conocer de Jacinto Muñoz, teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Algeciras, su versión sobre los hechos denunciados han sido infructuosos.