El PSOE Algeciras ha registrado este lunes en el Ayuntamiento una petición para que se reúna, en un plazo de 15 días, la comisión de seguimiento del alcalde, José Ignacio Landaluce, con el fin de pedirle explicaciones sobre las presuntas irregularidades económicas de Algesa entre los años 2017 y 2020, la reciente tala de árboles en el Parque María Cristina y el estado de ejecución del Presupuesto del año en curso.

Cuestionada por Europa Sur sobre si plantean solicitar una comisión de investigación por las presuntas irregularidades en la contabilidad de la empresa municipal de limpieza, la secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, ha respondido que "en función de las explicaciones que aporte el alcalde en la comisión de seguimiento, iremos avanzando en una serie de pasos hasta que todo se esclarezca".

Previamente, Arrabal había mostrado "su inquietud" después de que el Tribunal de Cuentas haya encontrado "indicios suficientes" de que se ha producido una desviación presupuestaria de fondos públicos entre el Ayuntamiento algecireño y Algesa. "Estamos hablando de más de 4 millones de euros de los fondos públicos de los que, a día de hoy, no se sabe a qué fueron destinados, porque, según admite el Tribunal de Cuentas, no fueron debidamente justificados”, ha advertido Arrabal durante una rueda de prensa celebrada este lunes en la sede de su partido. “¿Por qué no consta en la contabilidad del Ayuntamiento en qué se ha gastado el señor Landaluce 4 millones de euros transferidos a Algesa? Una cantidad considerable de dinero de la que, según el Tribunal de Cuentas, no hay constancia contable, ni facturas ni informes”, ha denunciado Arrabal.

La parlamentaria andaluza ha recordado que, antes de que se dictara esta resolución por parte del Tribunal de Cuentas, Landaluce tuvo la oportunidad de presentar pruebas pertinentes, "y aún así continúa la investigación", nombrándose ahora un instructor. “Las alegaciones presentadas tanto por el Ayuntamiento como por Algesa dan pie a que continúe la investigación, lo que quiere decir que no han sido capaces de justificar en qué se han gastado ese dinero”.

"No queremos ni pensar que la empresa pública de limpieza haya sido utilizada como un chiringuito para saltarse los controles legales”, ha comentado durante la rueda la secretaria local del PSOE, en la que ha recordado la situación de “suciedad y abandono” en que se encuentra buena parte de la ciudad.

A espaldas del Consejo de Administración 

El portavoz del grupo municipal socialista, Fran Fernández, ha lamentado durante su comparecencia “la falta de transparencia y el oscurantismo” del equipo de gobierno municipal y ha criticado que todo esto haya ocurrido “a espaldas del Consejo de Administración de Algesa y de la propia ciudadanía”.

Los dirigentes socialistas lamentan que el teniente de alcalde Jacinto Muñoz haya declarado que los partidos políticos de la oposición estaban al corriente de la situación. “En estos años, los socialistas siempre hemos manifestado no estar conformes con las cuentas de Algesa y así ha quedado recogido en las actas de los distintos consejos que se han celebrado”, ha advertido Fernández.

“La posición del grupo municipal socialista entre 2015 y la actualidad, ante la presentación de cuentas de la empresa pública de limpieza, siempre ha sido la misma: firma obligada como consejeros y expresión literal y verbal de ‘no conformes’ con las cuentas de Algesa”, ha añadido el portavoz municipal.

Fernández ha criticado que desde el equipo de gobierno hable de transparencia, cuando el viernes, antes del pleno, hubo una Junta General de Algesa para el cambio de dos consejeros, y “el alcalde, que tiene la estimación de ese recurso del Tribunal de Cuentas desde el jueves, como mínimo, no fue capaz de introducir por urgencia ese punto para dar cuentas, a ver si así podía evitar que esto saliera a la luz”.

Además de exigir a Landaluce que aporte “hasta el último ticket que pueda estar ocultando”, el PSOE de Algeciras afirma que, de confirmarse que pueda haber existido menoscabo para los caudales municipales, no se descarta la adopción de medidas de índole judicial.