La defensa de Yassine Kanjaa, el presunto yihadista acusado de matar al sacristán de la Iglesia de la Palma de Algeciras, Diego Valencia, y de herir a otras dos personas en enero de 2023, ha vuelto a alegar este jueves que su patología mental hace "incompatible" la comisión de un delito de terrorismo. Por ello, ha solicitado que el caso salga de la Audiencia Nacional y sea juzgado por un tribunal popular (tribunal del jurado).

Un argumento que ya ha esgrimido sin éxito en diferentes ocasiones a lo largo del procedimiento y que este jueves ha vuelto a defender en la vista de previo pronunciamiento (similar a unas cuestiones previas) que ha celebrado la Audiencia Nacional.

Tanto la Fiscalía como el resto de acusaciones han rechazado el planteamiento de la defensa y han defendido sus tesis de que los hechos encajan en delitos de terrorismo que debe ser valorados por este tribunal en el futuro juicio.

El Ministerio Fiscal pide 50 años de cárcel para el acusado por el asesinato del sacristán y por herir gravemente con un machete al sacerdote Antonio Rodríguez, que falleció meses después, el 25 de enero de 2023, hechos por los que le acusa de un delito de asesinato terrorista, otro en grado de tentativa y otro de lesiones terroristas. La familia de Diego Valencia, que ejerce la acusación particular, solicita 25 años de cárcel por atentado terrorista.

Otras acusaciones como la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT) o Dignidad y Justicia elevan sus peticiones a 58 y 65 años de cárcel, respectivamente, por delitos de terrorismo. El partido Vox solicitó incluso la prisión permanente revisable. 

El acusado, de 26 años y nacionalidad marroquí, se encuentra ingresado en un centro psiquiátrico penitenciario de forma preventiva y se ha sometido a diferentes exámenes psiquiátricos que han apuntado la posibilidad de esquizofrenia en diversos grados.

Desde prácticamente el inicio de la causa, la defensa de Kanjaa ha planteado que la afectación en sus "capacidades intelectivas y volutivas" impide apreciar que la intención y finalidad del acusado fuese cometer un atentado terrorista, por lo que considera que su caso debería enjuiciarse por un jurado popular en la Audiencia de Cádiz. Según su tesis, "el estado mental del acusado hace incompatible que se den los elementos de un delito de terrorismo" como la intencionalidad.

Sobre esta visión han discrepado todas las acusaciones: desde el fiscal hasta la acusación particular de la familia del sacristán -que ha incidido en que este asunto ya fue denegado por la Audiencia Nacional- y otras como el Obispado de Cádiz y Ceuta o asociaciones de víctimas del terrorismo.

Según el fiscal Emilio Miró, "no es descabellado pensar que el ataque se cometió de forma ordenada y secuencial" y debe ser el tribunal que le juzgue quien determine cuál es la "afectación de sus facultades", algo sobre lo que, en este momento, "no puede establecerse ninguna conclusión".

"Es imprescindible escuchar a los peritos" que han elaborado los informes, ha destacado el fiscal, en tanto que otras acusaciones han sostenido que si la causa se va a Cádiz se vulnerarían los derechos de las víctimas al no poder acusar de terrorismo y han compartido que todavía debe determinarse si las capacidades del acusado estaban "anuladas o afectadas".

La defensa plantea que se contemple "la patología mental" como eximente completa, si bien la Fiscalía y otras acusaciones plantean atenuantes de anomalía o alteración psíquica.