Agaden-Ecologistas en Acción alerta sobre la construcción de viviendas en zonas inundables de Tarifa

Agaden-Ecologistas en Acción ha alertado sobre la presencia de viviendas y de un camping en zonas inundables de Tarifa, así como sobre el proyecto de construcción de una urbanización en un área anegada junto a la playa de Los Lances. La organización ecologista advierte de los riesgos ambientales y para la seguridad de las personas tras las lluvias registradas en las últimas semanas en el municipio.

Según expone el colectivo, las lluvias han vuelto a poner de manifiesto “una realidad conocida y reiteradamente ignorada por las administraciones competentes”: el descontrol urbanístico que se está produciendo en zonas inundables, especialmente en la vega del río Jara.

Las evidencias observadas tras las precipitaciones, añade Agaden, confirman que muchas de las áreas anegadas corresponden a asentamientos ilegales que continúan creciendo sin que exista constancia de actuaciones eficaces para frenar esta situación. A juicio de la asociación, esta falta de control y planificación “supone un riesgo evidente tanto para el medio ambiente como para la seguridad de las personas”.

Ante este escenario, el colectivo ecologista ha anunciado que notificará formalmente a la Delegación Territorial de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Tarifa las zonas que se han visto inundadas, con el objetivo de que se actúe de manera inmediata y se eviten en el futuro daños materiales y humanos “que podrían llegar a ser irreparables”.

Denuncia ante la Fiscalía

A esta situación, Agaden suma dos casos que considera especialmente preocupantes. Por un lado, el proyecto urbanístico SUO-LI Los Lances, cuyo trazado afecta parcialmente a una zona inundable; y por otro, el camping Río Jara, ubicado en el monte de utilidad pública La Peña, también en un área anegable, y cuya concesión ha sido renovada recientemente por el Ayuntamiento de Tarifa “a pesar de los riesgos conocidos”.

La asociación ecologista advierte además de que, si en el plazo de un mes no recibe constancia oficial de actuaciones concretas y eficaces por parte de las administraciones competentes, trasladará esta situación a la Fiscalía de Medio Ambiente. El objetivo, señala, es que quede constancia de “la grave responsabilidad en la que podrían estar incurriendo las administraciones por su inacción ante un problema sobradamente conocido y documentado”.