La psicóloga denunció “amenazas y chantajes” en las oposiciones a la Policía Local de Algeciras

“Quiero dejar constancia por escrito de las irregularidades, así como de las amenazas, presiones y chantajes que he presenciado y sufrido durante la realización de la fase de pruebas psicotécnicas en la convocatoria de la Policía Local del Ayuntamiento de Algeciras”. Con esta aseveración encabezaba un burofax, dirigido al alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, una de las dos psicólogas destituidas como técnico del tribunal encargado de evaluar a los aspirantes a formar parte de la plantilla de agentes de la Policía Local de la ciudad.

El escrito, con entrada de registro en el Ayuntamiento el 16 de diciembre de 2022 y al que a tenido acceso Europa Sur, se entregó tan solo días después de que el regidor hubiera firmado, el día 7 de ese mismo mes, el decreto de cese de las psicólogas a petición de los miembros del tribunal de las oposiciones.

La citada psicóloga, con contrato de personal laboral en el Ayuntamiento, asegura en su escrito que era la segunda vez que participaba en un proceso selectivo de personal similar -el primero fue en 2019 y sin anomalía alguna- y mantiene que puso previamente como condición que las pruebas psicológicas se harían a todos los candidatos porque “no trabajo con listas cerradas […] ni listas por adelantado”.

En junio de 2022, según su relato, aceptó “convencida de que las condiciones de transparencia, libertad y objetividad con las que había realizado el procedimiento anterior serían las mismas”, indica. “Desgraciadamente”, añade, “no ha sido así, este procedimiento ha sido contaminado desde el inicio de mi participación como técnico, vulnerando los derechos de confidencialidad y secreto profesional que mi nombramiento me requiere”.

La psicóloga advertía en su escrito al alcalde que “por el momento no voy a decir nombres de las personas que me han presionado ni amenazado, ni de las personas que han contaminado el procedimiento diciendo por adelantado candidatos/as que tenían que ser aptos o candidatos/as que debían ser excluidos”, si bien dejó constancia expresa de seis candidatos y candidatas “que han estado sobre la mesa desde antes de empezar la fase de entrevistas, para que fueran favorecidos y declarados aptos”.

Irregularidades

En la relación de las supuestas irregularidades cometidas durante todo el procedimiento, la psicóloga revelaba que el tribunal de las oposiciones rechazó en una reunión el 20 de octubre dos informes que advertían que uno de los candidatos podía “desencadenar algún trastorno mental” y emplazó a las dos psicólogas “a entregar solamente el listado de aptos y no aptos sin entrar en valorar nuestros criterios”.

El 17 de noviembre de 2022, según el mismo relato y tras la denuncia de una de las opositoras excluidas, el tribunal le comunicó su relevo y el de su compañera “a la vista de unos criterios que no coinciden con los expuestos en el manual de las pruebas” y que iba a proponer “la apertura de expediente disciplinario”. El cese de ambas y el proceso de nombramiento de un nuevo psicólogo se comunicó el 2 de diciembre en el tablón de anuncios de la Sede electrónica del Ayuntamiento, si bien el decreto de la Alcaldía fue firmado el 7 de diciembre.

“Habría de preguntarse cómo el tribunal puede entender que el trabajo está mal hecho, si ni siquiera tiene acceso a las notas de la entrevista, menos aún a la propia entrevista psicológica, que ni siquiera fue grabada o pública. Y además, ¿cómo podrá otra psicóloga evaluar a los candidatos, si no ha estado presente en tales entrevistas y, por tanto, no puede emitir unas conclusiones basadas en las mismas?”, se interroga en otro punto la psicóloga.

Otra pregunta que deja en el aire es por qué, si el tribunal y el Ayuntamiento “consideran que tal trabajo está mal hecho (sin ningún dato objetivo que pueda corroborarlo), la anulación de la prueba no se extiende a los aptos, sino solamente a los no aptos”.

“También habríamos de cuestionar que se me haya cesado”, subraya, sin que el tribunal “me haya dado la oportunidad de alegar lo que correspondiese. Claro está, tales alegaciones constarían en el expediente (y se destaparía lo que está sucediendo), lo cual puede luego ser conocido por cualquier aspirante que pida copia del mismo, si quiere recurrir ante los Juzgados y Tribunales, su exclusión”.

El escrito de la psicóloga finalizaba con la advertencia de que acudiría a la justicia para defender su “honor, dignidad y profesionalidad” en caso de ser objeto de un expediente disciplinario, ya que no aceptaba “ni presiones ni chantajes”.

Tanto su compañera como ella, sentenciaba, habían realizado su trabajo “con estrictos criterios objetivos profesionales, sin tener interés personal positivo ni negativo en ninguno de los 138 candidatos/as que hemos entrevistado”.