El Gobierno prepara la antigua cárcel de La Piñera, en Algeciras, para reabrirla en breve de nuevo como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Al margen de la construcción de un nuevo edificio sobre una parcela de 20.000 metros cuadrados en la zona de Botafuegos, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), dependiente de los ministerios de Hacienda e Interior, ha invertido 737.620 euros en una profunda reforma que comenzó al principio del verano y que derivará -según la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, “cuando estén operativas”- en la reapertura de las polémicas instalaciones, que albergan a ciudadanos que tienen un expediente sancionador para su expulsión del territorio español. Es decir, en su mayoría, marroquíes y argelinos que cruzan el Estrecho en precarias embarcaciones en busca de una nueva vida en suelo europeo.

Después de que la declaración del estado de alarma a mediados del pasado mes de marzo obligara a suspender el proceso de licitación de la reforma, esta se retomó el 15 de abril. Las obras las ejecuta la empresa Díaz Cubero en un CIE que quedó vacío también durante la cuarentena de la crisis del coronavirus. El cierre de fronteras obligó a vaciar todos los centros de España (hay 8) en un proceso que culminó 6 de mayo, día en el que ya no quedó ningún interno ingresado en estas instalaciones policiales de carácter no penitenciario. Los últimos migrantes en salir de los CIE fueron dos personas, precisamente, en el de Algeciras. La ley permite mantener a las personas pendientes de repatriación dentro de estos edificios un máximo de 60 días. Si en este plazo no han sido devueltos a sus países de origen, deben quedar en libertad. Con las fronteras cerradas, al Gobierno se vio obligado a dejarlos en la calle.

La Policía Nacional ordenó a finales de septiembre la progresiva reapertura de todos los centros de internamiento de extranjeros de España. El de Algeciras ya estaba en obras. Ordenó también que la Unidad Central de Repatriaciones realizara las "gestiones oportunas con los consulados de los países de origen para poder materializar las expulsiones", solicitando por parte de las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras que se comunicara vía telefónica el primer internamiento efectivo en cada CIE.

La noticia se encontró con la oposición de 134 asociaciones de toda España, que firmaron un comunicado conjunto en el que afirmaban que el hecho de que hubieran estado cerrados durante el estado de alarma demostraba que los centros son “innecesarios”. Entre las organizaciones que mostraron su disconformidad con la medida se encontraba el Servicio Jesuita a Migrantes en España, que lleva años denunciando que el CIE de Algeciras, entre otros, es un lugar que "dista de ser un lugar con garantía de derechos y condiciones de vida digna".

La jueza encargada y el Defensor del Pueblo llevan años reclamando arreglos en el edificio

A principios de 2017, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras, con funciones de control jurisdiccional del CIE, Belén Barranco, denunció en un auto las graves deficiencias de las instalaciones de Algeciras y de las que dependen de éste en Tarifa, cerradas este verano para siempre. La jueza había visitado en varias ocasiones lo centros. Un año después, en marzo de 2018, Barranco advirtió al Ministerio de Interior en un auto de que no llevar a cabo las reformas podría hacerle incurrir en un delito de desobediencia. El Defensor del Pueblo denuncia en un informe cada año desde hace varios las condiciones del edificio de La Piñera, que "por razones estructurales, no reúne las condiciones adecuadas para la estancia internos". Según el informe , "las habitaciones de los internos presentan un alto grado de suciedad y de falta de mantenimiento", asegura, antes de afirmar que que los internos deben lavar a mano su ropa en las pilas existentes en el patio y tenderla, bien en las ventanas de las habitaciones, bien en el propio patio. El informe resalta que el espacio de ocio está cerrado y critica que el personal sanitario no remita los partes de lesiones directamente a la autoridad judicial, a la par que no se cumplimentan los libros de registro.

La reforma del CIE de Algeciras consiste, según se lee en el proyecto que ejecuta Díaz Cubero, en la adecuación de varias zonas y dependencias del módulo de mujeres, para sala de estar, televisión y usos múltiples. También la zona de ingresos, de comedores y nuevas zonas de ocio y estar de internos, además de aportar el equipamiento necesario para las habitaciones de internos, salas de estar y patios de internos: colchones, almohadas, sillas, mesas, bancadas, estanterías… También reformar los aseos interiores de las habitaciones de internos, instalación de extracción en mismos, pintado de las habitaciones, incluso arreglo y pintado de literas. Además, los operarios eliminan las chapas, mallazos tipo Tramex y rejas de las ventanas de las habitaciones y sustitución por ventanas custodio. Pintan toda la cerrajería y rejas y sustituyen las mallas oxidadas. Adecuan los patios de internos y los locales anexos a los mismos y reforman los aseos y los pasillos de los módulos. Crean esclusas de acceso a las habitaciones y reemplazan las puertas por rastrillos de apertura automatizada, además de instalar un sistema de seguridad perimetral con la instalación de equipos de control y vigilancia exterior, mejorar la megafonía de interfonía del centro y actualizar la protección contra-incendios y los equipos de extinción. Por último reparan la instalación de baja tensión eléctrica e instalan calefacción.

En los Presupuestos Generales del Estado el nuevo centro de internamiento de extranjeros cuenta con partida de obra para 2021, 9,8 millones de euros de los 26,7 en que se calcula su coste; la inversión finalizará en 2024. Mientras tanto se reservan 219.000 euros para mejoras en el CIE de Algeciras y hay una partida que destaca tras haberse anunciado el cierre definitivo del CIE de Tarifa: 316.000 euros a ejecutar en 2023 en mejoras en el centro.