El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha notificado este martes al concejal socialista Fernando Silva su resolución con respecto a la reclamación interpuesta el pasado 13 de junio contra el Ayuntamiento de Algeciras, en nombre del grupo municipal socialista, por denegación de información pública. La resolución concede al Consistorio un plazo de 10 días para aportar la información requerida.

Además, en la resolución se insta a la entidad reclamada (el Ayuntamiento) “a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas”.

El texto de la resolución enumera las distintas peticiones de información registradas por Silva sobre diversos asuntos, en representación del grupo socialista, el 4 de marzo de 2021, el 5 de mayo de ese mismo año, el 1 de junio, el 21 y el 26 de julio, el 10 de octubre, el 30 de noviembre, el 14 de diciembre, el 20 de abril de 2022 y el 29 de junio de este mismo año.

El Consejo de Transparencia de Andalucía recuerda que el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local (LRBRL), establece que “el plazo máximo de resolución de las solicitudes presentadas por los miembros de las Corporaciones locales será de cinco días naturales a partir del día siguiente al que se hubiera presentado”. Y establece también que la reclamación del Partido Socialista fue presentada en plazo, una vez constatado el “silencio administrativo” por parte del Ayuntamiento.

El Consejo de Transparencia advierte que “la entidad reclamada no ha contestado al requerimiento de informe y expediente desde que le fue solicitado por este Consejo”. A este respecto, considera “oportuno recordar que la falta de colaboración en la tramitación de la reclamación puede igualmente resultar constitutiva de infracción, según prevé el citado régimen sancionador”. El texto confirma que “fue solicitada a la entidad reclamante (el Ayuntamiento) la citada documentación e informe y, hasta la fecha, no consta que haya tenido entrada en este Consejo”.

La resolución recuerda que el ya mencionado artículo 77 LBRL establece que “todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función”.

Además, recuerda que el artículo 15 del ROF establece que “los servicios administrativos locales estarán obligados a facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite estar autorizado” en distintos casos, como “cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación, a la información y documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal”, y también “cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o documentación de la entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos”.

La secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, ha valorado positivamente la citada resolución y ha recordado que, tal y como consta en el mismo texto, con ella se pone fin al procedimiento administrativo.

“El Consejo viene a corroborar que estamos ante un gobierno falto de transparencia, qué intereses mueven al señor Landaluce y su equipo no lo sabemos, pero desde luego no son los intereses de los ciudadanos”, ha advertido Arrabal, que ha lamentado, una vez más, que estos hechos se produzcan en “una ciudad falta de servicios públicos y de transparencia, y con un gobierno al que no le interesa que los ciudadanos conozcan sus intenciones reales, y por eso, o no da la información, o la da tarde y parcial”.