Los graduados sociales mostraron ayer su preocupación por la situación de la Justicia Social en el Campo de Gibraltar. El presidente del Colegio de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández Sánchez, destacó la complejidad de la comarca desde el ámbito social y laboral y reclamó la puesta en marcha simultánea de los dos juzgados.

De los 680 colegiados de la provincia, más de 50 operan en las localidades de la comarca, enfrentándose día a día a lo que José Blas Fernández Sánchez califica como una "situación alarmante".

José Blas Fernández Sánchez reclama una sede para el Juzgado número 2

"Esta comarca es especialmente compleja desde el ámbito social y laboral, porque se unen varias circunstancias. La primera, la alta densidad industrial, que genera un enorme ecosistema de pequeñas y medianas empresas auxiliares, con multiplicidad de fórmulas de contratación, convenios, tipologías de servicios y jornadas", explica Fernández Sánchez. Igualmente, "hay un entramado de pymes que prestan servicios a sectores como el turístico y, muy especialmente, al logístico, con altas tasas de empleabilidad de extranjeros", agrega. "Todo ello, unido a la presencia de fronteras Schengen en Algeciras y Tarifa, y la del Peñón, así como la cercanía de Ceuta, dibujan un mapa de necesidades laborales y sociales tremendamente complejas, que no se acompañan de los recursos adecuados en materia judicial especializada".

El presidente del colegio alerta sobre la situación de "parálisis total de los juzgados de lo Social en Algeciras", que es "insostenible" y aboca a "una comarca entera a estar sin Justicia Social". Según explica, la titular del Juzgado número 2 de lo Social en Algeciras, María Teresa Vidaurreta Porrero sigue, desde su nombramiento en diciembre pasado, sin disponer de una sede propia donde poder desarrollar su trabajo, a pesar de que el Ayuntamiento de Algeciras ya ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía unas instalaciones municipales, que deben reacondicionarse.